Un abogado pide reducir las sentencias de una pareja cubana condenada por espionaje

A finales de 2017, los nombres de la cubanoamericana Alina López Miyares y su esposo, el exdiplomático de La Habana Félix Martín Milanés Fajardo, saltaron a la luz pública por un proceso en el que fueron acusados por el Gobierno de la Isla de espiar para Estados Unidos.

Un tribunal militar cubano los consideró culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidense. El exdiplomático, quien fue representante del régimen en Naciones Unidas (1989-1993), recibió una condena de 17 años de prisión. Su esposa, una de 13.

Como es habitual en estos casos en la Isla, el proceso transcurrió en el más completo hermetismo.

Tres años después, DIARIO DE CUBA ha tenido acceso a la sentencia del caso y a documentos de un abogado que representa actualmente a ambos condenados, en busca de reducir sus penas.

Esos documentos recogen lo sucedido a estas dos personas, hoy recluidas en cárceles cubanas.

Señalan que todo comenzó cuando, siendo miembro de la delegación diplomática cubana en Naciones Unidas, a principios de la década de los 90, Félix Milanés Fajardo conoció a Alina López Miyares, nacida en La Habana en 1959 y que abandonó Cuba siendo niña.

Entablaron entonces una relación amorosa que quedó interrumpida con el regreso del diplomático a la Isla en 1994.

En 2007 ambos decidieron reiniciar la relación durante una de las visitas que realizó López Miyares a La Habana y, en 2011, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contactó a la mujer y le propuso que sirviera de enlace entre ese servicio especial y su esposo para obtener supuesta información confidencial.

Durante su etapa de diplomático, Milanés Fajardo había sido agente de la inteligencia cubana en Nueva York con el grado de teniente coronel, pero se encontraba retirado desde el año 2007.

De esta manera, el antiguo agente del régimen suministró al FBI, a través de su esposa —quien viajaba de manera regular entre ambos países— las iniciales de varias personas que habían trabajado junto a él en labores de espionaje en Nueva York, como parte de la misión cubana ante Naciones Unidas.

A cambio —dice la sentencia—, las autoridades estadounidenses suministraron al exdiplomático 10.000 dólares para que este emigrara a Estados Unidos, pero su salida del país se malogró y este usó el dinero en gastos personales.

Cuando ambos fueron arrestados, Alina López Miyares, quien se había repatriado hacía pocos años, decidió colaborar totalmente con las autoridades cubanas y, con la ayuda de su madre, recibió desde Miami toda la documentación que había entregado al FBI y que constituye el grueso del material probatorio con el que actuó la Fiscalía Militar de la Isla para condenarla.

Desde su entrada en prisión, y por considerar que en el proceso se produjeron violaciones, ambos presos buscaron asesoramiento legal para reducir sus respectivas condenas.

Ahí comenzó el trabajo del abogado independiente Edilio Hernández Herrera, quien a finales del pasado año solicitó al Tribunal Supremo una inspección judicial para que las dos sentencias fueran revisadas y las penas rebajadas.

Hernández Herrera cree que hubo un evidente mal uso del arbitrio judicial.

"Como ocurre normalmente en Cuba, donde no existe un Estado de Derecho, las autoridades violaron de manera flagrante el debido proceso. Lo primero que hicieron fue juzgarlos por la jurisdicción militar, cuando el delito de espionaje corresponde a las instancias civiles, según las propias leyes cubanas", explicó a DIARIO DE CUBA.

Añadió que "los jueces no tuvieron en cuenta la amplia colaboración de la acusada, y que tanto ella como su esposo no pusieron en riesgo a persona alguna, ni mucho menos la seguridad del país, pues ya él hacía años que se había retirado, no estaba activo. Nada de eso lo valoraron como atenuantes".

"Como era de esperar, la revisión técnica de la sentencia fue rechazada por el Tribunal Supremo", criticó Hernández Herrera.

Aun así, Alina López Miyares envió en febrero de este año una súplica a Miguel Díaz-Canel, todavía sin respuesta.

"La mamá de López Miyares tiene 91 años y ella desea al menos poder visitarla en caso de que fallezca. Hasta ahora ningún reclamo de clemencia ha sido escuchado", dijo el abogado.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana dijo en un comunicado, una vez se hizo público el caso, que estaba al tanto de las condenas.

Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 ha paralizado cualquier gestión humanitaria y una posible atención de las autoridades cubanas a los reclamos.

"Solo un posible gesto humanitario de las autoridades puede reducir sus penas o permitirles estar en libertad mucho antes del cumplimiento total de sus sentencias. Por el momento, ese gesto no ha llegado y no se vislumbra a corto plazo que eso suceda", concluyó Edilio Hernández.