En noviembre del presente año, en un nuevo intento de conservar el predominio de la propiedad estatal e impedir el desarrollo del cooperativismo, entrará en vigor el nuevo Decreto Ley 366 sobre las Cooperativas No Agropecuarias (CNA). Los resultados, como ha venido ocurriendo, serán otro fracaso.
El cooperativismo, manifestación antiquísima del carácter social del hombre, se expandió y asumió su forma moderna en Europa. En 1895, en Londres, se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la cual, exactamente un siglo después, en el congreso celebrado en Manchester, definió los principios básicos que rigen esta forma de asociación: "la cooperativa es una decisión autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta con una estructura democrática, donde cada asociado tiene derecho a un voto y las decisiones se toman por mayoría, cuentan con una dirección electiva y un reparto equitativo, distributivo y proporcional de los excedentes".
Esas pautas, establecidas en 1844 por los tejedores ingleses del pueblo de Rochdale y enriquecidos por la ACI, permiten definir si una asociación cumple o no los requisitos de cooperativa: la propiedad conjunta de los socios, el carácter voluntario de la adhesión para enfrentar necesidades y aspiraciones, la autonomía, la participación económica y la gestión democrática, entre otros.
El Decreto-Ley que en Cuba regula la creación de las CNA establece que: el Estado autoriza su constitución, es responsable del control y evaluación de su funcionamiento, decide los lugares donde se crean, delimita las actividades y tareas que pueden asumir, define el tiempo en que pueden contratar trabajadores asalariados y conserva la propiedad sobre los medios fundamentales de producción.
Por tanto, de acuerdo a la definición de la ACI, si las cooperativas cubanas carecen de independencia, si se crean dónde y cuándo decide el Estado, si adolecen de autonomía y si su Reglamento lo emite el Consejo de Ministros, las mismas no califican como cooperativas, sino como asociaciones de usufructuarios dependientes de las necesidades e intereses del Estado.
Lo ocurrido con las CNA es la repetición de lo que sucedió con las Cooperativas Agropecuarias. En 1960 el Gobierno creó las Cooperativas Cañeras —las que según el propio Fidel Castro "no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra"— por lo cual fueron transformadas en empresas del Estado; en el mismo año 1960 se establecieron las Cooperativas de Créditos y Servicios, integradas por campesinos que mantuvieron la propiedad de la tierra y los medios de producción, pero sin personalidad jurídica; en 1976 con la creación de las Cooperativas de Producción Agropecuaria; y en 1993 con las Unidades Básicas de Producción Cooperativas, instauradas por un acuerdo del Buró Político en un intento de hacer producir las tierras ociosas en manos del Estado. Todas subordinadas al Estado y ajenas a los principios del cooperativismo internacional. Los magros resultados de esas asociaciones —sometidas a la planificación centralizada, bajo la incapacidad de jefes y administradores y la ausencia de interés de los productores— explican el por qué de la ineficiencia de la agricultura cubana.
Tres pruebas de ese falso cooperativismo son:
1- la decisión tomada por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de sustituir o liberar de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas.
2- El reconocimiento, por el Consejo de Ministros del 29 de mayo de 2015, de que "el procedimiento para construir las cooperativas ha incorporado una carga burocrática que genera dispersión y demoras, que han surgido dificultades en el acceso a los suministros, que ha existido una tendencia al incremento de los precios de los productos y servicios que ofertan las cooperativas".
3- La evaluación del funcionamiento de las CNA realizada en 2017 que detectó, entre otras ineficiencias: la ausencia de un mercado mayorista, indisciplinas, violaciones de la "legalidad", manifestaciones de corrupción, deficiencias en los registros contables, marcada diferencia en los ingresos percibidos por los dirigentes y los trabajadores directos, el uso de créditos bancarios con fines diferentes a los declarados y tendencia al incremento de precios. Deficiencias que condujeron a la decisión de no crear nuevas cooperativas, concentrar los esfuerzos en las ya constituidas y devolver a los solicitantes los proyectos que estaban en fase de evaluación.
En 2013 se crearon las primeras 126 CNA con carácter experimental. En 2019, seis años después, existen 398, una cantidad 140 veces menor que las 56.000 pequeñas empresas privadas y cooperativas que aún existían en 1968 y que el Estado intervino con la Ofensiva Revolucionaria de ese año.
El nuevo Decreto Ley, que entrará próximamente en vigor, define a las CNA como cooperativas de trabajo donde los socios tienen como principal contribución su labor personal; establece que las mismas tributan al desarrollo económico y social de la nación desde el lugar donde realizan sus operaciones; el Estado define las actividades que tendrán alcance nacional y las que se limitarán al ámbito territorial; establece límites para el crecimiento del número de socios y define que el socio que más ingreso obtenga ganará como máximo tres veces más que el de menos ingreso. Es decir, nuevas regulaciones, menos libertades y por consiguiente menos producción, peores servicios y nada relativo a asumir los principios del cooperativismo internacional establecido por la ACI.
Si realmente el objetivo de las cooperativas, como reza el novísimo Decreto-Ley, consiste en contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación, entonces la salida no está en conservar la propiedad sobre los medios de producción, aumentar las restricciones y el ya abultado aparato burocrático para su control. En su lugar, se deberían incorporar los principios de la ACI y permitir que los cubanos desarrollen su demostrada creatividad, para que Cuba pueda contar con un verdadero movimiento de cooperativas, no de usufructuarios.
