El discurso gubernamental alardea de que en Cuba los niños y las niñas están "especialmente" protegidos, pero la realidad va en sentido contrario. Los casos de agresiones sexuales contra menores han experimentado una escalada durante la última década en la Isla. En la respuesta priman la desidia, el burocratismo y la restricción de acceso a documentos e informaciones por parte de los tribunales, la Fiscalía y el Ministerio del Interior (MININT).
El caso de Eddy la Rosa Cárdenas, madre de una menor de actualmente 13 años de edad que fue víctima de abusos lascivos continuados, no es un evento aislado, sino parte de incorrecciones en los procedimientos y de una aplicación errática de las leyes que juega a favor de pedófilos y pederastas.
Luego de dos años de aguantar en silencio, la hija de Eddy le contó el infierno que había atravesado a manos de su presunto agresor quien, según consta en las declaraciones de la menor, le amenazó con que "habría consecuencias" si revelaba lo ocurrido.
"El 30 de mayo de 2019 me personé en la unidad policial de Playa, provincia de Matanzas, donde interpuse una denuncia contra el ciudadano Tomás Ávila Milián, comercial de ETECSA en esta misma provincia (…) por abusos lascivos continuados contra mi hija cuando apenas tenía nueve años de edad", relata esta madre que, entre los múltiples maltratos recibidos de las autoridades, señala el de sugerir que manipuló a su hija para que diera falsos testimonios.
"El mismo día que presenté la denuncia, mi niña fue llevada a Medicina Legal y se le hizo la exploración física. Luego, fuimos citadas para la exploración psicológica con un psicólogo del CEAOM (Centro de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores) de Matanzas. En esa exploración estuvieron presentes el instructor del caso, Yuniel, que nos fue tomando declaraciones a mí y al padre de mi niña. Este psicólogo, luego de entrevistar a mi niña, concluyó que no eran verídicos los hechos relatados por ella. Que se mostraba ambivalente, fría, que solo cooperaba a la hora de hablar de las relaciones sociales".
No obstante, un documento emitido por la Fiscalía Municipal de Matanzas el 6 de agosto de 2019 indicó que el Ministerio Fiscal había decidido: "devolver la referida denuncia a la PNR, con el objetivo de que se valide testimonio, ya que del informe sobre exploración efectuada a la menor por el psicólogo del CEAOM se determinó que los elementos aportados por la menor impresionan ser inciertos y no útiles en cuanto a esclarecimiento y ocurrencia de los hechos".
"Por esa primera exploración psicológica, sin haberse hecho ninguna validación de testimonio, el expediente del caso —6720/209— sería archivado dándose el primer paso erróneo por parte de las autoridades pertinentes. Ni mi niña ni yo fuimos citadas para ninguna otra diligencia, ni nos presentaron documento alguno", afirma Eddy la Rosa Cárdenas.
El Código Penal vigente, en su Artículo 300.3 —abusos lascivos— condena de dos a cinco años de privación de libertad a quien sea declarado culpable si la víctima es menor de 12 años de edad.
Vuelta a empezar
"Me dirigí al Consejo de Estado, donde me atendieron y me escucharon. Mes y medio después, el Consejo de Estado me envió respuesta, y fui citada a las oficinas de Atención a la Población del MININT en Matanzas", explica la madre. "Es allí donde soy informada de que mi caso se había reabierto por existir violaciones y no haberse realizado la validación de testimonio. Según el documento que me mostraron, pero que no me dejaron como constancia legal, el instructor Yuniel había sido sancionado por irregularidades en el proceso. Procedieron entonces a realizar la primera validación de testimonio, con un equipo multidisciplinario en Medicina Legal".
La Rosa Cárdenas asegura que no estuvo presente ni en esta, ni en las otras validaciones de testimonio practicadas a su hija, razón por la cual el alegato del psicólogo del CEAOM sobre la manipulación de la menor quedó descartada como se refleja en el diagnóstico realizado por el servicio de psicología del Centro Docente de Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo.
Sin embargo, luego de esta primera validación de testimonio la madre fue citada a La Habana, al Centro de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) ubicado en el municipio Habana del Este.
"Las psicólogas que nos atendieron en el CPNNA me explicaron que era innecesario volver a exponer nuevamente a mi niña a otra validación de testimonio cuando constaba en los documentos del expediente que ya Medicina Legal de Matanzas había dado como afirmativo su diagnóstico de que sí había veracidad en los hechos y que el proceso debía continuar. A pesar de esto, di aprobación para que allí, en el CPNNA le realizaran otra entrevista a mi niña. Estuvieron presentes el instructor Yuniel y la fiscal Lisandra".
En medio de este proceso, La Rosa Cárdenas solicitó que cambiaran al instructor Yuniel pues de él "solo había recibido desinformación y hasta maltratos verbales".
"Volví a ser citada al CEAOM de Matanzas, aparece el documento de ampliación de declaración que supuestamente se había extraviado. En esa ampliación de declaración relato el testimonio de mi niña de que, además de los abusos lascivos, este señor le mostró videos pornográficos", continuó la madre.
"A razón de esto, se realiza entonces otra exploración con otra psicóloga, para la cual tuve que firmar documentos sobre mi responsabilidad como tutora legal de mi niña. Fue esa la única ocasión en que me dejaron estar presente mientras la entrevistaban. Y una vez más volvimos a ser citadas en Medicina Legal para validar testimonio en relación al video pornográfico".
El Artículo 311 del Código Penal en su inciso c) corrupción de menores, condena con privación de libertad de dos a cinco años a quien ofrezca, venda, suministre o facilite a una persona menor de 16 años de edad, libros, publicaciones, estampas, fotografías, películas, videos u otros objetos de carácter obsceno o pornográfico.
Aunque las autoridades reconocieron que 2.350 menores de edad cubanos sufrieron abusos sexuales entre junio de 2018 y mayo de 2019, la realidad indica que la cifra podría ser conservadora mientras que, por otra parte, familiares de las víctimas denuncian dilaciones en las investigaciones y en el arresto de los presuntos autores tras las denuncias.
"La fiscal no defendió a mi niña"
Para La Rosa Cárdenas y su niña el calvario no terminaría ni siquiera en el juicio, celebrado el pasado 8 de enero, un año y siete meses después de radicada la denuncia. El acusado Ávila Milián quedó absuelto porque los jueces solo tuvieron en cuenta la primera exploración psicológica.
"Fue un juicio privado. Mi niña no fue citada a declarar, solo su papá y yo. Por la parte de este señor declararon su esposa, su suegra y Lara, la hija menor de edad de mi anterior pareja (amiga de la niña abusada). No sé por qué yo solo estuve cuando me tocó declarar. Me hicieron pocas preguntas. Cuando salimos del juzgado preguntamos a la fiscal Lisandra, a cargo de la defensa de mi niña, y nos dijo que si hacía todas las preguntas que figuraban en el expediente, el juicio duraría hasta el día siguiente. Que el Tribunal tenía mi caso en la mesa y ella se mantenía pidiendo siete años de cárcel por abusos lascivos continuados y corrupción de menores".
"Cuando Fiscalía determina procesarlo y pedir siete años de privación de libertad es porque las validaciones de testimonios, la dos de Medicina Legal, la de CPNNA y la segunda del CEAOM ratificaron veracidad a los hechos relatados por mi niña".
Una abogada consultada señaló un conjunto de irregularidades en el caso de Eddy y su hija. El delito de abusos lascivos, regulado dentro de los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, prevé condenas que pueden ser sustituidas por penas que no conlleven internamiento.
"Por esto, el autor puede cumplir la sanción en libertad, sin que la víctima tenga ningún mecanismo legal de alejamiento de su agresor. El delito de abusos lascivo es difícil de probar, porque los tocamientos no suelen dejar huellas en la mayoría de las ocasiones. El juicio oral generalmente se celebra a puertas cerradas para evitar la revictimización y, en el caso de los menores de edad que deban ser llamados a declarar o requieran una exploración, las mismas se deben celebrar en un local distinto a donde se celebra el juicio, según lo dispuesto en la Instrucción 173/03 del Tribunal Supremo Popular", acota esta abogada.
Añade que, en el caso de la hija de Eddy la Rosa Cárdenas se violentó incluso el Manual de Instrucciones de la Fiscalía General de la República que establece que, en los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia y la juventud debe disponerse la validación del testimonio del menor desde un primer instante, y la menor fue expuesta a cuatro validaciones de testimonio.
"Hoy comprendo, con la cabeza más fría, que esta fiscal no defendió a mi niña. No pudo defenderla porque con cuatro validaciones de testimonio se dejó atrapar en esa absolución. Ya no puedo más, estoy agotada. Lloro de dolor. Esto duele mucho y, para colmo, estoy siendo hostigada desde perfiles falsos que me insultan por el simple hecho de querer llevar a la justicia a quien desgració la vida a mi niña. Son comentarios de situaciones que solo pueden saber gente allegada a este señor”, lamenta La Rosa Cárdenas.
En un intercambio de mensajes este viernes, la fiscal Lizandra ha dicho a Eddy la Rosa Cárdenas: "Les he dado demasiadas explicaciones en consideración a su dolor. Pero ya me parece que son demasiadas las exigencias".
"¿Y usted cree que nosotros pedimos 'demasiadas explicaciones' porque se nos hace divertido? Las pedimos porque necesitamos ayuda. Qué bien que una fiscal le diga eso a una familia que está buscando ayuda. No borre más los mensajes, por favor, ¿A quién tenemos que dirigirnos entones?", responde la madre.
"Necesito todo el apoyo posible para que termine haciéndose justicia a mi niña", concluye La Rosa Cárdenas en sus declaraciones a DIARIO DE CUBA.