Vendedores ambulantes de productos agrícolas (carretilleros) en San Germán, Holguín, denuncian que en los últimos meses han sido víctimas de decomisos y fuertes multas que consideran injustificados y abusivos.
"Fui hasta la localidad El Níspero —a 14 kilómetros de San Germán— para comprar ocho quintales de cebollino a un costo de 6.400 pesos (moneda nacional), unos 256CUC. De regreso, me interceptaron agentes de la Policía, me decomisaron el producto y además fui multada con 1.500 pesos", relata Yisel Fernández Gonzalo, de 27 años de edad y cuentapropista desde 2014.
"Al preguntar sobre el decomiso, respondieron que la mercancía era de procedencia ilícita, algo con lo cual no estoy de acuerdo porque se la compré a un campesino", añade.
"Nos sentimos bloqueados", explicaba un jubilado que ahora se dedica a la venta de productos agrícolas. "No podemos vender arroz, papa, frijol, comino, ni siquiera puré de tomate, sin dar explicación. Entonces, tenemos que arriesgarnos, venderlo sin mostrarlo en la carretilla y cuidarnos de no ser sorprendidos por un inspector y recibir una multa que puede ir de 700 a 1.500 pesos".
"Para decomisarte mercancía comprada a un campesino, las autoridades te preguntan si el mismo cumplió el compromiso con la empresa municipal de Acopio, algo que a nosotros no nos interesa", agrega el jubilado. "Deberían preocuparse por poner un local en el cual podamos comprar los productos. Creo que lo que quieren es desaparecernos".
Otra medida gubernamental que ha sido muy polémica es la de los precios topados, indica Alexis Frómeta.
"La prensa local informó que la malanga tiene un precio tope de siete pesos la libra, pero yo la tengo que vender a 12 pesos", advierte. Explica que en San Germán no se cosecha ese tubérculo y tiene que ir a comprarlo a Baracoa, Guantánamo.
Según Frómeta, con el transporte, conseguir la malanga le cuesta diez pesos la libra.
"Nosotros tenemos que vender para ganar. Reconozco que quien más se afecta es la población, pero no tenemos solución. Espero que el Gobierno suspenda la medida de los precios topados, porque a la feria que se realiza todos los sábados cada vez son menos vendedores los que acuden debido al acoso, las multas y la represión", lamenta.
En su mayoría, los consultados por DIARIO DE CUBA opinan que el Gobierno no tiene en cuenta el costo de conseguir los productos agrícolas. Asimismo, denuncian presiones sobre los propios campesinos, víctimas también de imposiciones de precios y de las metas de entregas a Acopio.
Uno de los entrevistados, que no quiso revelar su nombre, describe la situación como "una cadena".
"El Gobierno pone una lista de precios tope como para hacerse el bueno e intentar mostrar al público que nosotros somos los ladrones, los malos de la película; pero resulta que tiene los precios en las tiendas en divisas bien caros y le paga a los trabajadores cubanos bien poco", señala. "Para nosotros es una pena saber que mucha gente no puede pagar estos precios, pero es que nosotros también somos sobrevivientes".
Otro carretillero, Fernández Gonzalo, se queja del costo de las licencias para realizar la actividad.
"Yo en 2014 pagaba 70 pesos de patente y ahora pago 140 pesos, más 13 pesos por el ayudante, que es jubilado, y 87.50 de Seguridad Social, sin explicación alguna para este aumento", detalla.
Ningún carretillero sabe el porqué de las diferencias en las licencias que pagan. Abel Diéguez afirma que mientras él paga 150 pesos, a otros les cuesta menos, aunque venden los mismos productos.
Las licencias para carretilleros o vendedores ambulantes de productos agrícolas están entre las que el Gobierno decidió dejar de entregar en agosto pasado.
A las represalias denunciadas se añaden las multas por estacionarse en un lugar fijo. "Eso no ha cambiado", asegura un joven. "Lo que pasa es que los carretilleros están cansados y se arriesgan. Por supuesto, nosotros somos quienes pagamos esas multas con los altos precios de los productos".