*Publicación conjunta con Connectas, Plataforma Periodística para las Américas.
La primera asesinada de la cual hubo noticias en el año se llamaba Leydi Laura García Lugo y tenía 21 años. Pero es probable que no fuera la primera. Tal vez por la conmoción que causó el hallazgo de su cadáver, a un costado de la autopista nacional que conduce de Santa Clara a Ranchuelo, y la inusual confirmación del Ministerio del Interior, la suya sea una de las pocas caras visibles de 2019.
Seguramente murieron otras y fueron sepultadas por el silencio de la prensa oficial, que durante décadas ha tratado de fortalecer el postulado de que en Cuba no hay violencia de género y, menos, feminicidios. "Un efecto de la Revolución", en palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín, hija de Raúl, sobrina de Fidel Castro.
Leydi Laura había hablado por teléfono con su madre la mañana del sábado 30 de marzo. Acababa de terminar la guardia en el Hospital Ginecobstétrico Mariana Grajales, de Santa Clara, como parte del servicio rotativo que debía cumplir en su cuarto año de Medicina. Le había anunciado que llegaría antes del mediodía. Se encontraba sola, en la carretera, pidiendo "botella". Nunca llegó a la casa. Esa misma tarde, la familia denunció la desaparición y empezó una búsqueda desesperada que terminó trágicamente tres días después.
Eran las 11:00 del martes cuando el cuerpo de la joven fue hallado en medio de un cañaveral. Llevaba pantalones azules, de los que usan los médicos, calzado deportivo de igual color y una blusa de manga corta blanca. "Tenía hematomas en la cara y el abdomen", según recogió el medio alternativo Tremenda Nota, así como "claras señales de violencia extrema". Tanto, que las autoridades no permitieron que su familia la viera y fue sepultada esa misma tarde en el cementerio local de Ranchuelo.
Aunque trascendió que murió por estrangulamiento, nunca se esclareció si fue abusada sexualmente y, como en prácticamente todos los crímenes contra mujeres en Cuba, a falta de información los vecinos comenzaron a especular sobre las causas. Venganza familiar o feminicidio, se ubicaron como las principales motivaciones.
El feminicidio es un término definido por la ONU como el asesinato de una mujer por razón de su género, que "ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado".
Es un término del que se habla en voz baja en la Isla y que no es reconocido por la legislación cubana, ni autoridades policiales ni tribunales, explica la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal CUBALEX.
Diversent habla de la violencia de género como un problema social, de prejuicios y estereotipos arraigados, y del feminicidio como su consecuencia más extrema. "La negativa a reconocer el feminicidio, en parte es ideológica, para llamarlo de alguna forma. El proceso revolucionario supuestamente tuvo en cuenta la progresividad de los derechos de la mujer y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reafirmó esa idea", sostiene.
"La violencia de género, según el Estado cubano en sus informes presentados al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un problema intrafamiliar", o sea "'entre marido y mujer, nadie se debe meter', así la mate a palo, a puñalada o a machetazo", indica Laritza Diversent.
"La relación social entre el hombre y la mujer es de sentido de pertenencia y subordinación, una mujer puede ser atacada por su pareja por simples rumores de infidelidad o porque no quiere regresar a la relación", añade la jurista y recalca: "La violencia intrafamiliar no es parte del derecho a la intimidad".
Mientras que en la mayoría de países de la región las legislaciones avanzan en la protección de la mujer con acciones como la tipificación del feminicidio, en Cuba la tendencia es contraria. Poco cuenta la considerable presencia de mujeres a nivel estatal y político. Según cifras oficiales, representan el 46% de la fuerza laboral del sector público-civil y el 65% de profesionales y técnicos del país. Mientras que en las últimas elecciones del Poder Popular se eligió a un 40% de delegadas y a un 30% de presidentas de asambleas municipales.
"El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia", dicta el último inciso del artículo 45 de la nueva Constitución cubana, aprobada en referendum el 26 de febrero pasado. Un precepto constitucional que ha levantado expectativas en la Isla, en el debate sobre la violencia machista y el feminicidio, que es un fenómeno tangible aunque no se lo llame por su nombre.
Pero para la abogada Diversent, aquello es letra muerta si no trae como mínimo cambios en el Código Penal y el Código de la Familia. "No basta con el reconocimiento constitucional, las obligaciones (del Estado) son mucho más amplias. La reforma del sistema legal es una de esas. En palabras concretas, tienen que poner todo su sistema legal en función de la protección de los derechos fundamentales, incluido la protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, que se ven expuestas a toda forma de violencia".
Tirado como si fuese un desecho también fue encontrado el cuerpo de Yulismeidys Loyola Fernández cerca de Camino Jorobao, al oeste de la ciudad de Sancti Spíritus. Tenía 16 años, era hija única y estaba por empezar el último año de bachillerato. La hallaron con los pantalones bajados y la blusa desgarrada. Apenas unas horas antes, se había vestido de blanco y le había pedido a su madre que le tomara una foto para Facebook, como si inconscientemente hubiese querido dejar grabada su impronta por última vez. Había salido a divertirse con unos amigos a Villa Rancho Hatuey, un lugar de esparcimiento ubicado en la periferia de la ciudad. Transcurría agosto de 2018.
La adolescente fue apuñalada salvajemente. Tenía una estocada en la pierna, dos en la espalda que le atravesaron los pulmones y estaba degollada. El culpable, según reveló la Policía y reprodujeron los medios estatales, era uno de los jóvenes con los que había departido esa noche. El móvil, un intento de violación. Aunque familiares dudan de la versión oficial y piensan que el abuso sexual sí se perpetró.
En este caso, también hubo alarma y desinformación entre los lugareños, hasta que las autoridades se pronunciaron al noveno día. Un hecho insólito en cuanto a asesinatos de mujeres en Cuba, que han sido sucedidos por un silencio ensordecedor durante los últimos años. Todos, a excepción de tres casos: el crimen de Leydi Laura, el de Yulismeidys y el de Leydi Maura Pacheco, de 18 años, quien fue secuestrada, violada y asesinada a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Junco Viejo, provincia de Cienfuegos.
En el caso de Leydi Maura las autoridades sí dictaron fuertes condenas: cadena perpetua contra dos de los culpables y 30 años para un tercero.
Pero es una excepción. Otros crímenes atroces como los de Daylin Navarro Causse, de 36 años, y su madre Tomasa, de 64, perpetrados también en Cienfuegos, en el municipio cabecera, a mediados de mayo de 2017, no merecieron ninguna declaración oficial ni cobertura de los medios del Estado. Ambas fueron asesinadas a puñaladas por la expareja de Daylin, que no soportó la idea de que rehiciera su vida y esperara un hijo de otro.
Ocultamiento de Feminicidios, una política de Estado
Luis Mario, como se identifica este instructor de Policía, asegura que acumula más de 15 años de experiencia en procesos de investigación penal. Desde su apacible domicilio familiar en Ciego de Ávila, dice sentirse más cómodo para hablar de un tema catalogado como confidencial. Confiesa que es la primera vez que accede a conversar con la prensa independiente. Acto seguido, advierte que esto podría costarle el cargo y acarrearle represalias.
Hasta ahora, Luis Mario no tenía idea del significado de feminicidio. Puesto al tanto de que se trata del asesinato de una mujer a manos de un hombre a razón de su género, con tintes de machismo y misoginia, el instructor calcula que al menos una docena de casos que han pasado por sus manos "encajan perfectamente en la descripción".
Según el relato del policía, las investigaciones de crímenes de mujeres en Cuba nunca tienen un enfoque de género ni se realizan de forma cabal. "No existe un empeño real más allá de identificar al autor y establecer la existencia del delito y los elementos básicos que lleva un expediente penal", sostiene. Reconoce que existe una política de Estado que tiende a ocultar un fenómeno que ni al Ministerio del Interior ni al Partido Comunista interesa confrontar.
Esto lleva a que los procesos judiciales se sigan por homicidio, que en el Código Penal cubano se castigan con penas de entre siete y 15 años de privación de libertad, en lugar de por asesinato, que se castiga con penas de entre 15 y 30 años y amerita el análisis de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador. Agravantes que suelen ser comunes en los crímenes contra mujeres en la Isla.
"Es válido señalar también que existe cierta impunidad que las leyes del país ofrecen a los hombres agresores de mujeres", reflexiona Luis Mario. "Las condenas de cárcel no corresponden muchas veces con la naturaleza del delito, ya sea maltrato físico, mutilación o muerte. Por ejemplo, no existe ningún castigo contra los agresores que violan las órdenes de restricción o las actas de advertencia. En muchos casos de muertes de mujeres, su homicida incumplió las medidas impuestas por los tribunales o cumplió sentencias leves por lesiones o maltratos".
Cuando Luis Mario habla de la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género frente a su agresor y la omisión cómplice del Estado, parece como si estuviese recordando la muerte a puñaladas de Misleydis González García. Quién sabe si su asesinato, ocurrido un 26 diciembre de 2017, fue parte de esa docena de casos de feminicidios que ha conocido el instructor durante su carrera y que, además, admite haber tratado a la ligera, con la consigna de cerrarlos en el menor tiempo posible, sin levantar mucho polvo.
En el caso de Misleydis se junta todo. Un largo historial de violencia intrafamiliar. Denuncias previas que no sirvieron de nada. Nulas opciones de refugio por parte del Estado para resguardarla de su agresor. Silencio de las autoridades y la prensa oficial.
Se trata de un caso que vio la luz en la revista feminista independiente Alas Tensas, cuya directora, Ileana Álvarez, y el editor, Francis Sánchez, tuvieron que exiliarse en España junto a su hijo menor. Esto, por el hostigamiento policial que sufrieron tras investigar y visibilizar los feminicidios en Cuba.
Misleydis tenía 47 años y residía en la localidad de Aguas Verdes, provincia de Ciego de Ávila. Había presentado varias denuncias contra su conviviente, quien la amarraba, golpeaba y hasta le había propinado un machetazo en el brazo que la dejó lisiada. En un último intento por salvaguardar su vida, pasó sus últimos días refugiada en casa de una amiga cercana. También acudió a interponer una última denuncia, aunque en el fondo sabía que esa demanda de protección a las autoridades no haría la diferencia.
"No recuerdo exactamente la cifra, pero sí puedo asegurar que en el 90 por ciento de los casos, la víctima (de feminicidio) sufría violencia doméstica, y en poco más de la mitad de los casos la víctima habría denunciado a su pareja o expareja con anterioridad", asegura Luis Mario, como si del caso de Misleydis hablara.
"Muchas veces, cuando una mujer acude a la Policía para denunciar amenazas o maltratos, ni siquiera es atendida por una oficial mujer. La Policía no ofrece a las mujeres amenazadas o abusadas la más mínima protección, y tampoco existe una institución en Cuba, como en otros países, de refugio o protección para ellas", añade el policía.
La Federación de Mujeres que no las protege
Las únicas cifras que se conocen sobre muertes provocadas a mujeres en Cuba las publica el Anuario Estadístico de Salud bajo el término "agresiones". Homicidios, asesinatos y feminicidios se camuflan en esa categoría.
Según esos datos oficiales, en el periodo 2014-2015 perdieron la vida 293 mujeres por "agresiones", y en el 2016-2017 hubo 250 víctimas. Otro dato que llama la atención es el alto índice de muertes de mujeres por accidentes, no precisamente de tránsito. En 2017, fallecieron 1.329 mujeres por "caídas accidentales", mientras que 183 fallecieron en "accidentes de transporte". Incluso existe una causa de muerte encasillada como "eventos de intención no determinada", que entre 2016 y 2017 cobró 112 vidas de mujeres.
Eso no significa que todas estas muertes se puedan enlistar como feminicidios, pero esa misma opacidad de parte del Estado en las cifras oficiales deja flotando la duda y propicia la especulación.
Para este reportaje se solicitó información al Ministerio de Salud sobre las muertes violentas de mujeres en la Isla y también se preguntó qué significa la categoría de "intención no determinada" y cuáles eventos fatales caben dentro. Nunca se obtuvo una respuesta.
"Las estadísticas sobre el tema son secretas", indica la abogada Laritza Diversent y añade que los casos que se tramitan en los tribunales tienen el carácter de confidencial.
De hecho, los periodistas independientes suelen ser advertidos sobre las sanciones a las que se exponen por indagar sobre estadísticas y estados de procesos por asesinatos en la Isla. Esto en el Instituto de Medicina Legal de La Habana, así como en las fiscalías provinciales y tribunales populares. Incluso hay un artículo en el Código Penal que sanciona con penas que van desde los seis meses a los tres años de prisión al "particular que conozca un secreto administrativo, por haberlo indagado, o por haberlo obtenido subrepticiamente o por otros medios ilegítimos y lo revele o lo utilice en su propio beneficio". Pero como los casos de asesinatos son clasificados como "información sensible", la sanción podría llegar hasta los siete años de cárcel si se cataloga como "Revelación de Secretos Concernientes a la Seguridad del Estado".
Aunque las escasas estadísticas disponibles dan cuenta de la cantidad de mujeres que murieron por actos de violencia, "estas no incluyen el número de las que resultaron heridas o sobrevivieron a los ataques de sus parejas", advierte Diversent y hace énfasis en la necesidad apremiante de que el Estado provea de apoyo y refugio a mujeres abusadas, víctimas de violencia y explotación sexual. Mujeres como Misleydis, que no pudieron alejarse lo suficiente de sus agresores ni evitar sus tristes desenlaces.
O como el caso de Sol Ángel Díaz, quien sobrevivió a una violación ocurrida en las inmediaciones de la barriada El Calvario, en el municipio habanero Arroyo Naranjo, y hasta ahora vive angustiada porque su agresor nunca fue identificado. Además, no ha recibido apoyo de ningún tipo para sobrellevar el trauma.
La mujer recuerda con rabia el trato que recibió de la Policía cuando radicó la denuncia. Todos eran oficiales hombres. La escudriñaron de arriba abajo, con sorna, como si hubiese sido ella la culpable de su violación. Al solicitar la presencia de una oficial mujer, le informaron que no había ninguna en ese momento. Era medianoche.
Pasó un año hasta que la Policía volvió a contactar con ella. No para informarle sobre los avances de la investigación, sino para devolverle sus pertenencias —las mismas que vestía cuando fue violada— e informarle que el expediente se había archivado.
"Desde ese día no confío en ningún hombre, evito andar sola de noche, y dejé de creer en la justicia y en las instituciones, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que dice defender los derechos y la igualdad de la mujer. Y lo terrible es que para saber hasta qué punto estamos desprotegidas de todo, una mujer tiene que pasar por un episodio como el mío", lamenta Sol Angel, quien es madre de dos hijos y abuela de dos menores.
"La FMC, respecto a la representación y protección de los derechos de la mujer cubana, es una institución obsoleta". Lo dice una antigua dirigente. Pese a ser la principal organización femenina en la Isla, con más de cuatro millones de afiliadas, ninguno de sus numerosos frentes y programas contempla el refugio para mujeres abusadas.
"La FMC se ha oxidado en su papel de representar a la mujer cubana, su única puntualidad es la subordinación ideológica y política por encima de la representación. No está a la altura de estos tiempos en que la sociedad cubana experimenta una agudización del machismo y la violencia, especialmente la violencia contra la mujer", asegura Cecilia Prado, quien trabajó desde la sede que la FMC tiene en el municipio capitalino de El Cerro.
Con Prado coincide una especialista de la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia (COMF), un espacio creado por la Federación de Mujeres para la "reflexión, aprendizaje, orientación y recreación", que cuenta con sucursales en 155 municipios del país.
"Se llega a concebir, por hecho natural, que la infidelidad de la mujer se castigue con la muerte más atroz, como la decapitación, el desmembramiento o por machetazos. Lo que hoy sucede en Cuba es una muestra de que el Gobierno da la espalda al fenómeno", afirma una mujer que trabaja desde la provincia de Cienfuegos y prefiere mantener el anonimato.
Mientras, Prado explica que la FMC no tiene en su agenda promover ante instacias del Estado la penalización de la violencia de género. Añade que si bien el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) ha reconocido que deben modificarse los códigos Penal y de la Familia para alcanzar sanciones apropiadas para ese tipo de delitos, "los avances serán inefectivos si se desconoce la mentalidad de una sociedad históricamente machista, que la Revolución no pudo superar a pesar de su empeño y de más, sin importar el triunfalismo en el discurso del Partido".
A la mentalidad machista que predomina en la Isla se suma, señala Cecilia Prado, la precariedad en la que vive gran parte de la población cubana.
"Desde el punto de vista social, las condiciones de profunda contracción económica han arrojado consecuencias negativas como la inestabilidad laboral, acumulación de tensiones y desequilibrio personal y familiar ante el déficit de recursos imprescindibles y la imposibilidad de su solución a corto plazo. Todo este contexto favorece la aparición de situaciones violentas", apunta la psicóloga Yanet Cruz, quien ha estudiado la caracterización sociosicológica de sujetos violentos en la Isla.
Esa misma realidad la confirma el policía Luis Mario, quien consultado sobre los principales móviles de asesinatos de mujeres en Cuba, manciona la infidelidad, los celos y el machismo.
"Todos estos elementos giran en torno a los altos consumos de alcohol y de drogas. Los graves problemas de vivienda y hacinamiento conllevan a la llamada violencia intrafamiliar donde, por lo general, las mujeres llevan la peor parte y engrosan los desenlaces fatales", añade.
Impunidad campante
El primer día de septiembre de 2017 murió Amira Yinett Barrio Vidal. Tenía 29 años, un hijo de diez y el sueño de viajar a Italia a visitar a su hermana.
Amira había sido amenazada por su excónyuge y padre de su niño, pero ella se había negado a denunciarlo porque pensaba que era incapaz de hacerle daño.
El asesino llegó de forma amigable a su departamento ubicado en La Habana Vieja y logró sacar a la madre de Amira de la vivienda con la excusa de que fuera a comprar cigarrillos. Después, bloqueó la puerta y apuñaló a la mujer frente al hijo de ambos.
Los gritos de Amira y los del menor alertaron a los vecinos, que intentaron sin éxito entrar al departamento. Solo 20 minutos después del ataque tuvieron acceso. Alguien levantó a Amira en peso y la introdujo en un vehículo para llevarla a un hospital, pero la joven falleció en el trayecto. En un vídeo que circuló en las redes sociales se vio a un barrio conmocionado y a la mujer desangrada, que era sacada en brazos.
Por la muerte de Amira Yinett, su expareja fue condenado a la pena mínima que consigna la figura de asesinato en el Código Penal: 15 años de privación de libertad, un castigo insignificante para su familia por el vacío que les queda. Y eso que ese caso se procesó por asesinato, porque por lo general los crimenes contra mujeres en Cuba se juzgan como homicidio, lo que resulta en sentencias inferiores.
"Aunque el homicidio en Cuba se sanciona con condenas de entre siete y 15 años de privación de libertad, con un buen comportamiento —entiéndase trabajar y participar en los planes de reeducación del Departamento de Prisiones— cualquier recluso sancionado por este delito saldría en libertad condicional a los siete años, incluso menos", explica la exjueza Dianelis Martínez, y agrega que la norma es sancionar el delito a diez años y, a partir de cumplirse un tercio de la sanción, el recluso tiene la posibilidad de salir regularmente de pase.
Según la exmagistrada, estas acciones, que deberían conducir a la reinserción social, acentúan la impunidad y condicionan los comportamientos violentos que desembocan en nuevos homicidios.
El Estado también ejerce violencia contra las mujeres
"¿Qué pasa con la violencia de los agentes policiales contra la mujeres defensoras de derechos humanos, las técnicas de desnudarlas o dejarlas abandonadas en lugares despoblados, o la persecución del sistema penal y judicial contra las mujeres que ofrecen servicios sexuales, sin castigar a quien los demanda?", se pregunta la directora de CUBALEX, Laritza Diversent. "No puedes ver de forma diferente la violencia intrafamiliar a la que ejerce el Estado contra las mujeres, y si de una forma u otra estimula esa violencia" en el ámbito privado, subraya.
Diversent habla con propiedad. En septiembre de 2016 las oficinas que tenía su organización en La Habana fueron objeto de un allanamiento policial, en el que se confiscaron equipos, dispositivos electrónicos y unos 200 expedientes de personas a las que asesoraban, además de arrestar a uno de los abogados y a un activista. A las mujeres las obligaron a desnudarse y hacer cuclillas.
La razón que ofreció para el allanamiento la funcionaria del Ministerio de Justicia que formaba parte del operativo fue la de "asociación ilícita". El equipo de CUBALEX tuvo que asilarse en EEUU, desde donde sigue trabajando.
En las circunstancias cubanas, dice Diversent, la violencia se convierte en un arma adicional para someter a las mujeres que no están alineadas al régimen. "Los agentes de la Seguridad del Estado incitan a los esposos de las mujeres defensoras a que utilicen la violencia intrafamiliar para obligarlas a desistir de su trabajo".
"La actuación a la hora de la denuncia también deja que desear. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia a su pareja por abuso y les ponen una multa a ambos por desorden público", indica.
Un caso lamentable es el de Elsa Rubio Fernández, de 26 años y oriunda de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su expareja, Plácido Taname, solía burlarse de ella y amenazarla. Le decía que la iba a matar y que quedaría impune porque su familia era opositora. La madre de la joven, la Dama de Blanco Mercedes Fernández Fonseca, estaba al tanto y había acudido varias veces a la Policía a denunciar.
"Yo hice cinco denuncias porque él amenazaba que me la iba a matar y nunca lo metieron preso", dijo Fernández en el funeral de su hija, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 7 de enero de 2013.
"El régimen castrista ha creado esa mentalidad de ciertos elementos, de que pueden golpear y hasta atentar contra la vida de opositores pacíficos y que el delito quedaría impune", comentó el disidente José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien hizo público el crimen.
Por la falta de cobertura mediática de los asesinatos de mujeres y la imposibilidad de indagar en los tribunales, no se conoce si el verdugo fue condenado o el feminicidio de Elsa quedó en la impunidad.
Y es que el ocultamiento sistemático de la violencia de género y los feminicidios en Cuba, más que demostrar una debilidad del régimen, pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Se trata de un fenómeno nacional que ha dejado su huella en prácticamente todas las provincias. Un fenómeno imposible de controlar si el Estado no comienza a tratarlo como tema prioritario. En palabras de la jurista Laritza Diversent, la ruta a seguir es clara: el Estado tiene que, primero, abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres; segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos violentos contra ellas, y en tercer lugar, debe adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales.
"Reconocer la violencia de género es insuficiente, sin capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, me refiero a policías, jueces y fiscales", concluye la Directora de CUBALEX, haciendo nuevamente hincapié en la necesidad apremiante de refugios y centros de rehabilitación para las mujeres sobrevivientes de la violencia.