Tienen toda la razón aquellos que afirman que, en general, las tareas promovidas por las autoridades cubanas obedecen a campañas publicitarias, que luego pasan a un segundo plano una vez que los gobernantes se interesan por otros asuntos. Es decir, que falta la constancia para que los propósitos se tornen duraderos.
Al parecer, en los últimos tiempos asistimos a una de esas campañas, esta vez relacionada con la protección al consumidor. Y tenemos el derecho de pensar que se trata de una mera campaña coyuntural, si consideramos que los intereses de los consumidores nunca han ocupado un puesto significativo en el historial del castrismo.
Ni siquiera lo fue durante los años 70 y 80 de la pasada centuria, cuando las lecciones de Economía Política que se impartían, al calor de los manuales soviéticos, insistían en que la ley económica fundamental del socialismo era "la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población".
Paradójicamente, la economía estaba diseñada de forma tal que a los productores solo se les exigía cumplir los planes de producción, sin importar si esas producciones agradaban o no a los potenciales consumidores. En semejantes condiciones, como es lógico suponer, las entidades no efectuaban investigaciones de mercado, y hasta los estudios universitarios desdeñaban lo relacionado con el marketing, el cual era considerado solo como "una técnica capitalista de dirección".
Ese divorcio entre la producción y el mercado, a no dudarlo, ha influido en los altos niveles de inventarios ociosos de productos terminados. Según trascendió durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular del pasado mes de diciembre, el 26% de los inventarios del país está conformado por mercancías terminadas y listas para la venta, pero que no encuentran compradores.
Por supuesto que la anomalía no solo afecta a los consumidores en el plano del comercio mayorista. La población también ha sufrido las tribulaciones del mercado minorista, que van desde la necesidad de adquirir artículos de dudosa calidad —pues no cuentan con otra alternativa: lo tomas o lo dejas—, hasta recibir un trato inadecuado por parte de empleados estatales del comercio y la gastronomía.
Tan alarmante ha llegado a ser esta última situación, que el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, debió dedicar recientemente un reportaje al respecto. Entre los maltratos referidos allí se cuentan la violación de los horarios de servicio, la alteración de los precios oficiales de venta, la falta de información por parte de los dependientes acerca de los productos que se ofertan, la no devolución al cliente de efectivo por concepto de vuelto, la no entrega al cliente del vale de venta por los productos comprados, así como el ocultamiento de mercancías.
Así las cosas, y en el contexto de la campaña, otros medios oficialistas han dado a conocer algunos números telefónicos a los que supuestamente puede acudir la población para denunciar los tratos inadecuados que se aprecian en el comercio minorista.
Cualquiera podría pensar que se trata de un chiste de mal gusto eso de intentar combatir las consecuencias de un problema, dejando intactas las causas que lo provocan. Porque si de verdad hubiese interés por aliviar las angustias de los consumidores, tanto mayoristas como minoristas, se impondría de inmediato un vuelco en ciertas estrategias de dirección.
En primer término es necesario que sean las entidades de base —empresas y unidades empresariales de base (UEB)— las que confeccionen sus planes de producción, en vez de hacerlo los ministerios o las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). Solo así los productores, tras realizar un estudio de mercado, estarán en condiciones de satisfacer las exigencias de los consumidores.
Por otra parte, urge una más acelerada desestatización del comercio minorista, bien sea mediante la privatización o el establecimiento de cooperativas. Porque muchas de las conductas inadecuadas señaladas anteriormente son el resultado de la falta de sentido de pertenencia que exhiben esos empleados estatales.