'Tenemos que andar como ratas, escondiéndonos donde ni la Policía entra por miedo'

Para José Lino Asencio López, uno de los 4.800 emigrantes cubanos varados en Tapachula, México, la libertad se ha convertido en un sueño prácticamente imposible y preservar la vida es la prioridad. "La incertidumbre y el temor invaden el cuerpo con cada bocanada de aire", dice.

Tapachula, ubicada en el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, se ha convertido en un infierno para los emigrantes.

Pero caer en la estación Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración (INM), a la que muchos consideran "un campo de concentración", no es el único temor.

José Lino Asencio López fue presionero político en Cuba y uno de los 53 liberados a petición del Gobierno de Barack Obama en enero de 2015.

De su mente, dice, no se borra el cadáver tirado en el asfalto de Alexander Delgado Sotomayor, emigrante cubano que se desplomó de repente para morir en una calle de Tapachula el 2 de agosto de 2019. "Seguro no buscó atención medica por temor a una deportación", considera.

Sotomayor sobrevivía en las calles, a merced de las bandas criminales y evadiendo a las autoridades, como lo hacen cientos de niños, mujeres embarazadas y ancianos. Seres humanos que no interesan a ningún Estado, critica José Lino.

"El emigrante es menos que nada hasta para Cuba. Nuestra vida y dignidad poco importan", señala.

José Lino fue defensor de los derechos humanos en Cuba. Afirma que se le "arruga el alma" al ver la indiferencia de comunidad internacional ante la situación de los emigrantes.

"La presión de las autoridades y la violación a los derechos de los emigrantes es tal que ha habido intentos de suicidio y hasta un joven guatemalteco murió de un infarto al ser retenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el retén Viva México, de Tapachula", relata el cubano.

"Tenemos que andar como ratas, escondiéndonos en recovecos donde ni la ley entra por miedo. Son constantes las cacerías de emigrantes por agentes del INM, la Policía Federal y la Marina", añade.

Ahora un temor mayor atrapa a los miles de cubanos varados en México, al ser firmado un acuerdo entre el Gobierno de Donald Trump y el de Juan Orlando Hernández que define a Honduras como un país seguro para emigrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

"Mientras los mismos hondureños huyen de su país por temor a la Mara Salvatrucha, a nosotros nos quieren enviar para allá. ¿Qué hay detrás de esto; por qué a cubanos?", se pegunta José Lino, quien pensó que su condición de perseguido político le daría ciertas facilidades.

José Lino ha trabajado en una granja de pollos. Mientras el salario mínimo en la zona es de 102,68 pesos diarios (5,29 dólares), a un emigrante irregular le pagan 82 pesos (4,22 dólares) por 12 horas de trabajo y les descuentan entre 20 y 25 pesos por la alimentación o hidratación, afirma.

Además, es posible que en el momento del pago no reciban nada porque les exigen su documentación legal. "Muchos se tienen que ir con el rabo entra las piernas y sin un peso, ante las amenazas de denunciarlos ante el INM", reveló.

"La ayuda de la municipalidad de Tapachula es una estafa".

Daniela (nombre cambiado por solicitud de la fuente) es una emigrante cubana de 32 años, madre de un niño de seis. Ella y su pequeño hijo son parte de los 174 cubanos que estuvieron varados 18 meses en Trinidad y Tobago, y que, a pesar de tener estatus de refugiados, tuvieron que huir una madrugada de la isla atravesando una Venezuela convulsionada y sin energía.

Sobrevivió a la crecida del río Armila-Panamá, en la cual murieron una docena de cubanos, y hoy está varada en Tapachula con un futuro más incierto que el vivido en los países que cruzó para llegar a México.

Daniela sobrevivía en Tapachula trabajando en una granja de sol a sol por cinco dólares diarios. Cumplía su labor sin protestar, por temor a una deportación y a pesar de saber que a los mexicanos les pagaban 15 dólares por la misma labor que ella hacía.

Aunque el trabajo era duro y la paga poca, asumía la realidad con estoicismo porque esto le permitía compartir una habitación de 25 metros cuadrados con otros cinco cubanos y comer al menos un plato de arroz con huevo y plátano al día.

Daniela pensó que todo había cambiado al ser beneficiaria por un programa de ayuda al emigrante del Gobierno Federal de México. La mañana del 22 agosto se despidió de su hijo y salió a trabajar barriendo las calles y chapeando las zonas verdes de Tapachula, uniéndose a los cerca de 200 cubanos beneficiarios del proyecto.

El salario mensual de 245 dólares le permitiría a ella y a su hijo un techo digno y tres comidas al día. Pero todo cambió la segunda quincena de pago. El día del cobro, sin explicación y después de haber firmado un contrato de tres meses le dijeron: "no hay más trabajo para usted, tenemos que darle oportunidad a otros".

"Me pidieron varias fotocopias del pasaporte y del permiso de la Comisión de Ayuda a Refugiados de México (COMAR) firmadas. Yo, inocente, las entregué al igual que el resto de los cubanos, a sabiendas de que solo se necesitaba una por mes", cuenta Daniela.

"Seguro con las otras legalizarán el pago y se quedarán con ese dinero. La ayuda de la municipalidad de Tapachula es una estafa, todos tratan de robarnos y hasta violarnos", dice llorando.

Daniela reconoce que a veces siente deseos de volver a Cuba, pero la venta de su casa para iniciar su viaje y la deuda adquirida con garroteros para continuar, de la cual es garantía la casa de su madre en La Habana, se lo impiden.

A pesar de los obstáculos, decenas de cubanos siguen emigrando

El domingo 15 de septiembre de 2019, 22 emigrantes cubanos se embarcaron desde Necoclí hacia Capurganá, en Colombia, para después intentar cruzar el llamado "Paso de la Muerte", de la frontera colombo-panameña, en la selva del Darién.

Durante tres días, y por decisión de la comunidad de Capurganá, estuvo cerrado el paso de emigrantes con salvoconducto por la ruta comercial. Solo se permitió el transito el sábado 14 y domingo 15 de septiembre. A patir de este lunes fue cerrado nuevamente. Por ello, los cubanos se vieron obligados a pagar 300 dólares a los coyotes (traficantes de personas) para llegar a la frontera con Panamá.