Migrantes cubanos que entraron a México por su frontera sur han denunciado a lo largo de los últimos meses las violaciones que sufren en la Estación Siglo XXI, considerado el centro de detención migratoria más grande de América Latina.
Ubicada en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, la vida allí transcurre lejos del ojo público, por lo que se han producido reiterados abusos, que incrementaron con el hacinamiento registrado esta primavera.
En entrevista con AP, un mecánico cubano de 36 años contó cómo funcionarios de ese centro de reclusión rompieron el documento que le acreditaba como solicitante de refugio en México y lo encerraron en cubículos de cuatro por tres metros para 50 personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de comida y agua.
Las mujeres dormían en los pasillos o en el comedor entre ratas, cucarachas, excrementos de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y el desprecio de los guardias.
El Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de las instalaciones, negó permiso para visitar la Siglo XXI y no respondió a una solicitud de comentarios. Pero una veintena de migrantes, funcionarios y miembros de ONG describieron el centro como un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Washington ha exigido a México que reduzca el flujo de migrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, pero también cubanos, haitianos y africanos. Y aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar a más detenidos.
Si se detiene a más migrantes "no se cuenta con la infraestructura correspondiente", dijo Edgar Corzo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante un recorrido antes del anunciado despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a las labores de control migratorio.
Esta entidad oficial denunció a finales de abril que había más de 2.000 personas en la Siglo XXI, un lugar construido para 960. Cientos fueron trasladados a otras instalaciones, pero la semana pasada había 1.230 migrantes, según Corzo.
Otras instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, albergaban a 400, aunque están habilitadas sólo para 80.
La Siglo XXI es una estructura carcelaria con muros de cinco a diez metros de alto, torres de control, cámaras de seguridad y espacios con techos enrejados por donde patrullan los guardias. Incluso hay una celda de castigo, el Pozo, que el Gobierno se comprometió a no usar más, aunque el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las pocas ONG que tiene acceso al lugar, no ha podido confirmar que ello sea cierto.
Al cruzar las rejas y dejar atrás a quienes abarrotan la entrada en espera de información, hay un patio y una especie de muelle de carga y descarga de seres humanos que van y vienen en autobuses.
A los que llegan, detenidos en redadas o engañados diciéndoles que iban a verificar sus papeles, les confiscan cordones de zapatos, cinturones y celulares, aunque siempre hay quien luego les ofrece una llamada, un cigarro o comida extra si pagan por ello, coinciden varios migrantes que estuvieron detenidos allí.
Voces dentro y fuera de México, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, han denunciado desde antes de la crisis actual que los migrantes son detenidos sin los estándares mínimos, pues a veces son extorsionados o no tienen un debido proceso.
También han pedido que la detención sea algo excepcional y que se elimine por completo en el caso de niños y adolescentes. Una niña guatemalteca murió en mayo en la estación migratoria de Ciudad de México, en circunstancias todavía bajo investigación.
Julio, un cubano de 15 años, fue detenido junto a sus padres, pero separado de ellos nada más llegar a la Siglo XXI. Aunque estaban en la misma instalación, pasaron periodos incomunicados.
Su madre recuerda cómo ella entró en pánico después de uno de los motines que se dio en el lugar, porque no sabía cómo estaba su hijo y los rumores proliferaban. "Lloré, imploré para que me dijeran si estaba bien, pero nada. Tardé cinco días en verle", contó.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrand, ha reconocido recientemente que el Gobierno no se ha preocupado por atender las instalaciones migratorias en la frontera sur, que están "muy por debajo de los estándares", y Tonatiuh Guillén, hasta el viernes el jefe del INM, reconoció en una entrevista reciente que "tienen un modelo muy severo de control".
Sin embargo, López Obrador insiste en que el respeto a los derechos humanos es la máxima de su política migratoria y su Gobierno dice estar estudiando opciones para construir nuevas instalaciones migratorias. Maximiliano Reyes, subsecretario de Exteriores, anunció en conferencia de prensa que justo este lunes comenzaba un plan de remodelación, modernización y mejora de las mismas.
Curiosamente, entre las medidas anunciadas está mejorar la salubridad de estos lugares y poner más cámaras de vigilancia y controles biométricos de los migrantes. Reyes, que hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa en Tapachula, no explicó, sin embargo, cómo se atajaría el principal problema: el del hacinamiento.
La desinformación a la que son sometidos los migrantes es otro de los grandes problemas que todos denuncian. Sin embargo, pese a ella, a todos los que ingresan les queda claro que solo hay dos maneras de salir: deportados en un autobús o con una solicitud de asilo como la que le rompieron al mecánico cubano.
El gobierno federal ha reconocido que el INM es una de las instituciones más corruptas del país. Se han depurado a más de 600 funcionarios y a la Siglo XXI han llegado nuevos agentes, aunque se desconoce cómo va el proceso de depuración allí.
Según Salva Lacruz, del Fray Matías, el centro sigue en manos "negligentes, irresponsables y racistas" que operan al margen de las directrices de Ciudad de México. Un funcionario migratorio recién llegado calificó a algunos de sus compañeros de "inhumanos".
Por eso, en medio de la desesperación, se encontró otra formar de salir: amotinarse y escapar.
Más de 600 personas se fugaron en abril, algo nunca visto en México. En vídeos publicados en redes sociales se ve a gente corriendo por la entrada principal y las rejas abiertas. Los migrantes aseguran que la fuga fue alentada por las autoridades. Éstas lo niegan.
"Algunas celdas no tenían candado ese día", asegura el mecánico cubano, que no huyó por temor a ser deportado.
Los motines elevaron la tensión, los choques entre internos, el miedo de los trabajadores y las represalias contra los cubanos, acusados de ser instigadores de los levantamientos.
Los cubanos Eliezer Pino, Jonathan Eduardo Merrero, Yunier Rives, Yasiel Rodríguez, Danilo Claro y Eduardo Martínez dijeron haber sido seleccionados al azar durante uno de los motines, llevados detrás de unos autobuses y golpeados. Pino dice que lo patearon entre seis y casi le reventaron el ojo de un puñetazo. Su único delito, dicen todos, fue gritar "¡queremos salir!" y avanzar hacia la puerta junto a otros. Los policías federales, que apoyan en tareas de seguridad, evitaron una paliza mayor.
Una treintena, incluidos ellos, fueron trasladados esa noche a una caseta de migración en la carretera, donde pasaron 45 días en condiciones similares a las de la Siglo XXI. "Pensé que no iba a salir cuando nos dijeron: 'son comida para perros'", contó Pino. No salían al sol, apenas se bañaban, casi no dormían. Estaban hacinados e incomunicados.
Algunos no aguantaron y pidieron la deportación. Otros, gracias a las gestiones del Fray Matías, consiguieron solicitar asilo y ser liberados, aunque no pueden salir de Tapachula.
Desde enero, México ha detenido a más de 74.000 migrantes y deportado a más de 53.000, y desde hace semanas pueden verse soldados, marinos y policías federales apoyando las labores de los agentes migratorios o participando en redadas. Algunos de esos efectivos ahora comienzan a llevar brazaletes que les identifican como Guardia Nacional.
Organizaciones gubernamentales y ONG celebran ciertos avances, como el cierre de cinco pequeñas estaciones, o el reconocimiento de deficiencias, aunque creen que no es suficiente.
Pero Vidal Olascoaga, del Fray Matías, alerta que pueden imponerse las "devoluciones en caliente, como hace Estados Unidos", que deporta al migrante al cruzar y sin averiguar si tiene o no necesidades de refugio.
