Leticia Cabrera apura las tareas de su hogar, en la barriada de Centro Habana, porque no quiere perderse el noticiero del canal Univisión. Es la única manera, dice, para enterarse sobre lo que acontece dentro de Cuba. Asegura que hace más de diez años dejó de ser una televidente cubana.
"Desde que tengo la antena vivo más enterada de lo que sucede en Cubita la bella, porque los canales cubanos no reflejan ni la mitad de cómo se vive la realidad aquí adentro", dice.
Además de elaborar almuerzos clandestinos —antes trabajaba como jefa de personal en un taller de reparación automotriz— Cabrera asiste a cursos particulares de inglés por si algún día puede viajar a EEUU. Desconoce que las reformas a la Constitución, anunciadas por el Partido Comunista (PCC), podrían incluir una "Nueva Política de Comunicación".
"No sabía de la existencia de una vieja política de comunicación que debiera ser sustituida, de hecho siempre creí que no había comunicación alguna", añade con jocosidad.
Pocos habaneros estarían informados sobre la "Nueva Política de Comunicación", aprobada previamente por el Buró Político del PCC, y que supone ser la encargada de restaurar la credibilidad de los cubanos con respecto a los medios de prensa controlados por el Gobierno en la Isla.
Incluida como parte de las reformas que el ingeniero Miguel Díaz-Canel estaría utilizando para maquillar su mandato como jefe de Estado, la "Nueva Política de Comunicación"— de ser refrendada por la Asamblea Nacional del Poder Popular— oxigenaría con cuotas de libertades y retazos de autonomía a los medios de prensa gubernamentales.
"¿Tendrán más páginas los periódicos, habrá prensa amarilla y roja, se podrá hacer publicidad de los negocios privados, dirán los resultados de la bolita?", son las preguntas de Carlitos Moracén, entrenador de artes marciales mixtas y vecino de la barriada Poey, en Arroyo Naranjo.
"Además, tengo una batería de sugerencias para que el Granma luzca como un periódico serio, la Mesa Redonda sea más creíble y el NTV menos aburrido", se compadece Moracén desde el choteo.
En opinión de Antonia Enríquez, veterinaria jubilada, Cuba no necesita de una "Nueva Política de Comunicación", "sino demoler y hacer nueva la Constitución y reescribirla desde cero".
"¿De qué nos sirve decretar una Nueva Política de Comunicación cuando el Estado mismo desconoce las realidades cubanas porque los medios de prensa están sujetos a las indicaciones y orientaciones del Partido? Por otra parte, las libertades todas no se decretan, son derechos inherentes a las personas", fustiga Enríquez.
La constitución vigente en Cuba redactada en 1976 sufrió dos reformas —1992 y 2002—, ninguna de las cuales logró colocar a la sociedad cubana a la altura de los tiempos. No refleja los cambios ocurridos ni las necesidades del país. Su desfase con la realidad, interna y externa, es de tal magnitud que requiere ser sustituida.
"¿A dónde irán los sueños a parar?"
Modelos de gestión para generar ingresos mediante la inserción de publicidad y la administración de presupuestos por la venta de servicios o auspicios... Creación de un instituto no partidario para regular a los medios... Autonomía de directores de medios de prensa para emitir noticias de impacto sin esperar la anuencia del Departamento Ideológico del PCC...: estas podrían ser las normativas que presumiblemente incluirá la "Nueva Política de Comunicación" y que se presume sea de acceso público en el presente mes de julio, durante las sesiones del congreso de la estatal Unión de Periodistas (UPEC).
Agencias extranjeras como The Associated Press (AP) aseguraron conocer detalles del documento, filtrados por periodistas oficialistas que fueron consultados pero bajo condición de anonimato: a los oficialistas les habrían indicado "no ventilar el asunto con colegas extranjeros".
Una nueva política de comunicación ya condicionada hacia el secretismo confirma las sospechas ciudadanas de que podrían implementarse "importantes modificaciones" a la Carta Magna, pero la libertad de prensa permanecerá tal cual.
Con ello coincide Sandra Mederos, joven agrónoma, mientras pregunta junto a su pareja, Eric Estrada, a dónde irán los sueños a parar: "porque los cubanos de a pie, los jodidos, ni siquiera tenemos esperanzas, sino solo sueños".
El artículo 53 de la Constitución reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa, pero conforme a los fines de la sociedad socialista. Añade que las condiciones materiales para el ejercicio de estas libertades "están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada".
"La desconfianza del pueblo hacia temas relacionados con la libertad de expresión, de opinión y de prensa es abrumadora. Cuesta creer que Díaz-Canel y el Partido lo desconozcan, y precisamente ahí es donde radica la certeza de que no habrá ningún cambio apruébese o no esa Nueva Política de Comunicación", abunda por su parte Estrada.
Los últimos reportes de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) han calificado a Cuba en el peor puesto (172) de Latinoamérica entre los estados que persisten con políticas autoritarias respecto a la prensa.