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Tribunales

Un tribunal de EEUU acusa de cuatro delitos federales al atacante de la Embajada de Cuba en EEUU

La Habana no se ha pronunciado aún sobre el proceso, pese a acusar a EEUU de no actuar ante la agresión.

Washington
El embajador de Cuba en EEUU muestra los impactos de bala dentro de la sede diplomática.
El embajador de Cuba en EEUU muestra los impactos de bala dentro de la sede diplomática. AP

La Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia dio a conocer que el cubano Alexander Alazo, presunto autor del ataque a la Embajada de Cuba en Washington DC, fue acusado por un Gran Jurado Federal de un nuevo delito relacionado con el tiroteo, que se suma a otros tres por los que ya está siendo procesado.

Alazo, residente en Aubrey, Texas, fue arrestado el 30 de abril de 2020 y acusado por ataque violento contra un funcionario extranjero u oficial local utilizando un arma mortal; por herir o dañar deliberadamente los bienes pertenecientes u ocupados por un gobierno extranjero en Estados Unidos; y por transportar interestatalmente un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave.

A ellos se sumó ahora un cargo adicional por usar, portar, blandir y descargar un arma de fuego durante un delito de violencia.

De acuerdo con el documento oficial sobre el caso publicado por el Departamento de Justicia de EEUU, Alazo podría recibir una sentencia obligatoria de al menos diez años de prisión por este último delito, de ser encontrado culpable.

Mientras que por el ataque violento a un funcionario extranjero u oficial local con un arma mortal y el delito de herir o dañar intencionalmente propiedades pertenecientes u ocupadas por un gobierno extranjero, podría además recibir una sentencia máxima de diez años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares y no más de tres años de libertad supervisada, dice el documento.

Finalmente, por el delito de transporte interestatal de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave, podría recibir una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares y no más de un año de libertad supervisada.

"Elogiamos los esfuerzos de las fuerzas del orden público locales y federales que intervinieron rápidamente para proteger vidas y reducir los daños a la propiedad de un gobierno extranjero presente en Estados Unidos", dijo el fiscal interino Michael R. Sherwin.

"Esta investigación y enjuiciamiento son un testimonio del compromiso de la Policía estadounidense para frustrar los esfuerzos de cualquier persona que apunte con violencia a cualquier embajada en Estados Unidos", aseguró.

"El Servicio de Seguridad Diplomática está firmemente comprometido a garantizar la seguridad de las misiones extranjeras en Estados Unidos", declaró Todd Brown, director de ese organismo. "Nos tomamos en serio nuestras responsabilidades descritas en la Convención de Viena", agregó.

Sin embargo, desde que se produjera el ataque a la sede diplomática de La Habana en Washington, el Gobierno de Cuba ha acusado en varias ocasiones a EEUU de hacer silencio, y a la Administración de Donald Trump de instigar con su "discurso de odio" esta clase de acciones, además de considerar que es "víctima de terrorismo" organizado por Washington.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) cubano ha acusado a EEUU de violar la Convención de Viena que garantiza la seguridad de las embajadas, consulados y otras instituciones diplomáticas.   

Al cierre de esta nota, no hay pronunciamiento oficial de La Habana acerca del proceso penal contra Alazo.

"Nuestra ciudad ha experimentado demasiados resultados trágicos cuando alguien dispara un arma indiscriminadamente en nuestra comunidad", dijo el jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Peter Newsham.

"Con esta acusación, esperamos que el sistema de justicia penal responsabilice a esta persona", señaló.

Al anunciar la acusación, el fiscal federal interino Sherwin, el agente especial a cargo Miller y el director del DSS Brown elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso en el Servicio Secreto, el Servicio de Seguridad Diplomática, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento de Policía Metropolitano.

También celebraron a los funcionarios oficiales que actuaron en el caso desde la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia, incluidos los fiscales federales adjuntos Jason McCullough y Stuart Allen, la fiscal federal adjunta especial Nicole Hutchinson y la especialista en leyes Bria Cunningham.

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