Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos han sido acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de "crímenes de lesa humanidad" por la "esclavitud, persecución y otros actos inhumanos" a los que someten a "cientos de miles de profesionales" enviados a las llamadas "misiones internacionalistas" y a sus familias.
La denuncia es otro golpe a lo que representa la mayor fuente de ingresos del régimen: la venta de servicios profesionales, principalmente médicos.
Los otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
La demanda ha sido presentada por la Asociación Prisoners Defenders International Network; su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat, y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, ambos españoles. Asimismo, por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y su coordinador general, el exprisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García.
Larrondo Calafat y Rivero Silva la han dado a conocer este martes por la mañana en una conferencia de prensa en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington, en la que han participado también el diputado español Carlos Rojas y Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados de la CPI.
Al dar inicio a la cita con los medios, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió a las misiones médicas cubanas como "una herramienta esencial" y "subterfugio" diplomático de La Habana tras las que se esconde la "verdadera intervención" y puso como ejemplo el caso de Venezuela.
"Las misiones han sido la máscara para la mayor fuente de ingreso para el régimen a costa del trabajo de sus profesionales", agregó Almagro.
"Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune (…) constituye otra sistemática violación de los derechos humanos" en Cuba, añadió.
La Corte Penal Internacional ha recibido la demanda, de 350 páginas, lo que no significa que acepte abrir el proceso.
Los denunciantes consideran que la CPI tiene competencia —aunque el Estado cubano no sea parte— dado que se documentan profusamente crímenes tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma. Además, que el tribunal internacional tiene jurisdicción, "pues los crímenes que se denuncian son cometidos por los responsables del Gobierno y la Administración de Cuba en territorio de numerosos estados que son parte de la Corte", como Brasil, Botsuana, Guatemala, Honduras, Venezuela y Bolivia, y "el régimen cubano no va a ejercer actividad judicial alguna para exigir responsabilidades penales" por esos delitos.
Los autores de la demanda acusan al Estado de Cuba de someter a los médicos y otros profesionales a control y medidas represivas que constituyen condiciones de "esclavitud", al ejercer "atributos del derecho de propiedad" sobre ellos.
Si los profesionales intentan liberarse, afirman, se inician contra ellos "terribles acciones" que buscan "aterrorizar, coaccionar y finalmente destrozar la vida".
Los denunciantes aseguran haber reunido 64 testimonios públicos de médicos que han escapado de misiones y otros 46 de profesionales cuyas identidades deben ser protegidas "porque están aterrorizados con las consecuencias de que su nombre se haga público y repriman a sus familiares en la Isla".
Añaden que, desde que iniciaron el estudio del caso, hace un año, enviaron solicitudes a más de 10.000 médicos desertores, "siendo la respuesta habitual que tenían auténtico pánico" por las posibles consecuencias.
"Pruebas documentales y testimonios irrefutables"
En total, los responsables de la demanda dicen haber estudiado 110 casos en diez países. Incluyen en el extenso documento enviado a la Fiscalía de la CPI "pruebas documentales y testimonios irrefutables" que, aseguran, demuestran que:
—Las misiones están compuestas por entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles cubanos anuales de diferentes sectores, que "no se presentan voluntarios", sino que son "fuertemente coaccionados" y enviados a entre 65 y 100 países.
—Los profesionales son alejados de sus familias e hijos menores por períodos de tres años, sin posibilidad de que sus familiares los visiten, pues el Gobierno impide a los familiares salir de la Isla.
—Si el profesional decide abandonar el trabajo y volver a Cuba, o no regresar a la Isla tras terminar la misión, "comienza una persecución terrible". El Código Penal cubano contempla en su Artículo 135 para estos casos penas de entre tres y ocho años de cárcel. Como alternativa, a quienes no regresan se les niega la entrada al país durante ocho años. "Por ello, decenas de miles de familias están separadas", con el daño que eso implica para menores, ancianos y otros allegados.
—A los trabajadores no se les ofrece contrato en la mayoría de los casos y países estudiados. Cuando firman alguno, casi nunca reciben copia. De los países estudiados, solo en Brasil y Arabia Saudí tenían los profesionales copias del documento.
—A los profesionales se les despoja del pasaporte al llegar al país de destino. Además se les prohíbe viajar con sus títulos universitarios e historial de experiencia legalizados.
—Los trabajadores reciben solo entre un 10% y un máximo del 25% de lo que pagan por ellos en salario los países de destinos. El resto lo percibe el Gobierno cubano y, en alguna de las misiones (como la de Brasil), La Habana "reparte otro 5% con intermediarios que faciliten la transacción".
—Los trabajadores son obligados a vivir muchas veces hacinados y con toque de queda al atardecer. Tampoco se les permite conducir.
—No pueden relacionarse con nativos ni extranjeros, ni se les permite tener con ellos relaciones sentimentales o contraer matrimonio.
—Los jefes de misión (personal de seguridad) tienen que vigilar los movimientos de los trabajadores y estos son obligados a vigilarse entre sí.
—A la mayoría de los médicos se les obliga a cambiar las estadísticas de los resultados de su trabajo. Asimismo, se les encomiendan misiones políticas y tratar con preferencia a los pacientes que son del partido en el poder (caso de Venezuela).
—"Se les hace trabajar jornadas infernales", más del 160% de la carga estipulada por la Organización Internacional del Trabajo.
—Todos los entrevistaron confesaron que son amenazados constantemente. El 22% convive con la violencia y el 41% dice haber sufrido o haber sido testigo de acoso sexual.
Sentencias judiciales y otras pruebas
En el documento entregado a la Fiscalía de la CPI, los demandantes incluyen, además de testimonios, contratos de los trabajadores, grabaciones, reportes de prensa, sentencias judiciales y otras pruebas.
Recuerdan que en agosto de 2008 un tribunal de Miami condenó a la empresa Curaçao Dry Dock Company (CDC), de las Antillas Holandesas, a pagar 80 millones de dólares en indemnizaciones por daños y perjuicios a cientos de trabajadores cubanos de astilleros, explotados junto a La Habana.
Según los contratos de trabajo, los empleados debían cobrar 1.500 dólares al mes con dietas, pero solo recibían 400 pesos cubanos (unos 16 dólares) por su trabajo. CDC pagaba los salarios a La Habana, descontando una deuda por la reparación de barcos cubanos.
La sentencia mencionó "pruebas abrumadoras e incontrovertidas" de las reclamaciones de los demandantes, la falta grave de conducta de la empresa y el posible efecto disuasorio sobre otras compañías.
Otra sentencia incluida en la documentación es la de los médicos Arnulfo Castanet Batista y Maireilys Álvarez Rodríguez, quienes demandaron al Gobierno de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) por el derecho a recibir el salario completo y a integrarse con plenos derechos al programa brasileño Más Médicos, en igualdad de condiciones con los demás profesionales extranjeros.
También está en los documentos el fallo favorable a los profesionales José Ramón Ramírez Espinosa, Adrián Estrada Barber, Yusley Moreno Tornes quienes demandaron a Brasilia, la OPS y la CSMC por haber sido excluidos de Más Médicos tras contraer matrimonio y querer permanecer en Brasil. Los jueces fallaron a favor de estos médicos.
Lo mismo ocurrió en el caso de Asdrúbal Pérez Soto, quien luego huir de la misión en Brasil pretendía ejercer su trabajo sin tener que dar un porciento al Gobierno cubano.
Otra prueba incluida por los denunciantes son grabaciones de altos funcionarios del Ministerio de Salud de Brasil que salieron a la luz en 2015 y demuestran que "tenían como misión encontrar mecanismos para que el verdadero propósito del programa, financiar al Gobierno cubano, no fuera fácilmente descubierto". Además, ayudar a La Habana a camuflar como médicos a agentes de la Seguridad del Estado que enviaba para el control de los profesionales.
Los autores de la denuncia documentan también que Brasil pagaba por le trabajo de cada médico cubano unos 4.276,25 dólares al mes, de los que los profesionales recibían solo 1.000. Pero, de esa cantidad, 600 quedaban congelados en una cuenta en Cuba hasta el fin de la misión. Solo podían cobrarlos si regresaba a la Isla.
Por otra parte, del dinero que La Habana quitaba a los profesionales, la OPS, intermediaria en el pago, se quedaba un 5%, unos 213,81 dólares por cada médico.
Iniciativas parlamentarias
Los denunciantes han añadido a la documentación las iniciativas parlamentarias puestas en marcha en España y Estados Unidos a favor de los médicos cubanos. Ambas condenan las condiciones abusivas a las que son sometidos los profesionales y piden a Madrid y Washington dar refugio a aquellos que escapan de las misiones.
Los responsables de la demanda alertan a la Corte Penal Internacional sobre "la ausencia absoluta de independencia judicial y garantías procesales" en Cuba, que "impiden a las víctimas solicitar justicia en su país de origen".
Las propias leyes cubanas "articulan y amparan la esclavitud" en las misiones internacionalista "de forma explícita, y la persecución de que son objeto" los trabajadores, advierten.
La denuncia ha sido presentada también ante comités de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.
