Mañana, junto al año 18 del siglo XXI, los cubanos arribaremos a los 59 años del triunfo de la Revolución.
Una revolución que se proponga liberar a los hombres sin plantearse la necesidad de los espacios públicos que permitan el ejercicio de la libertad, solo puede llevar a la liberación de los individuos de una dependencia para conducirlos a otra, quizás más férrea que la anterior. Este juicio de Hanna Arendt corrobora el resultado del proceso revolucionario cubano de 1959.
En casi seis décadas —un lapso de tiempo mayor que el que duró la República nacida en 1902— el modelo político y económico implantado sumergió a Cuba en la más prolongada y profunda crisis de su historia.
La inviabilidad del modelo, mancomunado con la falta de voluntad política para modificarlo, hizo que las manifestaciones parciales de crisis, agudizadas en el tiempo, abarcaran uno tras otro todos los componentes de la sociedad cubana.
El filósofo y ensayista español, José Ortega y Gasset, alertaba en La rebelión de las masas que "los mayores peligros que hoy amenazan a la civilización son la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos".
Tanto las sociedades como los modelos son perfectibles. Al confundirlos como punto de remate del desarrollo comienza la marcha hacia su estancamiento y se utiliza una determinada ideología como mecanismo de freno para legitimar al resultado. Una expresión de esa ideología es la absurda y repetida afirmación gubernamental de que "Cuba ya cambió en 1959".
La causas principales de la involución sufrida están en el giro hacia el comunismo de la revolución de 1959, en el contexto de la Guerra Fría y el diferendo con EEUU, que sirvieron de telón de fondo para desmantelar la sociedad civil y estatizar la propiedad.
El desmontaje de asociaciones, instituciones y espacios cívicos en Cuba abarcó desde el reemplazo de la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano hasta la llamada "Ofensiva Revolucionaria" de 1968, que liquidó los restos de propiedad privada sobrevivientes, pasando por la eliminación y/o sometimiento de las asociaciones existentes y estatizando los medios de producción y comunicación.
El modelo implantado, ajeno a la naturaleza humana, asumió un control absoluto de la sociedad y creó un sistema centralizado de distribución de bienes y servicios primarios —gratuitos o subvencionados— a cambio de las libertades y derechos.
Con el poder concentrado en el líder, la propiedad en el Estado y la institucionalidad desmontada, se generó una ineficiencia que permaneció solapada hasta la desaparición del padrino del modelo: la Unión Soviética. Después, con el coronel Hugo Chávez apareció el padrino sustituto, pero la ineficiencia económica continuó su curso y se manifestó en la pérdida de relación entre salario y costo de la vida, el desinterés, el crecimiento de actividades al margen de la ley, la desesperanza y el éxodo masivo.
En ese punto crítico, al asumir la dirección del Estado, el general Raúl Castro inició un paquete de reformas, tardías y limitadas con el fin de lograr una agricultura fuerte y eficiente, sustituir importaciones, atraer inversiones extranjeras, detener las ilegalidades y desinflar las plantillas laborales mediante el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, cuando una sociedad sufre daños en todos sus componentes, la sanación resulta imposible con cambios parciales.
Las reformas, convertidas en abril de 2011, en los Lineamientos de la Política Económica y Social, se limitaron a cambios en determinados aspectos de la economía, pero sin reconocer el derecho de los cubanos a ser empresarios en su propio país. Luego, como punto de remate, en la Primera Conferencia del Partido Comunista (PCC) en enero de 2012, se revitalizó la política expuesta por Fidel Castro en 1961: "Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho... Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos".
Hoy el declive continúa: la producción agropecuaria es insuficiente; los planes de azúcar se incumplen; la disminución de importaciones sigue siendo asignatura pendiente; el impago a los proveedores es crónico; las inversiones extranjeras no logran la magnitud requerida; la relación entre salario y costo de la vida empeora; la corrupción sigue su inexorable rumbo; la construcción de viviendas disminuye; las limitaciones impuestas al trabajo por cuenta propia y a las "cooperativas" creadas por el Estado han impedido su despegue y él éxodo resulta indetenible. Para confirmar el declive no hay más que ver el trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional.
Reformar las reformas
Cuba necesita de una reforma estructural desde la economía hasta la espiritualidad. Pero en una sociedad huérfana de libertades, espacios y cultura de derechos, aunque el punto de partida sea la economía porque su solución es más sencilla, la visión de los cambios tiene que incluir el restablecimiento de las libertades ciudadanas y la sustitución de la primacía otorgada a la ideología por la primacía del ser humano. Y como el modelo más eficaz es aquel que propicie un crecimiento sostenido y la elevación del nivel de vida de sus habitantes, se impone la institucionalización de las diversas formas de propiedad y la erradicación de las ataduras políticas e ideológicas que lo impiden.
Para que resulten efectivas e irreversibles, las reformas implementadas hasta ahora tienen que ser sometidas nuevamente a cambios, lo que acostumbro a designar con la expresión "reformar las reformas". Para ello resulta ineludible la restitución de las libertades ciudadanas, la inserción definitiva de los derechos humanos y su incorporación cultural y ética como base de la participación.
Como la especificidad de la política es ser vehículo para transitar de lo deseado a lo posible y de lo posible a lo real, su función rebasa el ámbito del Estado para incluir a la sociedad civil. El rasgo más característico de la sociedad civil —asociaciones, espacios públicos, medios de comunicación y propiedades— es la independencia respecto al Estado y tiene, entre sus funciones, participar en la política. Estado y Gobierno son pues, un aspecto de la política pero no el todo, pues esta esfera incluye a los ciudadanos.
Ambos, sociedad civil y Estado son componentes del mismo cuerpo: de la sociedad. Por lo tanto, su existencia no puede discutirse, lo discutible son las funciones que le corresponden a cada parte. Por esa razón los derechos humanos tienen que ser refrendados en las leyes, sin lo cual es imposible la participación ciudadana de forma efectiva, como Cuba lo ha demostrado.
De la irrupción de los pueblos en la política emerge la política ciudadana, una forma diferente, pero legítima, de participar en el destino de sus comunidades y/o naciones. Con ella la política se convierte en verdadera actividad pública de personas que deciden dejar de ser solo electores para devenir ciudadanos. Cuando las personas asumen esa responsabilidad aumenta la sensación de que los cambios son posibles, de que nadie en su lugar va a mejorar las cosas, que ellas son parte del problema y de su solución.
El aferramiento a la estatización, la planificación centralizada y la ausencia de libertades constituyen el primer obstáculo para superar la crisis. Por eso la necesidad de reformas en Cuba se puede lentificar, pero no detener, porque constituyen una necesidad estructural y vital del país.
Por todo ello, el Gobierno que asumirá la dirección en abril de 2018, o el que le suceda, si no quiere seguir empujando a la sociedad cubana al abismo y cargar con esa responsabilidad histórica, tendrá que ratificar los pactos internacionales de carácter vinculante que se firmaron desde el año 2008, que están pendientes de ratificación. Y tendrá, además, que ajustar la legislación cubana a los mismos, para que de ahí germine la sociedad civil verdadera y el ciudadano, hoy ausentes en Cuba.