Por estos días, las redes sociales cubanas bullen de intercambios y discusiones en torno a la necesidad de incluir normas a favor de la protección animal en el proyecto de texto constitucional que se discutirá públicamente a partir del 13 de agosto.
"Proponer en nuestras asambleas cederistas, en los centros de trabajo, en los centros educativos, y en cuanto escenario se cree al efecto, la inclusión de un artículo en la Constitución que reconozca a los animales como seres sensibles y merecedores de un tratamiento ético y humanitario," demanda explícitamente una campaña que aspira a introducir el tema en la discusión pública cubana.
Valia Rodríguez, activista del movimiento Cuba Contra el Maltrato Animal, propuso en concreto la modificación del actual Artículo 27 de la Constitución vigente, que reza: "El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza."
A juicio de Rodríguez, esta disposición es limitada y demasiado general. "Hay que dejar explícito que Cuba reconoce que el maltrato y la crueldad hacia los animales es un delito", puntualizó.
"Mi propuesta para la consulta popular que empieza el 13 de agosto sería incluir algo así: 'El Estado reconoce que los animales son criaturas que sienten y como tal reconoce sus derechos a un trato ético, humano y respetuoso'".
Por años, diversas organizaciones dentro de Cuba han buscado el reconocimiento de sus demandas, al tiempo que denuncian las prácticas de maltrato contra los animales, que abarcan desde las tradicionales lidias de gallos hasta las ilegales peleas de perros, pasando por la sobrexplotación de los caballos como bestias de tiro de carga (sobre todo de pasajeros), o la significativa población de perros y gatos que deambulan a su suerte por las ciudades cubanas.
El periodista Giordan Rodríguez Milanés recordó en su muro de Facebook el asesinato de un cachorro en plena Calle Ancha de Manzanillo. "Las autoridades esgrimieron que no podían procesarlos judicialmente por carecer de una ley para la protección animal", dijo.
Rodríguez Milanés insistió en que hay que exigir al Estado la penalización de estos hechos.
A mediados de julio, recorrió las redes una denuncia acerca del envenenamiento masivo de gatos supuestamente emprendido por personal del Hospital Hermanos Ameijeiras, de la capital cubana. Violeta Rodríguez Chaviano lo escribió así en su perfil de Facebook: "Entre el domingo primero de julio y el jueves cinco de julio, personal del Hospital distribuyó en su periferia, en recipientes de laboratorio, comida con veneno llamado succinilcolina, sustancia de uso hospitalario en salones de operaciones que provoca paralización y hemorragias internas."
Los denunciantes reportaron la muerte consiguiente de más de una veintena de gatos, así como de varios perros, que solían alimentarse de la basura acumulada al fondo del centro médico. "De hecho —continuaba la denuncia— el hospital vierte desperdicios de laboratorio (algodones, jeringuillas y otros) en contenedores próximos ubicados en la periferia del hospital donde precisamente cohabitaban estos felinos."
Esas autoridades, seguía la denuncia, además fueron groseras con los ciudadanos que protestaron por la atrocidad, sobre todo con los vecinos que solían atender dentro de sus posibilidades a esos animales de la calle.
"Culpar a estos animalitos de (hacer) proliferar plagas y enfermedades, de atentar contra la higiene del lugar, solo demuestra la falta de preparación del personal. Pues la higiene del Hospital Hermanos Ameijeiras se afecta por la cantidad de cucarachas que hay en sus salas. Por los vertederos que hay en sus alrededores. Por los salideros de agua que hay. Por la malversación y robo de los recursos del hospital que no son culpa de los que caminan en cuatro patas, sino de los que lo hacen en dos", concluía la denuncia.
No obstante, es previsible que esta sugerida modificación convoque reticencias. La periodista Milena Recio compartió un comentario que dejó un periodista de un medio oficial en su muro de Facebook: "Eso de una ley para proteger a los perros me parece una burla, una falta de respeto a lo que se hace para tener una Constitución fuerte y democrática, que se discutirá con todo el pueblo. Aflojen que se les está yendo la mano. Basta de hipercriticismo."
Recio comentaba, por su parte: "Yo cada día me quedo más atónita, estupefacta, ojiplática, con los compañeros y las compañeras. ¿Esta es la intransigencia revolucionaria?"
Sin ley
En Cuba no existen leyes que penalicen o multen el maltrato o abandono de animales, o el atropello y muerte en la vía pública.
Por años, ANIPLANT (Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas), única de su tipo admitida en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia cubano, ha buscado impulsar una legislación en ese sentido. Dos veces ha entregado proyectos de ley de protección animal al Ministerio de Agricultura, encargado de estas cuestiones. Dos veces obtuvo el silencio por respuesta.
A fines de julio, la doctora María Gloria Vidal, especialista de Salud Animal de ese Ministerio, compareció en el canal Cubavisión Internacional y comunicó que su organismo trabaja actualmente en la elaboración de un proyecto de Ley de Bienestar Animal.
Isbel Díaz Torres, activista de la iniciativa comunitaria Guardabosques, celebró el anuncio, pero recordó que el concepto de "bienestar" debe incluir la idea de "protección animal" que han defendido las ONG y las agrupaciones independientes en Cuba.
Isbel lamentó además que "pocos elementos sobre la grave situación de violencia y desprotección que sufren los animales en Cuba fueron ofrecidos en el programa" televisivo.
Entre ellos, está el uso comercial de las especies cubanas, cuyas normas son administradas y regidas por instituciones del Estado.
La Empresa de Flora y Fauna organiza subastas de caballos de raza en las que participan empresarios extranjeros y allegados al régimen, sobre todo del espectro militar. También comercializa gallos de lidia y reglamenta las apuestas en esos eventos.
Vinculada al Ministerio de la Agricultura y al de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Flora y Fauna rige el patrimonio natural de la Isla, con más de dos millones de hectáreas, y tiene más de 20.000 empleados. Está conformada por la Comercializadora ALCONA S.A. y la Agencia de Viajes ECOTUR S.A.
Según su sitio web, ALCONA S.A. se dedica a la importación y exportación de productos biodegradables, así como a la comercialización de los excedentes naturales de la conservación, y a la exportación de flamencos y gallos de lidia.
Por su lado, ECOTUR S.A. es una agencia de viajes especializada en turismo de naturaleza.
Flora y Fauna dedica solo al cuidado de sus caballos de raza decenas de miles de pesos al año. Se trata de una suma subsidiada por el Estado.
La institución está presidida por el general Guillermo García Frías, uno de los titulados comandante de la Revolución. Su presencia es habitual en las subastas de caballos, una de las cuales llegó a vender ejemplares por medio millón de euros.
Semanas atrás, el científico Ariel Ruiz Urquiola fue encarcelado por denunciar y combatir la explotación de un ecosistema tan frágil como el de la Sierra de los Órganos de Pinar del Río para el lucro de individuos que practican la caza furtiva. Años antes, Urquiola había criticado la caza de tortugas marinas en peligro de extinción, que fue legal en Cuba hasta 2008.
El 15 de octubre de 1978 se proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, cuyo Artículo 12 indica: "Todos los actos humanos que supongan la muerte de muchos ejemplares se considerará un genocidio, un crimen en contra de la especie. Incluyendo la destrucción del hábitat natural o la contaminación".
Los países que se consideran estados miembros de la UNESCO y de l.a ONU, como es el caso de Cuba, están obligados a cumplirla.