La Corte Suprema de Perú ratificó la condena a prisión a un oficial y dos agentes de inteligencia del Ejército por el secuestro, la violación y tortura de una estudiante universitaria en 1992, informa el diario español El País.
Se trata de la primera sentencia contra militares por una violación cometida entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno.
En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación identificó 534 casos de mujeres violadas en ese período y, hasta el año pasado, el Registro Único de Víctimas de la Violencia (estatal) tenía registradas a 4.910 mujeres con derecho a una reparación por haber sufrido dicho delito. Pese a la gran cantidad de víctimas, menos de una decena de casos ha llegado al Poder Judicial, según la ONG Demus.
Las violaciones fueron cometidas principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, aunque también fueron una práctica del grupo terrorista Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El abogado Carlos Rivera, quien defendió a la estudiante universitaria violada en 1992, de iniciales M.M.M., dijo que la Corte Suprema halló culpable al coronel Julio Rodríguez Córdova, quien deberá cumplir diez años de prisión, indicó El País. Además, por el delito de secuestro, condenó a ocho y cuatro años de prisión, respectivamente, a los agentes de Inteligencia Operativa Carlos Rengifo Salinas y René Benites Jara. Los tres están prófugos desde el día de la lectura de sentencia.
La Corte Suprema señaló asimismo que se debe anular la absolución de Rengifo por el delito de violación sexual, para que se inicie un nuevo juicio en su contra por dicho crimen.
Rivera dijo que el Ministerio Público acusó a nueve miembros del Ejército por el crimen cometido con M.M.M., pero solo tres han sido condenados.
La estudiante, de la Universidad La Cantuta, fue detenida en octubre de 1992, en Lima, por miembros de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, bajo la sospecha de ser miembro de un grupo subversivo.
Según el testimonio de la víctima, citado en la sentencia, no había una orden policial y los militares no comunicaron la detención a un fiscal ni otra autoridad. Con la frase "vamos a empezar la fiesta" empezaron cuatro días de interrogatorio, tortura y violación.
M.M.M. luego fue entregada a la Policía Antiterrorismo y nuevamente interrogada. Por miedo a sufrir más torturas, afirmó que sí conocía a dos miembros de Sendero Luminoso por quienes el Ejército le había preguntado previamente.
Encarcelada por terrorismo, dio a luz en un penal a un bebé fruto de la violación. Fue indultada seis años después al comprobarse que no tenía ninguna relación con organizaciones terroristas.