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Economía

El Gobierno prepara el terreno para cerrar aún más el cerco al sector privado

Un documento filtrado detalla nuevas regulaciones y la creación de una división del Ministerio del Trabajo para que se encargue del control.

La Habana

Un borrador de nuevas regulaciones económicas propone aumentar el control del Estado sobre el sector privado en Cuba y limitar el emprendimiento, según una copia del documento obtenida por la agencia británica Reuters.

El proyecto incluye la creación de una nueva división del Ministerio del Trabajo que gestione y controle lo que el Gobierno llama eufemísticamente "trabajo por cuenta propia".

Según Reuters, el plan, que no se ha difundido públicamente, sugiere que existe malestar entre algunos miembros del gobernante Partido Comunista con las reformas emprendidas por Raúl Castro hace ocho años, en el marco de un debate sobre el aumento de la desigualdad en el país.

El responsable de la implementación de las reformas, el vicepresidente Marino Murillo, había adelantado en diciembre parte de las regulaciones más estrictas para el sector privado, algunas incluidas en el nuevo documento.

Sin embargo, el borrador contiene más detalles y muestra cuánto podrían extenderse las medidas. El documento, que ha circulado entre expertos cubanos y empresarios privados, va más allá de las restricciones planteadas en diciembre.

Por ejemplo, permitiría que las casas obtengan licencia para operar solo un restaurante, cafetería o bar. Eso limitaría el número de asientos por establecimiento a 50. Muchos de los restaurantes privados más exitosos de La Habana tienen actualmente varias licencias, lo que les permite atender a 100 personas o más.

"El decreto-ley fortalece el control funcional a nivel municipal, provincial y nacional" sobre el sector privado, señala uno de los decretos incluido en el documento de 166 páginas fechado el 3 de agosto de 2017, firmado por Marcia Fernández Andreu, vicejefa de la Secretaría del Consejo de Ministros de Cuba.

El documento sostiene que las resoluciones fueron preparadas por la comisión de reformas y serán enviadas a órganos provinciales y regionales de administración para consultas. Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del texto. Las autoridades cubanas no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Algunos analistas dijeron que sospechan que el borrador fue filtrado para pulsar la opinión pública, y podría ser revisado. Las normas afirman que las medidas que se aplicarán a los infractores serán más "rigurosas".

El Gobierno aumentó el año pasado sus críticas a la acumulación de riqueza en el país y ha pasado a la ofensiva contra la evasión tributaria y otras prácticas del sector privado.

La cifra de cubanos que trabajan con licencias para autoempleo se elevó a 567.982 personas a mediados del 2017, comparadas con 157.731 en 2010, cuando se reforzó el trabajo por cuenta propia para aliviar las plantillas infladas e improductivas del sector estatal.

Los trabajadores del sector privado representan actualmente cerca de un 12% de la fuerza laboral del país, pero la prosperidad de algunos microempresarios cubanos, especialmente aquellos que trabajan en conexión con el turismo y tienen ingresos muy superiores a la media, se ha vuelto una fuente de preocupación para el Gobierno.

El salario estatal promedio es de unos 30 dólares mensuales, el mismo monto que puede cobrar por una noche el propietario de un hotel que ofrece alojamiento y desayuno.

Las restricciones presentadas por Murillo en diciembre incluían limitar las licencias de negocios a una actividad por empresario. Algunos emprendedores esperaban sortear las nuevas medidas transfiriendo a otros miembros de sus familias las autorizaciones para ejercer en actividades tan diversas como servicio de belleza o contabilidad.

Con la intención de no permitir la concentración de riqueza, el Gobierno dio un frenazo al sector privado el pasado año. Redujo el número de modalidades para ejercer el trabajo por cuenta propia, de 201 a 122.

Esta misma semana The Havana Consulting Group (THCG) advirtió que las nuevas medidas para el control del sector privado genera una "fuga de capital local hacia el exterior" de entre 280 y 350 millones de dólares anuales.

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