La propaganda oficialista cubana insiste en que ningún ciudadano quedará desprotegido económicamente una vez que se produzcan los aumentos de precios en el contexto de la próxima unificación monetaria y cambiaria. Tal protección contemplaría a las personas asalariadas y a las beneficiarias de la Seguridad Social.
Para lograr ese objetivo se piensa en el establecimiento de un salario mínimo (igual mecanismo se aplicará con las pensiones y jubilaciones) que cubra los gastos en que incurre una persona para adquirir los bienes y servicios fundamentales. Ese salario estaría relacionado con una canasta básica contentiva de esas necesidades personales.
Aspectos tales como la adquisición de productos alimenticios normados, otros que se ofertan de manera liberada, productos de aseo e higiene personal, vestuario, calzado, un margen para el probable mantenimiento de la vivienda, gastos de electricidad, agua y telefonía fija, así como lo concerniente a la transportación urbana, entre otros, están contemplados en la conformación de la citada canasta de bienes y servicios.
Un reciente artículo periodístico aparecido en el periódico Granma recoge declaraciones al respecto de un directivo del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). El funcionario apunta: "La canasta de bienes y servicios de referencia no es un concepto exclusivo de Cuba, se utiliza en muchos países para establecer políticas macroeconómicas".
Sin embargo, se omite un elemento que resulta fundamental a la hora de establecer una diferencia. Y es que en esos "muchos países" la canasta de bienes y servicios se establece tomando en cuenta los precios de mercado, que son los que deberán abonar los consumidores.
Aquí en Cuba, por el contrario, la referida canasta se ha elaborado, en lo sustancial, considerando los precios y tarifas establecidos centralmente por las autoridades del país, obviando los vaivenes de la relación oferta-demanda.
Entonces, y dadas las características que se aprecian en nuestra realidad económica, donde una cantidad nada despreciable de artículos de primera necesidad deben adquirirse en los marcos de la economía sumergida —o "bolsa negra", como solemos llamarla aquí— debido a la endeblez de la oferta en los centros comerciales estatales, harán sin dudas que el importe calculado por las autoridades para conformar la canasta no cubra los gastos reales en que incurra el cubano de a pie.
Hay que considerar, además, que a esa economía sumergida con precios en moneda nacional superiores a los fijados por el Estado (que a la postre no es otra cosa que una manifestación del mercado reprimido) deberán acudir los consumidores que no puedan acceder a la red de tiendas gubernamentales que comercializan en moneda libremente convertible mediante el uso de tarjetas magnéticas.
Debemos añadir que este fenómeno de la economía sumergida no es privativo de situaciones extremas como la que atraviesa actualmente Cuba. En general se pone de manifiesto en todas las economías centralizadas que no reconocen los precios de mercado, y que casi siempre mantienen un déficit de oferta debido a las ineficiencias de ese tipo de economía.
Tenemos, por ejemplo, algunas cifras recogidas en el libro Socialismo traicionado, de los estadounidenses Roger Keeran y Thomas Kenny, cercanos ambos a los movimientos de izquierda en su país. En el texto se expresa que hacia 1977, cuando la Unión Soviética parecía gozar de esplendor en plena época de Brezhnev, casi la tercera parte de los gastos de los ciudadanos de la Federación Rusa iban a la economía sumergida. Un porcentaje que se acrecentaba en otras regiones del país, como las repúblicas transcaucásicas o las de Asia central.
Al final, y como todo hace indicar, la tan cacareada protección gubernamental no impedirá que el proceso inflacionario que se nos viene encima castigue con fuerza a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
Nada que haga el régimen mafioso va a funcionar.