Dos sucesos jurídicos han marcado diciembre en Cuba. Uno es la promulgación del Decreto Ley 334/17 del Consejo de Estado y los Decretos 334, 335 y 336 del Consejo de Ministros. El asunto sobre el que se han pronunciado el Estado y Gobierno cubanos en estas disposiciones es uno que los trae de cabeza: "la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano".
El otro suceso es el informe de las comisiones a la Asamblea Nacional del Poder Popular donde como era de esperar, abundan los discursos optimistas, las justificaciones y las condenas al "bloqueo imperialista". Aunque todos los oradores abundaron en más de lo mismo, hubo uno que llamó la atención por la burrada olímpica que cometió, al exponer como una indisciplina en el transporte el que a los pasajeros de los ómnibus urbanos no se les entregue el boletín del pasaje. ¿De qué boletín hablaba este señor ministro? ¿Desconoce que hace decenas de años las empresas de transporte público abandonaron el uso del mal citado boletín?
Este desliz del servidor público indica que no le interesa el trabajo por el que se le paga, que no respeta a los diputados presentes ni a la institución que supuestamente representa los intereses del pueblo. Por otra parte, no es el ministro el único culpable, pues ninguno de los presentes pareció darse cuenta del disparate y todo continuó con la mayor tranquilidad y desparpajo posible en una reunión que mereció más seriedad.
Entonces es el momento de hablar del decreto y los decretos leyes de marras. No es solo que los funcionarios públicos desconozcan lo relacionado con la tarea a ellos encomendada, es que las propias disposiciones emitidas por los órganos de poder están lejos de resolver los problemas empresariales cubanos. Las empresas estatales socialistas no son perfectibles, los camaradas chinos y vietnamitas lo vieron hace rato y decididamente se encaminan a su total erradicación por ser fuentes de corrupción y obras maestras de la ineficiencia.
Todos los documentos emitidos por los órganos de poder en Cuba tienen obstáculos desde el momento de su concepción: están prejuiciados por razones ideológicas; no promueven el incremento de la eficiencia empresarial (más bien la obstaculizan); los directivos destinatarios no los toman en cuenta hasta el momento en que caen defenestrados o presos pues no se sienten parte del sistema; no son considerados los intereses de obreros y empleados, así como tampoco los intereses del consumidor del producto o servicio que llega al mercado.
Los Lineamientos, la Conceptualización y todo lo otro que cuelga, están lastrados por una carga ideológica que va siendo hora de borrar del verdadero lenguaje jurídico, económico y empresarial que promueva el desarrollo. Dicen los voceros del Gobierno que la Isla tuvo en 2017 un discreto crecimiento económico, pero no dicen con claridad que según datos de la CEPAL, el país solo creció en un 0,5 % del PIB. Esto es, ya no estamos en retroceso, ahora solo estamos parados.
Mientras, los diputados aplauden como focas amaestradas cada informe-fracaso, se regocijan con la idea de ser uno de los dos únicos países en el planeta que siguen victoriosos la senda de la economía estatal centralizada y planificada, y continúan esperanzados en que la ayuda solidaria de los capitalistas no tardará en llegar aunque haya que arrebatársela.
Si no se tratara de algo tan serio como el futuro de un país, todos estos aquelarres gubernamentales servirían de diversión; pero, sin crecimiento económico, ¿de dónde van a salir los recursos destinados a la salud y la educación por solo citar los servicios icónicos de la Revolución cubana, o a la reconstrucción pendiente de las 240.000 viviendas destruidas por huracanes recientes y antiguos?