Un tribunal federal del Distrito de Columbia de EEUU aseguró que Alexander Alazo, el emigrado cubano que disparó contra la sede de la Embajada de Cuba en Washington la madrugada del 30 de abril, es un "peligro para la comunidad" y presenta "riesgo de fuga" en caso de salir en libertad, por lo que decidió mantenerlo en "detención preventiva" hasta su enjuiciamiento.
"El peso de la evidencia contra el acusado Alazo es abrumador e incontrovertible. El delito fue capturado en video de vigilancia. En la escena, el acusado Alazo identificó el arma de fuego y la bandera empapada de gasolina como suyas. Cuando lo entrevistaron, dos veces, las dos veces admitió su culpabilidad", indicó el documento de la Fiscalía que procesa al exmilitar, publicado por el sitio Cuba Money Project.
La declaración del juez Michael Harvey ante un tribunal federal del Distrito de Columbia validó la solicitud de las Fiscalía estadounidense para mantener a Alazo tras las rejas. El juez fijó una sesión preliminar para valorar la opción de libertad bajo fianza el próximo 14 de mayo, a las 10:00AM.
De acuerdo con la resolución del juez, Alazo "plantea un peligro específico para los funcionarios de Cuba. (...) Dado el comportamiento del acusado, ha demostrado que representa un grave riesgo para la seguridad de la comunidad. Por lo tanto, este factor también pesa a favor de la detención."
En el documento, que fue ilustrado con imágenes del momento del ataque registradas por las cámaras de vigilancia de la sede diplomática de La Habana y con fotos de la Policía de los impactos de las balas, se ofrecieron detalles de las declaraciones de la esposa de Alazo, quien fuera interrogada por el Servicio Secreto de EEUU con posterioridad a la detención del acusado.
La mujer, presuntamente nombrada Marianys Alazo Delgado, de 34 años, está casada con el detenido desde 2011, con quien tiene dos hijos pequeños.
Alazo Delgado habría confirmado que su esposo "creía que el Gobierno cubano contrataría a un equipo organizado de asesinos para matarlo. Sentía que estaba constantemente perseguido y temía que varios hombres negros, de gran estatura y con tatuajes, vinieran a matarlo delante de su familia."
Indicó también que el detenido había visitado numerosas agencias del Gobierno de Estados Unidos para informarles de las presuntas acciones del Gobierno cubano para asesinarlo.
La esposa del acusado Alazo es actualmente una enfermera viajera que trabaja en la unidad psiquiátrica de un hospital, y confirmó que su pareja ingresó en un hospital psiquiátrico en marzo de 2020, donde recibió un diagnóstico de trastorno delirante y le recetaron medicamentos. Fue dado de alta seis días después.
Además, declaró que Alazo viajó a Alemania en 2018, donde permaneció durante aproximadamente un mes antes de continuar viajando a otros países para evitar ser atrapado por aquellos que creía que lo seguían.
La esposa del acusado aseguró que nunca había visto a su esposo hablando consigo mismo o mostrando signos adicionales de enfermedad mental, pero confirmó que la familia vivía en las afueras de los hoteles porque el acusado era demasiado paranoico para vivir en su casa.
Precisó que hubo momentos en que pagaron por un hotel y se fueron antes de quedarse una sola noche.Para hacer frente a su paranoia y a las voces que oía en su cabeza, el acusado conducía de noche y algunas veces dormía durante un par de horas durante el día. Alazo le llegó a decir que "se sentía como un prisionero en [su] propia casa."
La mujer refirió que le había suministrado el medicamento recomendado por los médicos "la mayoría de los días desde que se lo recetaron, incluso hasta la noche anterior al incidente."
Aseguró ignorar que Alazo había conducido hasta la Embajada de Cuba un par de días antes de atacar la sede diplomática.
El Gobierno de EEUU ya acusó formalmente al cubano Alexander Alazo por tres delitos, entre ellos el de "ataque violento a un oficial extranjero (...) usando un arma mortal."
De acuerdo con el documento judicial de la acusación, formalizado por una corte del Distrito de Columbia, el exmilitar cubano de 42 años fue también imputado por transportar desde otro Estado un arma de fuego y munición para cometer un delito y por dañar una propiedad perteneciente a un Gobierno extranjero.
