Como anunció el Gobierno el pasado año, a partir de julio próximo los campesinos que tengan tierras ociosas deberán pagar impuestos por este concepto, mientras que en enero de 2019 los productores agropecuarios —excepto los del sector cañero— tendrán que presentar Declaración Jurada sobre los ingresos personales percibidos en 2018.
Para establecer quiénes serán quienes tendrán que pagar tributos, el Ministerio de la Agricultura primero "diagnosticará" las tierras ociosas, según declaró Lilisbet Cabrera Reyes, jefa del Departamento de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en Pinar del Río, citada por el periódico oficial Guerrillero.
"En cuanto al impuesto por ociosidad de las tierras, las personas naturales y jurídicas que posean áreas deficientemente aprovechadas —sean de su propiedad o estatales— realizarán el pago en las sucursales bancarias de su domicilio dentro de los primeros cinco meses de cada año fiscal, con excepción de 2018 , en el que pagarán solo cinco meses (de agosto a diciembre)", precisó la funcionaria.
Cabrera Reyes puntualizó que la cuantía a pagar dependerá de la categoría y el área de extensión de los suelos. Añadió que esta valoración no es definitiva.
"Los artículos 177 y 178 de la Ley del Sistema Tributario de Cuba refieren que el gravamen estaría comprendido entre los 45 y los 180 pesos por hectárea, según la calificación dada por el Ministerio de la Agricultura (MINAG) en el balance anual de uso y tenencia de la tierra", añadió.
"Los obligados al pago de este impuesto podrán solicitar al Ministerio de la Agricultura, el cambio de categoría de sus tierras, una vez que se certifique que las mismas ya se encuentran en explotación", dijo.
La Ley del Presupuesto del Estado cubano establece además la presentación de declaración jurada sobre los ingresos personales por los propietarios o usufructuarios, tenedores de ganado (sin tierra) y productores individuales de alimentos de origen animal o vegetal.
Cabrera Reyes explicó que la liquidación de este impuesto se realizará a través de las respectivas sucursales bancarias, con posterioridad al año fiscal, dentro de los primeros 60 días naturales.
"El productor presentará la documentación, aunque al liquidar el impuesto resulte que no debe hacer pago adicional al cierre del año. En este caso, entregará el modelo directamente en la ONAT o en los lugares que la misma habilite", declaró.
"Con respecto al pago, después de cumplir sus planes o excedentes, los productores contabilizarán los ingresos en el periodo y descontarán del total de las ganancias brutas, un mínimo exento de 10.500 pesos y hasta el 70% por gastos propios de la actividad. Para finalizar y determinar el impuesto adicional a pagar, dicho resultado se desglosará en una escala progresiva, por tramos y en el rango del 10 al 45%", especificó.
La funcionaria recomendó que estos contribuyentes "conserven por un periodo de cinco años los documentos que justifiquen sus operaciones: el pago de los tributos asociados a la actividad, que incluye el importe mínimo del 5% retenido durante el periodo y las liquidaciones que realizaron por la Contribución Especial a la Seguridad Social, excepto los efectuados por la ociosidad de tierras".
El Sistema Tributario de Cuba excluye de la liquidación anual del impuesto sobre los ingresos personales mediante la declaración jurada a los usufructuarios, por un periodo de dos años, a partir de la fecha de entrega de las tierras; mientras que exonera por cuatro años, a aquellos que recibieron áreas con plantas leñosas no deseadas y que requieren de un proceso de saneamiento.
En la Isla existían a finales de 2017, 151.000 usufructuarios en 1.200.000 hectáreas entregadas por el Estado, que puso en marcha el programa en 2008 en un intento por reanimar la agricultura, hasta ese entonces casi exclusivamente en manos del Gobierno.
En junio el Consejo de Ministros alargó el período de posesión de tierras en usufructo de diez a 20 años, pero endureció los requisitos. Entre estos que "las personas naturales tendrán que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa" y la aplicación gradual de "los impuestos previstos en la Ley Tributaria concernientes al uso, posesión y ociosidad de la tierra".
Menos del 25% de los suelos dedicados a la actividad agrícola posee niveles de productividad de primera y segunda categorías.
La isla dedica unos 2.000 millones de dólares al año a la importación del 80% de los víveres que consume y, según datos del MINAG, el 60% de esos alimentos que se compran en el exterior podría producirse en el país.
Otro de los males del sector es la pérdida de un alto porcentaje de las cosechas en el momento de la recolección debido a la falta de infraestructura, transporte y envases.
En agosto de 2017, el Gobierno anunció que estaban disponibles 300.000 hectáreas de tierras ociosas para entregar en usufructo a particulares, pero son áreas poco "atractivas" por estar lejos de poblaciones, carentes de agua y plagadas de marabú. Estas tierras representan cerca del 33% de las 894.000 hectáreas ociosas de Cuba.
En marzo de 2017 un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) consideró que Cuba recaudaba impuestos a "niveles próximos a las economías más avanzadas".
Los nuevos deberes fiscales, que afectan también a los dueños de pequeños negocios que el Gobierno llama cuentapropistas, han despertado polémica en la Isla, por ser considerados excesivamente altos para los bajos salarios que perciben los cubanos.