El Gobierno de Miguel Díaz-Canel se vio obligado a rectificar sus "fallas" al pretender desde la fría legislación restringir aún más el desarrollo del sector privado cubano y del arte independiente. Lo cual siembra la duda de si realmente está preparado para enfrentar los retos de gobernar un país controlado por los militares siendo un civil, o de si le dejaron en las manos una "papa caliente".
No fue suficiente, al parecer, el poder extraordinario de emitir decretos y aprobar resoluciones sin discusión ciudadana ni un Legislativo plural que le sirva de contrapeso. Tras sus primeros pasos, el presidente se ha tambaleado y ha cedido ante la movilización ciudadana activa de muchos artistas, algo inédito en seis décadas de sistema socialista totalitario, así como frente a la opinión pública desfavorable a las restricciones al sector privado.
"Ha sido especialmente vital el espacio de libertad de expresión que proporciona internet frente al tradicional control mediático oficial, que es algo que se cuestiona desde los círculos intelectuales desde hace tiempo, sin resultados. La protesta pacífica y la denuncia constante contra el (Decreto) 349 hizo la diferencia, hay que reconocerlo, así como el rechazo manifiesto de la población a regulaciones que más que organizar el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y el arte, pretendía asfixiarlos y someterlos, o al menos dejaban espacio para ello", opina un profesor adjunto de Sociología, de la Universidad de Holguín, e investigador de la Academia de Ciencias de Cuba, que pidió anonimato.
El Decreto 349 firmado por Díaz-Canel el 20 de abril del presente año 2018, solo un día después de asumir la presidencia de los consejos de Estado y de Ministros, ya no será aplicado tal y como estaba estipulado. Solo se implementará de forma parcial en instituciones del Estado, a la espera de que el Ministerio de Cultura dicte las "disposiciones complementarias".
Estas, con seguridad, "suavizarán" e intentarán "minimizar" el carácter restrictivo de la libertad de creación artística y su subordinación a las instituciones estatales. Es decir, cambiarán el Decreto sin aceptar que lo han cambiado, que han cedido.
Tampoco la muy esperada Resolución 11/2018 del Ministerio del Trabajo, que traería la actualización del TCP y permitiría aprobar nuevas licencias, se aplicará como inicialmente fue anunciada. Se promulgó en junio pasado y fue aprobada por el nuevo Consejo de Ministros que encabeza Díaz-Canel. Sin embargo, tuvo que ser enmendada el pasado 5 de diciembre, dos días antes de su implementación, lo que representa sin duda otra pifia del novel mandatario, impuesto por el Partido Comunista y cuyo eslogan es "la continuidad".
En esencia, aunque sujeto a nuevas reglas, se derogaron los controvertidos artículos 2 y 4 de dicha resolución, que prohibían tener más de una licencia por persona (el primero), y más de 50 capacidades en licencias de restaurante, cafetería y bar, sin que en una misma vivienda pudieran coincidir más de una de estas actividades, aunque fuesen a nombre de diferentes personas.
También el Decreto Ley 355, que modifica el artículo 18 del Decreto Ley 289, e impone como obligación a las "formas de gestión no estatal" operar en una cuenta corriente en el sistema bancario nacional —antes opcional— sufrió modificaciones en su implementación. Solo seis actividades tendrán inicialmente que acatarlo (restaurantes, cafeterías, bares, arrendadores, transportistas y constructores). Se impondrá gradualmente a las demás, o se derogará si no fuese factible. Igualmente, el depósito inicial obligatorio en esa cuenta fue reducido de tres cuotas mínimas mensuales a dos, y la cuantía autorizada para que el contribuyente retenga en sus manos (sin ingresarlo a la cuenta) subió del 20% al 35%.
Ha sido una victoria conseguir con una mayor movilización ciudadana estas retracciones de un sistema político acostumbrado a gobernar por decreto y a imponer reglas inconsultas, basadas en visiones personales dogmáticas y no en las necesidades reales de nuestro país.
Esas visiones son, por mucho, las causantes de la profunda crisis económica y social que vive Cuba.
En esa victoria han influido desde los estados de opinión de la población en los seminarios del propio TCP, en la calle, en las redes sociales y en los medios independientes —cada vez más francos y desinhibidos—, hasta la defensa pública activa, tanto en actos de resistencia o manifestaciones cívicas como desde organizaciones de la verdadera sociedad civil cubana, desligada del poder para cumplir su rol.
Y "en ello internet ha jugado un factor clave y liberador. Ha permitido un espacio de libertad de expresión que los medios oficiales ni las leyes han conseguido en el ámbito más tradicional, radiofónico, televisivo o impreso", apunta el citado sociólogo. Y es porque estos últimos están controlados hegemónicamente y condicionados a los intereses del Partido Comunista.
El sistema fue obligado a dar la cara, a defenderse con artículos en la prensa, entrevistas a medios internacionales y tres Mesas Redondas para tratar de cambiar el enfoque, anunciar los cambios como logros propios y hasta politizarlos con la insinuación del viejo fantasma del "enemigo". Tuvo que utilizar opiniones de figuras emblemáticas de la cultura nacional, enfocadas realmente en la parte correcta del Decreto 349, relacionada a la necesidad de poner coto a la vulgarización del arte y su consumo público, que sí es una cuestión demandada.
Y aunque la arrogancia impidiera a las autoridades reunirse con los artistas o reconocer públicamente sus errores, solo el verse forzadas a darle la vuelta a la legislación que quisieron imponer, con aplazamientos, revocaciones parciales y disposiciones complementarias, evidentemente conciliatorias, ha sido una victoria de nuestro pueblo. No importa que desde los medios oficiales enfoquen estos cambios de última hora como un mérito del Gobierno o la Revolución "que escucha al pueblo" y "cambia todo lo que debe ser cambiado".
Aun sin reconocerlo como un error derivado del autoritarismo y del poder despótico, fue el resultado de la lucha social pacífica por una Cuba más democrática e inclusiva. Un ejemplo de civismo de los cubanos y también de la incapacidad del Gobierno autoritario de Díaz-Canel de legislar correctamente a espaldas del pueblo.