Los 'expertos' en Cuba sobran

El Decreto-Ley 28 del 5 de marzo del 2021 define una nueva estructura burocrática llamada Consejo Técnico Asesor (CTA) en todos los órganos de la Administración Central del Estado, empresas estatales y órganos locales del Poder Popular. Al mismo tiempo, demuestra la incompetencia de los "expertos" en los consejos técnicos asesores creados en 1983, que no han evitado las erráticas políticas públicas ni el desastre económico y político nacional. Si los políticos cubanos no cambian la política pública económica, civil y jurídica, los expertos sobran. Son los políticos los que eligen a estos últimos, y ese es un problema a resolver en un contexto de dictadura de partido único.

Una revisión de las políticas públicas de los últimos 10 años en Cuba refleja improvisación, inmovilismo e incluso retroceso. Y esto no es responsabilidad de los anteriores expertos, sino de los decisores militares y civiles.

Basta revisar los planes gubernamentales nacionales, sean de la vivienda o de la energía, hidraúlicos o sobre la seguridad alimentaria, la discriminación racial o el programa Adelanto para la mujer, el cronograma de leyes a aprobar por el Parlamento o el funcionamiento del Ministerio de Justicia, para encontrar chapucería, carencia de sustentabilidad técnica, improvisación y ausencia del diagnóstico del punto de partida para anunciar e implementar las políticas públicas vigentes.

Los expertos en Cuba no tienen voz propia porque el sistema de movilidad social y cooptación es por lealtad política y no por competencias, habilidades y experiencia. Así, la subordinación a la política del partido único y de los militares y civiles asociados, hacen disfuncionales a los expertos.

Los puestos de expertos en las instituciones estatales y de Gobierno exigen traicionar competencias y los intereses de la ciudadanía, a cambio de no perder el salario y los precarios privilegios ocultos que distribuye la dictadura. Así sucede con los profesionales en el Tribunal Supremo, la Fiscalía de la República, los tribunales, los ministerios, bancos, la Asamblea Nacional y los medios estatales de difusión.

Sin embargo, si revisamos las propuestas de numerosos economistas, abogados, artistas, periodistas, médicos, arquitectos e ingenieros que no ocupan funciones en las instituciones estatales y gubernamentales, vemos que no han sido tomadas en cuenta durante décadas, se mantienen ocultas y hasta resultan reprimidas.

Dejar de ser una República fallida pasa también por que se impongan en la sociedad cubana otros métodos de cooptación de los funcionarios públicos y de los consejos técnicos asesores. Concursos abiertos y convocatorias públicas para ocupar los puestos en la administración pública, de acuerdo a las habilidades, competencia y experiencia demostrada, debe ser una de las medidas urgentes y necesarias para que el conocimiento especializado sirva a la administración pública del país y a los intereses de los ciudadanos.

Transparencia en los procesos de selección, evaluaciones de desempeño y resultados, rendición de cuentas y control público son prácticas que diferencian las administraciones de países con una institucionalidad fuerte e independiente del partido político que gobierne, de los países con gran debilidad institucional y corrupción generalizada.

La reciente reunión del Gobierno cubano con el Ministerio de Justicia muestra una vez más la ausencia de transparencia de las instituciones gubernamentales. No se muestra ninguna información sobre los incumplimientos del cronograma legislativo, las violaciones cotidianas de los derechos y garantías constitucionales por las propias autoridades, ni sobre las arbitrariedades de decretos leyes o leyes que se aprueban en el Parlamento y que reducen los derechos constitucionales al mínimo, o directamente los anulan.

Como es habitual, el gobierno hace declaraciones públicas y llamados políticos que no tienen respaldo jurídico ni contraparte que los evalúe. La opacidad, arbitrariedad y ausencia de control público ciudadano sobre las leyes y su aplicación en el país, evidencia un ambiente de jungla, incertidumbre y arbitrariedad típico de repúblicas fallidas, que no enmendará el Decreto-Ley 28/2021.