El cubano Leonardo Manuel Fernández Otaño hizo pública una queja formal que presentó en febrero pasado contra el periodista oficialista Humberto López, quien expuso a menores de edad en la televisión nacional. Fernández Otaño lamentó que la Fiscalía no ha ofrecido respuesta a su demanda pasados los 60 días reglamentados para la contestación a este tipo de reclamaciones.
Fernández Otaño dio a conocer sus gestiones en Facebook, "movido por los acontecimientos de los últimos días, cuando Humberto López fue nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba".
Su demanda, explicó, "se basa en el uso de la televisión pública para generar odios, empleando menores de edad".
"Bajo ninguna circunstancia este cubano va a permitir que se criminalicen niños y adolescentes, en contra de la legislación vigente. Pues desde los 17 años trabajo para que los que están por venir sean mejores ciudadanos y no voy a permitir que personas como Humberto López destruyan ese tesoro nacional llamado infancia y adolescencia", escribió.
A continuación, compartió su queja, en la que citó los hechos del pasado viernes 19 de febrero de 2021, cuando en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, el ciudadano Humberto López "expuso a dos menores de edad, sometidos a procesos judiciales, violando el derecho a la integridad de los infantes, trasladando al espacio televisivo una función pública de los órganos judiciales y sometiendo al linchamiento mediático a dos menores de edad, violando lo establecido en los protocolos internacionales de cuidado de la infancia y la adolescencia de los cuales la República de Cuba es signataria".
"Con esta actitud no se tuvo en cuenta lo legislado en el Código Penal en su artículo 17.1: 'predominará el propósito de reeducar al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal'", añadió.
De igual modo solicitó que "la Fiscalía aclare y tome las medidas correspondientes sobre las personas que ejecutaron un acto de repudio en el domicilio de la ciudadana Anyell Valdés Cruz radicado en Calle Morales no. 86 entre Finlay y Cisneros Betancourt en el Municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, donde se encontraban dos menores de edad".
Fernández Otaño recordó en su demanda que "la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 48, establece el derecho de todas las personas a ser respetadas en su honor, imagen, voz e identidad personal. De igual modo en su artículo 52 se expresa que el domicilio es inviolable y tal disposición fue violada por los participantes en el acto violento en la residencia de la ciudadana Valdés".
En los dos casos pidió "la estricta observancia del artículo 72 que establece la protección de la niñez y la adolescencia como tarea del Estado".
Sostuvo también que "en este acto de repudio no se respetó la disposición establecida por el Código Penal en su artículo 287.1 que establece: 'el que, fuera de los casos autorizados en la ley, penetre en domicilio ajeno sin la voluntad, expresa o tácita, del morador, o permanezca en él contra su voluntad manifiesta'".
En tal sentido, el ciudadano cubano solicitó que "se proceda inmediatamente a la clausura del espacio conducido por Humberto López, con la consiguiente petición de disculpas públicas por tan mal proceder, así como la instrucción penal de los referidos hechos ante la posibilidad de ser constitutivos de delitos previstos y sancionados en el Código Penal de Cuba".
Tras la publicación de las imágenes de los interrogatorios con los menores de edad, la jurista cubana Laritza Diversent escribió que la divulgación de ese tipo de materiales no debe seguir siendo permitida, pues viola "las garantías del debido proceso".
"Niños, según el derecho internacional, expuestos en la televisión, vestidos de presos y auto inculpándose, sin abogado que les recomiende si deben responder o no a las preguntas que le hace un interrogador que nunca sale en esas imágenes", escribió la directora de Cubalex.
"¿Cuántas presiones o técnicas de torturas tuvieron que soportar para llevarlos a ese punto? ¿Dónde está la Fiscalía, principal órgano garante de la niñez y su obligación de proteger por encima de cualquier cosa el interés superior del niño?", preguntó.
Además, la jurista señaló que "no es casualidad que todos esos niños sean afrodescendientes", lo que dijo "es solo una agravante de estas violaciones, son los perfiles raciales y la mayor expresión del racismo institucionalizado".
En Cuba hace mucho no hay sistema judicial,las leyes son para los cubanos de a pie,,, todos los demas pueden violarlas impunemente una y otra vez y no pasa nada ,,,, Asi es el comunismo Castrista,,,