Mujeres abusadas frecuentemente por sus parejas declaran sentirse desamparadas por las leyes y advierten que las medidas "preventivas" contra sus agresores, emitidas por las autoridades policiales cuando denuncian el abuso, no funcionan.
Las víctimas de violencia machista consultadas para este reporte accedieron a dar su testimonio bajo la condición de que se cambiaran sus nombres reales, por temor a represalias tanto de sus maltratadores como de la Policía.
"Vivo en estado de paranoia constante ante cualquier hombre que se me acerca", dice María Eugenia, dependienta en una cafetería estatal.
"Puede que parezca exagerado, pero en una ocasión el jefe de sector de la Policía me amenazó con retirar la orden de alejamiento que le habían aplicado al padre de mi hijo cuando lo acusé por maltrato y amenaza. Fue en represalia porque que le exigí que hiciera su trabajo, ya que mi marido incumplía la medida todo el tiempo", relata. "Di tú, amenazada doblemente".
Los testimonios sobre irregularidades en los procedimientos de la Policía se repiten en los relatos de estas mujeres. Aseguran no tener garantía de que sean aplicadas las leyes correspondientes cuando sus agresores infringen medidas preventivas como la orden de alejamiento o las actas de advertencia.
"También eres maltratada cuando decides denunciar", dice Dalia Mercedes, educadora de un círculo infantil.
"Una espera en la estación de Policía recibir un gesto solidario, la atención de una oficial mujer, pero te encuentras con hombres uniformados que te cachean con la mirada, te escuchan con fastidio y con la frase 'te lo buscaste' en los ojos".
El proceso de denuncia por maltrato y amenaza —explica bajo condición de anonimato un instructor de Policía— "estipula la comparecencia de testigos o la presentación de pruebas respaldadas por certificado médico, y que la víctima, por las circunstancias y condiciones, alegue fundado temor".
Según las agravantes en los hechos cometidos, se aplica contra el denunciado la prisión preventiva, la orden de alejamiento o el acta de advertencia.
"¿Qué testigos podemos presentar cuando el maltrato, las amenazas y la violencia ocurren puertas adentro?", cuestiona Elsa Beatriz, ama de casa, madre de un menor con síndrome de Down y dependiente económicamente de su cónyuge.
"La orden de alejamiento no funciona ni protege a las mujeres que somos maltratadas. Perdí la cuenta las veces que mi marido ha violado esa orden y jamás la Policía hace nada al respecto ni los tribunales interceden. Sin embargo, cuando dejas de pagar una multa la notificación te llega puntual".
Con más de diez años de experiencia en estudios de caracterización sociopsicológica de sujetos violentos, la psicóloga Yanet Cruz advierte que en Cuba, lamentablemente, la violencia intrafamiliar no está considerada como un problema de salud relevante.
"La cantidad de mujeres maltratadas y amenazadas que decide denunciar a sus maltratadores ante la Justicia es notablemente baja en comparación con los niveles de violencia intrafamiliar reportados en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia".
"Es un indicativo evidente de que las mujeres abusadas no tienen confianza en las instituciones encargadas de asegurar el orden e impartir la justicia", apunta la especialista.
'Que Dios nos ampare, porque las leyes no lo hacen'
Ana Laura vive escondida de su cónyuge en Pinar del Río, donde residen sus primos, y dice que no regresará a La Habana hasta el día del juicio. Aunque su pareja recibió una orden de alejamiento por el delito de amenaza, no tiene confianza en que esa medida la proteja.
"Esto no es vida", lamenta esta joven que no ha podido culminar sus estudios para convertirse en trabajadora social debido al acoso del hombre que fue su pareja durante diez años.
"Como medida hasta la celebración del juicio le impusieron una orden de alejamiento que no sirve para nada. En varias ocasiones he notificado a la Policía que él me importuna lo mismo cuando voy a la escuela que en mi trabajo y siempre me responden lo mismo: que si no hay testigos de la amenaza no pueden proceder porque él reside en el mismo municipio".
Cuando un hombre acusado de amenaza y maltrato infringe reiteradamente y sin consecuencias una orden de restricción o un acta de advertencia, ¿a dónde ir?
El cuestionamiento lo enuncia Tahimí, técnica farmacéutica y madre de dos adolescentes, quien dice no tener fe en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia ni en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), como instituciones que podrían servir como mediadoras o como lugares de amparo para las mujeres abusadas.
"Que Dios nos ampare, porque las leyes no lo hacen. No soy de aquellas mujeres que acusan a sus maridos y a las dos horas retiran la denuncia, pero sí tengo la experiencia de que cuando decides llevar tu caso ante la justicia es peor. Ellos saben que no pasará nada si no acatan la orden de alejamiento o el acta de advertencia".
Para la escritora independiente Lucía Corrales, víctima de un episodio violento en el cual casi perdió un ojo, tanto las leyes como la Justicia y los recursos "se focalizan en reprimir a las mujeres activistas de organizaciones civiles opositoras" y no en atajar las circunstancias y los comportamientos sociales que desencadenan los actos de violencia contra la mujer.
"¿Cuántas mujeres cubanas tienen que ser maltratadas y asesinadas antes de que el Gobierno deje de hacer uso exclusivo del Código Penal y de los recursos en función de coaccionar y sofocar a las activistas de la oposición? ¿Cuántas familias cubanas rotas se necesitan para que el Gobierno legisle y penalice la violencia de género y el feminicidio?", preguntó Corrales.
Los casos expedientados por la Policía y el Instituto de Medicina Legal no están a disposición pública para medir el alcance del maltrato y las amenazas contra las mujeres. Tampoco están reflejados en estadísticas oficiales datos sobre individuos sancionados por incumplir una orden de alejamiento por estos delitos.