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Corrupción

Un alto dirigente juzgado por corrupción y defenestrado

Fue la última gran defenestración ordenada por Fidel Castro y ahora accedemos a la documentación judicial de su caso.

La Habana

Fue la última gran defenestración en el largo reinado de Fidel Castro. Ocurrió apenas unos meses antes de la entrega del poder a su hermano Raúl Castro en julio de 2006. El 26 de abril de ese año se anunciaba la destitución y procesamiento judicial del miembro del Buró Político del PCC Juan Carlos Robinson Agramonte, una de las jóvenes figuras que habían tenido un rápido ascenso en la cúpula partidista del régimen desde la década del 80 del pasado siglo.

Cuando es detenido, Robinson Agramonte atendía varios ministerios de suma importancia en el Comité Central como el Ministerio para la Inversión Extranjera, Comercio Exterior, Economía y Finanzas, entre otros.

En su momento el órgano oficial del PCC informó de graves actos de corrupción del alto dirigente y calificó su actuación como un "lamentable e inusual caso de incapacidad de un cuadro político para superar sus errores".

Las desviaciones de Robinson Agramonte el diario oficial Granma las resumía en "manifestaciones de prepotencia y altanería, abuso de poder y ostentación del cargo, indiscreciones y reblandecimiento en sus principios éticos, que han puesto de manifiesto actitudes deshonestas incompatibles con la conducta de un comunista y menos aún de un cuadro del Partido".

Finalmente, el también veterano combatiente de la guerra de Angola fue condenado a 12 años de cárcel por tráfico de influencias de carácter continuado, de los cuales solo cumplió cuatro en la cárcel.

Como ha sucedido habitualmente bajo el castrismo en estos casos, nunca se ofrecen detalles a la prensa acerca de los delitos ni cómo el alto dirigente los llevó a cabo. Sin embargo, este reportero ha tenido acceso a la sentencia de casación emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular el 3 de agosto del 2006, donde se ratifica la condena a Robinson Agramonte y se describen algunos de los sucesos y acciones que conllevaron a que este alto dirigente cayera en desgracia.

En este documento se menciona la amistad del acusado con varios representantes cubanos de firmas extranjeras radicadas en el país, principalmente panameñas, y cómo el dirigente comunista ayudó a estos directivos a prorrogar su contrato con dichas empresas o a que las firmas se les agilizara o liquidara el pago de deudas contraídas con algunas empresas estatales.

En dos ocasiones Robinson Agramonte pidió liquidar deudas por parte de ministerios o empresas o recomendó entablar negocios con estas firmas pero, en todos los casos, el resultado final fue muy pobre o nulo. Solo llegaron a consumarse las prórrogas y extensiones de contrato que por mediación de Robinson obtuvieron Raúl Durán del Campo, Orestes Hernández Correa y Nicolás Roberto González Caso. En todos los casos estas acciones fueron legales, según la propia sentencia.  

A cambio, el dirigente del Buró Político recibió como regalo por sus gestiones artículos como prendas de vestir, un equipo de música, camas personales, algunos muebles, una laptop, un refrigerador y entre 100 y 150 CUC, todo entre los años 2004 y 2006.

Cualquier persona atenta a los gravísimos y estremecedores escándalos de corrupción que sacuden a numerosos países y las cifras y bienes que se manejan no puede menos que asombrarse de que un alto dirigente cubano se corrompa por unos bienes y un monto de dinero tan ridículo.

Por otro lado varias preguntas de tipo legal asaltan después de una lectura de este documento. Si algunas de las gestiones del dirigente no pudieron consumarse, si las personas que el acusado ayudó tenían un empleo de manera legal y la prórroga de sus contratos estaba dentro de las facultades de sus respectivos superiores, ¿dónde se halla el delito de Robinson Agramonte?

Supuestamente a este lo movía el afán de recibir prebendas por parte de sus amistades en retribución por la ayuda prestada. Sin embargo, nunca ha podido conocerse de manera pública la versión del acusado, por lo que no podemos calibrar en una más exacta magnitud la justeza o no de la sanción recibida.

El abogado de la defensa Mario Ceballos Arrieta consideró en el recurso de casación que la pena impuesta a su cliente era excesiva, que no se valoraron como atenuantes por los jueces la colaboración del acusado ni su destacada trayectoria como dirigente político, tampoco el hecho de ser un infractor primario de la ley.

También señalaba que se cometía un error en Derecho al aducir por la Fiscalía que el delito era de carácter continuado, y la defensa entendía que era simple. Contactado recientemente por vía telefónica, Ceballos Arrieta declinó hacer comentarios sobre este caso.

La sentencia señala que Robinson Agramonte "en los últimos años comenzó a revelar graves desviaciones morales en su actuar que lo llevaron a incurrir en conductas prepotentes y no acordes a las responsabilidades políticas que tenía encomendadas, convirtiendo en un modo de actuar frecuente el no sufragar los gastos en que incurría (…) y ejerciendo arbitrariamente sus facultades".

Agrega: "De igual forma mantuvo relaciones de amistad injustificadas con representantes extranjeros de firmas comerciales (…) y pidió y recibió múltiples obsequios de estos y de otros representantes cubanos de firmas comerciales foráneas para así incrementar su nivel de vida. También realizaba solicitudes de productos a diversas entidades del Estado argumentando falsas razones de trabajo y de carácter oficial, entre ellas cajas de tabaco y bebidas las que utilizaba en su provecho personal".

Es totalmente reprobable el actuar de este dirigente, según lo que se describe anteriormente. Sin embargo, para quienes conocen el proceder de la elite castrista y su total falta de transparencia en el manejo de los recursos estatales, estas y otras acciones de mayor envergadura constituyen una práctica común en la alta jerarquía del régimen. A todas luces el móvil para actuar contra Robinson Agramonte era exclusivamente político.

"Es a partir del momento que se hace pública la decisión tomada por la más alta instancia política respecto al acusado que se comienza la investigación penal de los hechos, que puede entenderse que termina su vida ejemplar", señala la defensa.

De esta simple oración puede leerse entrelíneas que si la más alta instancia política, entiéndase Fidel Castro, había decidido llevar a su subordinado ante los tribunales por su ilegítimo proceder, quedaba claro que Robinson Agramonte estaba condenado de antemano y no habría imparcialidad alguna por parte de los jueces.

Tal vez en esas "manifestaciones de prepotencia y altanería, indiscreciones y ostentación del cargo", que en ningún caso constituye delito, están las causas verdaderas por las que el dirigente terminó de disfrutar de "las mieles del poder" a las que solo el clan Castro ha tenido derecho.  

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