La Alianza Regional por la Libre Expresion e Información llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su análisis y sus preocupaciones en torno a la reforma constitucional cubana.
Durante la audiencia "Reforma constitucional y Derechos Humanos en Cuba", desarrollada dentro del 171º período de sesiones de la CIDH, en Sucre, Bolivia, la Alianza advirtió que la nueva Carta Magna mantiene el reconocimiento al Partido Comunista (PCC, que ha tutelado la reforma) como único y dirigente, "sin prever su obligación de acatar los principios de soberanía popular, supremacía constitucional y legalidad".
Asimismo, señaló que el texto de la nueva Constitución, que irá a referendo el próximo 24 de febrero, no contiene "limitación alguna" que impida al PCC convertirse "en intérprete de las normas constitucionales", en la medida en que esta función queda en manos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Tampoco se establecerían órganos jurisdiccionales autónomos para el control de la constitucionalidad de leyes y normas, lo que impediría que los ciudadanos puedan realizar demandas contra disposiciones que impliquen violaciones a los derechos fundamentales.
Por otra parte, la Alianza expresó su preocupación por la legitimación de la violencia social contra quienes tengan una ideología u opinión política diferentes de las del Estado, lo cual podría derivarse del Artículo 4, que consagra la "traición a la patria" como el más grave de los crímenes.
La Alianza hizo además a los miembros de la CIDH una comparación entre la situación de los derechos y libertades previstos en la nueva Constitución y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública, libertad de reunión y asociación, y derechos políticos.
En el caso de la libertad de expresión, si bien el proyecto incluye su reconocimiento, la Alianza alertó que preocupa que el contexto normativo y político del país, así como el monopolio de los medios de comunicación y las restricciones a la actividad periodística y la circulación de información, presenten un límite a su pleno ejercicio.
La audiencia recordó que mientras se elaboraba y discutía la nueva Constitución, el Gobierno mantenía la represión contra los periodistas independientes, con arrestos e interrogatorios arbitrarios, robos de materiales y equipos de trabajo, amenazas de cárcel y muerte, prohibición de viajar al exterior y hostigamiento a las familias.
Fue mencionado el caso de los periodistas de DIARIO DE CUBA Adriana Zamora y Ernesto Carralero, contra quienes el régimen cubano ha empleado singular crueldad.
Por todo lo anterior, la Alianza Regional solicitó a la CIDH y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión elaborar un análisis y pronunciamiento claro acerca de los posibles avances y retrocesos de esta reforma en relación a los estándares internacionales.
También pidió que, en caso de que la nueva Constitución sea aprobada, se realice el seguimiento a las leyes y reglamentos que se emitan derivados de ella, en las que podrán acotarse o habilitarse el efectivo goce de los derechos.
Igualmente solicitó prestar especial atención a las peticiones de medidas cautelares relacionadas con casos que ocurran en Cuba, especialmente sobre el derecho a la libertad de expresión, e instó a que el Estado cubano, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, respete plenamente y garantice el pleno ejercicio de las libertades de expresión, prensa y asociación, así como el acceso a la información pública de sus ciudadanos.
*Informe completo de la Alianza Regional por la Libre Expresion e Información