Las empresas estatales cubanas, hasta hace pocos meses las únicas reconocidas en la Isla, contarán con más independencia del Estado aunque serán tuteladas por el Consejo de Ministros, tras la entrada en vigor este miércoles de nuevas normas, informa EFE.
Con las nuevas reglas, que se plasman en un Decreto Ley y tres Decretos, "se avanza en el perfeccionamiento del sistema empresarial y se dota a las empresas de mayor autonomía" en busca de "un sistema empresarial más organizado, eficiente y eficaz", anuncia el diario oficial Granma.
Las medidas llegan en un momento de tensión económica para Cuba, afectada por la crisis en Venezuela, la caída de los precios de sus exportaciones, los estragos del huracán Irma y el enfriamiento de las relaciones con EEUU tras la llegada al poder de Donald Trump, que ha frenado el comercio con los militares cubanos.
La excesiva burocracia y subordinación de las empresas cubanas a las estructuras estatales han sido uno de los principales frenos para su desarrollo y ha afectado también a la percepción que los inversores extranjeros tienen de Cuba, según ha reconocido el Gobierno en más de una ocasión.
Las nuevas normas eliminan "la dispersión legislativa existente", derogan legislación de 1979 y 1988 y aúnan "conceptos, funciones y facultades para todo el sistema empresarial".
Las nuevas reglas recogidas en la Gaceta Oficial extienden a todas las empresas estatales del país el llamado "perfeccionamiento empresarial", que otorga mayores facultades a los directivos de las compañías y delimita "con precisión" la labor de las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), las empresas y las unidades empresariales de base.
Así, según explica el oficial Granma, las OSDE ejercerán sobre las empresas "funciones de dirección y control, pero sin intervenir en su gestión y bajo un estricto respeto de su autonomía".
El control prioritario lo ejercerán "sobre los resultados integrales de toda la organización y el uso de los recursos asignados por el Gobierno", apunta.
Además, esos órganos superiores empresariales serán atendidos "por un miembro del Consejo de Ministros designado a estos efectos, lo cual es personal e indelegable: a él corresponden tareas de orientación, coordinación y control, sin suplantar al presidente de la OSDE en sus funciones de dirección".
Según recoge la nueva normativa, entre las funciones de los ministros respecto a esos órganos están evaluar sus resultados económicos, controlar el proceso inversionista y la transferencia de tecnología desde y hacia el exterior.
Los ministros también vigilarán "las afectaciones económicas provocadas al país" por las empresas que integran cada OSDE a su cargo, "incluyendo sus operaciones de comercio exterior" y coordinarán "la aplicación de la política de la inversión extranjera, la colaboración y sus resultados".
Estas nuevas políticas forman parte del proceso de actualización del modelo socialista impulsado en la última década por Raúl Castro, que también ha incluido la ampliación del maniatado sector cuentapropista y el reciente reconocimiento de la empresa privada, aunque todavía con importantes limitaciones.
"Los cuatro instrumentos jurídicos recientemente anunciados pudieran dinamizar la reforma de la empresa estatal y, sin dudas, eso sería positivo. Es muy probable que los nuevos textos legales motiven análisis de diferente tipo en los próximos días", señala el economista Pedro Monreal en su blog.
Varios expertos en economía cubana han criticado el papel de las empresas estatales en el panorama económico de la Isla y la ineficiencia con que operan. Han insistido en que de liberarse las fuerzas productivas, el país podría convertirse en un gran exportador de bienes.
Sin embargo, el Gobierno dejó de otorgar licencias para el ejercicio del llamado trabajo por cuenta propia en un grupo importante de negocios, entre ellos los relacionados con la restauración y el alquiler de viviendas.
Para economistas como Omar Everleny, La Habana debería "concentrarse en erradicar la pobreza (...)" antes de "perseguir" el progreso que podría desencadenar el sector privado.
El Gobierno cubano ha cerrado desde 2013 más de 500 empresas estatales, sociedades mercantiles, cooperativas y unidades presupuestadas, según un nuevo informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) divulgado en octubre pasado.