El texto final de la Constitución que irá a referendo el próximo 24 de febrero continúa criminalizando derechos y libertades, opinaron líderes de varias denominaciones evangélicas y no descartaron que los religiosos terminen uniéndose a la campaña #YoVotoNo.
En su segunda parte, el artículo 54 del texto mantiene que "la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos".
"Sin embargo —dijo a DIARIO DE CUBA una fuente eclesial que pidió no ser identificada—, esas son las condiciones en las que el ejercicio de la libertad de conciencia es vital".
"El artículo 54 contradice otros, como el que habla de libertad de expresión", añadió.
Si bien los medios de comunicación se enfocaron en la oposición evangélica al matrimonio igualitario a partir de su doctrina bíblica, una declaración de más de 20 iglesias incluyó otras peticiones para sumar a la nueva Constitución.
Entre ellas estaba la no criminalización de la objeción de conciencia. Asimismo, las iglesias rechazaban la condena a la "acumulación de riquezas". En ese aspecto el presidente de Asambleas de Dios, Moisés de Prada, se preguntaba si se considerarían como tal las propiedades y medios de transporte que poseen las instituciones religiosas.
Igualmente, los evangélicos exigían que la Constitución reconociera el deber del Gobierno y sus dependencias de responder a preguntas y reclamos de instituciones, como lo reconoce para las personas.
El pastor de la denominación Pinos Nuevos, Antonio Lorenzo, mencionó a la agencia de noticias IPS la existencia, desde 2011, de un programa de educación sexual con lo que considera "ideología de género".
Hernández se preguntó "¿quién aprobó eso, qué padre lo discutió?".
"Como solo hay una opción de escuela en Cuba, la pública, para que vayan nuestros hijos y nietos —apuntó Iosvany Navarro, líder de la Iglesia Evangélica Independiente— entonces también debemos ser escuchados".
En diciembre de 2018 la Asamblea Nacional emitió un tuit que anunciaba la eliminación el Artículo 68, el cual allanaba el camino al matrimonio homosexual.
La Asamblea decidió diferir el tema a la elaboración del nuevo Código de la Familia que podría demorar dos años.
Activistas LGBTI y otros ciudadanos consideraron que la campaña de las iglesias evangélicas fue definitoria en la eliminación del artículo.
De ser así, afirmaron religiosos, esta sería la primera vez que un grupo organizado de la ciudadanía revoca una inciativa promovida por la dictadura.