El Valle de Viñales en Pinar del Río, con un paisaje privilegiado muy atractivo para el turismo, enfrenta el riesgo potencial de una explotación sin control, en lo que el Gobierno y el diario oficial Juventud Rebelde califican como "ilegalidades" del sector privado, lo cual ha obligado a las autoridades a la adopción de "medidas de control".
Viñales, donde se conservan procedimientos tradicionales en la agricultura y altos valores arquitectónicos, artesanales y musicales, fue declarado Monumento Nacional en 1978, Área Protegida en 1998, Paisaje Cultural de la Humanidad en 1999 y exhibe la categoría de Parque Nacional desde 2001, recuerda un reporte de EFE.
Todos esos atributos y principalmente su exuberante naturaleza han estimulado un crecimiento de turistas extranjeros al pueblo asentado en Viñales, que en 2016 recibió a más de 700.000 visitantes y unos 600.000 el pasado año, según el Ministerio del Turismo.
Para acoger el auge de viajeros, el poblado cuenta actualmente con 2.300 habitaciones de renta y más de 130 restaurantes que ocupan a alrededor de 5.000 trabajadores privados, según datos aportados por el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la zona, José Antonio Valle.
Valle dijo que el interés despertado por el destino turístico generó que personas de otras regiones comenzaran a crear servicios gastronómicos y de alojamiento para el turismo.
En ese sentido, la directora de la Oficina Técnica de Monumentos del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, Nidia Cabrera, se quejó de que el crecimiento del pueblo "es más en viviendas que demográfico, pues son muchas las campañas que incitan a visitar Viñales". Eso, a su juicio, "ha excedido todas las capacidades".
"La cantidad de personas que se ven no son todos pobladores, sino personal atraído por el comercio, ya que el destino es una fuente de empleo. Están los que trabajan en la construcción, los que contratan para servir, lavar y limpiar", ejemplificó la funcionaria.
Para el Gobierno, sin embargo, el turismo en sí no es tanto riesgo para Viñales. Está preocupado por lo que llama "ilegalidades" vinculadas a los servicios, en expansión "precipitada", con el fin de responder a las demandas de los crecientes visitantes.
Estas presuntas "ilegalidades" provienen del sector privado, que se ha constituido en competencia del Estado, como mismo han reconocido las autoridades. El pasado año el Gobierno frenó temporalmente la concesión de las licencias más codiciadas, como restaurantes o alquileres turísticos. Justificó entonces que lo hacían para "corregir irregularidades".
La proliferación de construcciones ha traído a Viñales —según Juventud Rebelde— violaciones en el ordenamiento urbano, alturas y ampliaciones de viviendas sobredimensionadas, patios pavimentados sobre áreas de jardinería y remodelaciones planteadas con determinadas características que se han ejecutado con otras formas y materiales.
Entre las medidas para detener las "ilegalidades" y preservar el sitio patrimonial se ha propuesto el rescate de los parterres, el uso de la paleta de colores aprobada para el lugar, la reforestación de las principales calles, la pintura homogénea en inmuebles y el empleo de luminarias acordes con el sitio.
"Viñales tiene que permanecer con los valores identitarios que le han dado esa importancia a nivel universal, sobre todo, en lo referente al cuidado del paisaje", sentenció el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Juan Carlos Rodríguez.
Para este mes está previsto que un grupo de especialistas del Instituto de Planificación Física y del Consejo Nacional de Patrimonio realice un levantamiento "metro a metro" de las "anomalías", con la colaboración de homólogos de la zona para dictar las medidas pertinentes, apunta el artículo.
También menciona entre las violaciones asociadas a las actividades de los turistas la explotación descontrolada de los senderos destinados a caminatas que se usan para cabalgatas, por lo que cual las auroridades decidieron "ordenar" la actividad de alquiler de caballos.