La Unión Europea (UE) acordó contactar con despachos de abogados de Estados Unidos para presentar mociones en virtud del principio legal de "amicus curiae" (amigo de la corte) para apoyar los intereses de las empresas europeas que están siendo demandadas en virtud del título III de la Ley Helms-Burton por sus inversiones en Cuba.
La figura legal, que autoriza a un tercero con interés legítimos —ni demandado ni demandante— a tener representación en los casos que afecten a compañías europeas, permitiría que la Comisión Europea presente sus alegaciones en los casos en litigio e incorporar al procedimiento informes jurídicos que sostengan su posición, reportó el medio español Voz Pópuli.
El Consejo de Comercio y Economía de Estados Unidos y Cuba, que es quien ofreció los detalles de este procedimiento de la UE, indicó que "dependiendo de la complejidad de los problemas legales en cada caso, el coste total para la UE podría superar el millón de dólares".
En marzo próximo se cumple un año desde que el Gobierno de Donald Trump decidiese activar los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. La norma, aprobada en 1996, había permanecido en suspenso desde la Administración de Bill Clinton.
Hasta el momento, las reclamaciones en virtud de la Ley derivaron en una veintena de demandas presentadas en Florida (16), Washington DC (1), Western Washington State (1), Nevada (1) y Delaware (1).
En total, están implicados en ellas más de 67 demandados, 30 despachos de abogados, 105 letrados y el número de documentos entregados a los tribunales supera los 3.000, según los datos proporcionados por el citado consejo. En términos económicos, se estima un gasto de más de 4.000.000 de dólares por los honorarios de los abogados.
Mientras se concreta la posición de la Unión Europea, el Gobierno de España ha explicado a sus empresas afectadas que el Estatuto de Bloqueo presente en el Reglamento 2271/96 de la UE permite bloquear las notificaciones que procedan de tribunales norteamericanos.
Entre las firmas españolas afectadas están la hotelera Meliá y el banco BBVA, así como las aerolíneas Iberia y Air Europa y el grupo Iberostar, estas tres últimas solamente con avisos de posibles litigios en los tribunales norteamericanos, en caso de no responder a las exigencias de los demandantes.
Entre una cosa y la otra, los que se van a forrar son los abogados.