La versión inicial de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista era categórica en lo referido a que no se iba a permitir la concentración de la riqueza por parte de personas naturales o jurídicas no estatales.
Mas, a pesar de que se alzaron voces en asambleas y mítines en todo el país apoyando dicha prohibición, parecen haber pesado más ciertos criterios emergidos en el Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular —sin dudas, por parte de elementos reformistas— en el sentido de que no permitir una riqueza obtenida lícitamente podría desestimular el desempeño de los trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y usufructuarios de tierras.
Por tal motivo la versión aprobada del referido documento partidista, en su capítulo segundo, establece que "es objeto de regulación la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales y jurídicas no estatales, para no permitir que se contraponga a los principios de nuestro socialismo".
Es decir, que ya no se iba a prohibir esa riqueza, sino que se iba a regular. Aunque, claro, siempre quedó la expectativa, y también la incertidumbre, acerca de la manera en que se instrumentaría esa regulación: si por mecanismos económicos —como los impuestos—, o mediante métodos administrativos como los cierres y las prohibiciones.
En ese sentido los anuncios formulados por Marino Murillo durante la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular indican que los gobernantes han decidido inclinarse por los métodos administrativos. Algo así como un ataque frontal contra la riqueza lícita que puedan obtener los actores no estatales de la economía.
Nos referimos a que no se permitirá que los trabajadores por cuenta propia posean más de una licencia, por lo que solo podrán ejercer una actividad. Semejante disposición frenará los altos ingresos que, por ejemplo, obtenían los propietarios simultáneos de bares y restaurantes (paladares). En lo adelante, o se poseerá un bar, o se poseerá una paladar.
En el caso de las cooperativas no agropecuarias, se limitan los ingresos máximos que puedan recibir sus asociados. A partir de ahora el cooperativista que más gane no puede recibir un ingreso que represente más del triple de lo que percibe el asociado que menos gane.
En ambos casos se trata de medidas que van contra el espíritu de cualquier reforma económica que intente alentar la capacidad creadora de los emprendedores, al tiempo que impiden la aparición de las reservas productivas de la sociedad. Los ejemplos de China y Vietnam sirven para corroborar que lo contrario es lo que debe de hacerse.
Por otra parte, las autoridades parecen no advertir que la emprenden contra una riqueza que, a la postre, resulta beneficiosa para toda la sociedad. Sus poseedores aportarían bienes y servicios que en ocasiones el Estado no es capaz de brindar; crearían empleos y además pagarían los impuestos que se necesitan para afrontar los gastos sociales.
La atención de las autoridades, en cambio, debía centrarse en eliminar las causas que dan lugar al auge de la riqueza ilícita, esa que van acumulando los magnates de la economía sumergida que se hace presente en las más disímiles aristas de la vida nacional. Una economía subterránea que se nutre, entre otras cosas, de las insuficiencias productivas del Estado, así como de la obstinación de este último en no reconocer los precios de mercado.
Lo anunciado por el señor Murillo es una muestra de que, como alguien ha expresado acertadamente, los gobernantes de la Isla se esfuerzan más por evitar la riqueza que por combatir la pobreza. Al presente de Cuba podría aplicársele también aquella frase que retrataba la situación de China antes de la era Deng Xiao Ping: "Con tal de evitar que un puñado de chinos conduzcan autos lujosos, los gobernantes habían condenado a mil millones de personas a andar en bicicletas".