Leonel Gerardo Rodríguez es contratista de una brigada de servicios constructivos privada. Como otros habaneros, no comparte el entusiasmo del Gobierno sobre las modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera.
Seis años atrás, junto a otros diez trabajadores, Rodríguez decidió abandonar la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC) para probar suerte en el sector privado.
"La inversión extranjera no va a salvarnos del bloqueo interno", advierte en referencia a que la población cubana tendrá escasos beneficios de los que generen los negocios con capital foráneo en la Isla.
"El italiano que nos contrató para construir el edificio de Malecón y Crespo nos pagaba de su bolsillo 80CUC a cada trabajador, aparte del salario del Estado [en moneda nacional], para evitar que robáramos materiales y para que tuviésemos mejor rendimiento", relata Rodríguez.
El pasado 2 de agosto, el Consejo de Ministros estableció modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera —que entrarán en vigor 30 días después de su aprobación— mediante el Decreto 347/2018, las resoluciones 206/2018 y 207/2018 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y la Resolución 14/2018 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Aunque las modificaciones incluyen, entre otros aspectos, la eliminación del estudio de factibilidad como exigencia obligatoria para presentar una propuesta de negocios ante el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), las condiciones de contratación, recompensa, promoción y cualificación de la mano de obra local podría obstaculizar el objetivo de los cambios, que deberían suponer una suerte de salvavidas para la economía del país.
Yaser Fernández trabajó como chef en la cocina del Hotel Manzana Kempinski y afirma que renunció por la desigualdad salarial entre los trabajadores cubanos y los extranjeros, pese a que tenían la misma cualificación y las mismas responsabilidades.
"El chef de cocina francés, amigo mío, cobraba 1.300 dólares, mientras yo cobraba 350 pesos cubanos, aunque en la nómina que se firmaba decía CUC", asegura. "Mientras no se resuelva el sistema de pago a trabajadores cubanos en empresas extranjeras, ningún cambio en la Ley traerá beneficios a los cubanos y, además, sería bonito saber a manos de quiénes va a para la plata fuerte", cuestiona.
Varios economistas cubanos que participaron durante el pasado mes de julio en la vigésimo octava conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE, por sus siglas en inglés) coincidieron en que las reformas impulsadas desde 2007 por el Gobierno de la Isla se han revelado de escaso calado para sacar al país de una situación de desequilibrio estructural.
"Luz para la calle, oscuridad para la casa"
El Gobierno cubano, que ha reconocido necesitar al menos 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa para el sostenimiento económico nacional, no se decanta por propiciar un mercado interno. Al contrario, concentra esfuerzos para limitar el desarrollo de iniciativas de inversionistas extranjeros con el sector privado.
Especialistas como Vidal Romero concuerdan en que un fenómeno observado en Cuba desde hace tiempo, han sido las "inversiones extranjeras o de otros gobiernos en suelo cubano con participación gubernamental de capitales de origen dudoso", además de señalar la existencia de particulares que, aprovechando las tibias reformas, invierten dinero de origen ilícito en negocios legales en la Isla.
"Una consecuencia de la ineficacia y del burocratismo endémico que florece en las instituciones, pero de la que también tiene toda responsabilidad la política del Gobierno, que jamás asume su culpa", señala Adanelio Benavides, contratista privado en La Habana Vieja, refiriéndose a que Raúl Castro culpó de la insuficiente llegada de capital extranjero a "la mentalidad obsoleta y llena de prejuicios [de las instituciones] contra la inversión foránea".
"De cualquier manera, estas modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera podrán beneficiar a los inversionistas extranjeros, pero nunca a los emprendedores nacionales. Como dice el refrán: luz para la calle, oscuridad para la casa", agrega Benavides.
Según reportes de The Havana Consulting Group (THCG), durante el último año la fuga de capital local hacia el exterior rondó entre 280 y 350 millones de dólares anuales, a consecuencia de las trabas que impone el régimen al sector privado.
"Pero esas restricciones van más allá de los emprendedores cubanos; su alcance llega hasta los propios inversores extranjeros", ataja una especialista de la Casa Consultora DISAIC.
"Aunque el proyecto de reforma constitucional reconoce el papel del mercado y de nuevas formas de propiedad privada, e incluso se agregara un pequeño párrafo sobre la inversión extranjera, el Gobierno sigue escudándose tras elementos externos para justificar el insignificante crecimiento y presencia de capital foráneo en Cuba. Es la forma de gobernar el principal obstáculo", añade.
Déborah Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), insistió en que entre los problemas objetivos que limitan el avance de las inversiones con capital foráneo se encuentra el embargo de Estados Unidos a Cuba.
El Artículo 28 del Proyecto de Constitución establece que "el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país".