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Vivienda

El perro castrista del hortelano

Mientras que los militares y represores tienen prioridad, ni siquiera se entrega materiales suficientes a las familias que quieren construir sus viviendas.

Los Ángeles

El derecho a una vivienda adecuada, ventilada y con espacio suficiente para cada persona y con medios sanitarios, lo recoge el artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen castrista, cuyo aniversario 59 conmemora en estos días, viola ese derecho, pues prohíbe las libertades fundamentales, incluida la económica.

Sin propiedad privada la economía cubana se "africanizó" en cuanto al nivel de pobreza e indigencia habitacional. Los cubanos no se alimentan bien, ni tienen la "vivienda decorosa" que les prometió Fidel Castro luego del asalto al cuartel Moncada y que reiteró al entrar en La Habana hace mucho más de medio siglo.

Cuba en la década de los 50 era uno de los tres países con mayor ingreso percápita en América Latina. Entre 1950 y 1958, el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba creció a un ritmo de casi un 4% anual, según la CEPAL. Su PIB por habitante duplicaba el de España e igualaba al de Italia. Se construían viviendas por doquier y grandes edificios.

Pero en octubre de 1960 el Gobierno castrista, con la Ley de Reforma Urbana, estatizó todas las viviendas del país. No entregó la propiedad a sus inquilinos, sino el derecho a ser propietarios cuando pagasen al Estado el valor de la vivienda. El Gobierno asumió el monopolio de la construcción de viviendas y devino único responsable de satisfacer las necesidades habitacionales.

En los países normales el Estado edifica viviendas económicas para familias de bajos ingresos, pero no pretende construir todas las viviendas. En ningún país del Primer Mundo, por rico que sea, un gobierno puede construir todas las viviendas de la nación. Es el sector privado el que se encarga de ello.

El castrismo reconoce un déficit habitacional de 883.050 viviendas que afecta a 2,6 millones de cubanos. Pero todos saben que supera el millón de inmuebles. Solo en La Habana el Gobierno admite un déficit de 206.000 viviendas y de 103.000 unidades en Santiago de Cuba.

A ello se suman los huracanes. En 2008, Gustav, Ike y Paloma, destruyeron 63.000 viviendas, según cifras oficiales. Después llegaron Sandy y Matthew, en 2012 y 2016, respectivamente. Solo Sandy derrumbó totalmente 30.000 viviendas y destruyó parcialmente otras 210.608. El último fue Irma hace tres meses, que dañó 158.554 viviendas, de ellas 14.657 derrumbadas completamente, y 16.646 parcialmente.

Construcción de viviendas baja sin parar

El régimen incluso viola su propia Constitución socialista, que en su artículo 9 expresa que el Estado debe garantizar que "no haya familia sin una vivienda confortable".

Pero el Gobierno no ha cumplido nunca ningún plan de edificación de viviendas. Ni siquiera con la invención fidelista de las microbrigadas. Entre 1960 y 1970 se planificaron 32.000 apartamentos anuales, pero se construyeron 11.000. En la siguiente década el plan fue de 38.000 viviendas anuales y se construyeron 17.000.

Cuando en los años 80 aumentaron los subsidios de Moscú el régimen programó 100.000 viviendas anuales, pero nunca pasó de 40.000. Los Castro prefirieron gastar el dinero regalado en intervenciones militares en África. Y ahora, mientras más se agrava la crisis de la vivienda, menos se construye, y la parasitaria economía castrista recibe cada vez menos cash obsequiado por Caracas.

En 2007 fueron edificadas 57.607 viviendas, al año siguiente 44.775, en 2009 fueron 35.085, y ya en 2016 se erigieron solo 22.106 y de ellas solo 9.257 las construyó el Estado. Analistas calculan que el Gobierno ha dejado de construir 1,5 millones de viviendas en casi seis décadas.

Desde 2015 el dictador decidió que el 70% de las viviendas del país fueran construidas por las propias familias interesadas, con "esfuerzo propio". Pero no les suministra los materiales. Y del 30% de las viviendas construidas por el Estado, el general dedica buena parte de ellas a las FAR y el MININT, mientras millones de cubanos carecen de vivienda y viven "agregados" y hacinados, o en barrios insalubres en condiciones infrahumanas.

Nuevos barrios solo para militares

Como ya la dictadura no tiene asidero político-ideológico y se sostiene solo por la represión y la fuerza militar, Castro II y su Junta Militar quieren asegurarse la lealtad de esa base de sustentación. Y construyen viviendas y barrios enteros exclusivos para militares y esbirros.

Ello hace recordar que luego del golpe de Estado del 4 de septiembre de 1933, Fulgencio Batista —rápidamente ascendido de sargento a coronel—, ya como nuevo jefe del Ejército, construía viviendas de mampostería y modernas para sus oficiales, sargentos y soldados, y erigió la Ciudad Militar en el Campamento de Columbia.

Pero hay una gran diferencia, pues durante el primer mandato autoritario de Batista (1933-1940), y después del nuevo golpe de Estado en 1952 y hasta el 31 de diciembre de 1958, había en Cuba capitalismo. El Gobierno no tenía el monopolio constructivo de nada, y se edificaban viviendas por todas partes, a un ritmo asombroso.

En los años 50, sin democracia política, La Habana experimentó el mayor boom constructivo de toda América Latina, incluyendo decenas de enormes edificios de apartamentos modernos y muchísimas casas, que seis décadas después, pese a la falta de mantenimiento, siguen siendo las mejores de la capital.

En cambio, el general Castro con su "democracia socialista" prohíbe la libre empresa y solo se preocupa en mantener contentos a quienes lo sostienen en el poder y les construye viviendas. Ni siquiera entrega materiales suficientes a las familias que las quieren construir ellas mismas. Los militares y represores tienen prioridad. Eso no ocurrió nunca antes en Cuba.

El Gobierno arguye que no construye más viviendas porque no tiene recursos, y culpa de ello al "bloqueo yanqui". No obstante, la gente observa indignada cómo se construyen barrios de viviendas exclusivos para militares y esbirros. Son grandes y muy bien terminados complejos habitacionales que además están cercados para aislarlos del "populacho".

Allí los miembros de las FAR y del MININT y sus familias disfrutan de confortables apartamentos, escuelas, supermercados, círculos infantiles, cines, parques, canchas deportivas, clubes exclusivos y otras comodidades. Lejos de la plebe.

No libertad, no solución

Lo cierto es que sin libertad económica jamás se aliviará siquiera la crisis de la vivienda en la Isla. El país necesita pequeñas y medianas empresas privadas de materiales de construcción y constructoras independientes que se encarguen de vender materiales, del transporte y de ejecutar profesionalmente las obras con calidad.

Se requiere de entidades que otorguen préstamos y financiamiento para erigir nuevas viviendas, reconstruir las que están en estado ruinoso, y acabar de una vez con los vergonzosos tugurios tipo "Llega y pon".

La autorización raulista para la compraventa de viviendas no resuelve nada. Es solo un reciclaje de las viviendas ya existentes. La escasez sigue intacta. Además, con un salario promedio que no supera los 30 dólares mensuales, los precios de los inmuebles resultan estratosféricos, excepto para cubanos residentes en el extranjero o los nuevos ricos.

La conclusión aquí es que el régimen militar de Cuba se comporta como el perro del hortelano: ni construye viviendas, ni permite que la libre empresa lo haga.

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