El diario Granma se hizo eco ayer de unas declaraciones de la viceministra de Salud que cito textualmente: "Cuba apoya el fortalecimiento de sistemas de salud dirigidos al alcance de la cobertura sanitaria universal, reconociendo a la salud como un derecho humano esencial y centro de las políticas públicas".
Es difícil no estar de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.
Desde hace muchos años, décadas tal vez, todos los países del mundo han intentado consolidar sistemas de atención sanitaria financiados con los impuestos que se recaudan de los ciudadanos y en los que, igualmente, existe una participación destacada de la iniciativa privada en la prestación de los servicios. No puede ser de otro modo, si se pretende introducir elementos de eficacia en la gestión y garantizar a todos los ciudadanos ese derecho a la salud.
Sin embargo, en Cuba no ocurre lo mismo. El régimen, que concentra toda la riqueza producida en la nación, por cuanto el ejercicio de la empresa privada capitalista se encuentra prohibido o limitado a determinadas actividades por cuenta propia, se encarga de gestionar el 100% de la salud.
Y lo hace, ni más ni menos, que detrayendo de la productividad obtenida por el trabajo, el capital, la tierra, el talento, es decir, del conjunto de factores de producción, una cuantía del valor generado (prácticamente la mitad, según algunos cáculos), lo que explica por qué en Cuba los salarios nominales medios de la población apenas representan 24 dólares al mes. De los más bajos del mundo.
Más reciente, el régimen se ha dispuesto a obtener recursos en el extranjero con los médicos que forma anualmente. Una práctica que ha sido ampliamente criticada en diversos foros internacionales. Cierto, Cuba es una nación en la que el número de profesionales de la sanidad que cada año egresan en los centros universitarios es de los más elevados del mundo, pero esto igualmente supone un coste para las arcas del Estado, porque tal vez no se necesitarían tantos médicos para atender una población estancada desde el punto de vista demográfico.
Los datos son asombrosos. Una nación que cuenta con 11 millones de habitantes tiene más de 495.000 trabajadores de la salud, con presencia médica cubana en 64 países, alcanzando una cifra de 40.000 profesionales. Es decir, por algún sitio se tiene que obtener el beneficio, y de ahí viene la práctica sistemática de lo que Cuba denomina "la cooperación médica internacional" y que algunos califican como un negocio oneroso para el régimen, que aporta suculentos ingresos todos los años. Una forma de salvar el denominado embargo, que tampoco parece funcionar en este ámbito.
Es decir, se podría ofrecer el mismo servicio de salud a la población, y garantizar este derecho para todos, con menos despilfarro y una gestión más orientada a satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos.
Por suerte, los servicios médicos no se requieren de forma continua. La población suele encontrarse, en líneas generales, bien de salud la mayor parte del tiempo, y solo recurre a los galenos en momentos de enfermedad. Sin embargo, en Cuba, el régimen mantiene la detracción continua de recursos de los factores de producción para sostener el armazón de un sistema sanitario que, por otra parte, se viene abajo como consecuencia de la falta de inversiones y el mantenimiento de las instalaciones y equipos.
Ningún gobernante, en su sano juicio, sea cual sea su ideología, cuestiona los servicios de salud a la población. Los estudios confirman que las naciones sanas son económicamente más estables y productivas y, al mismo tiempo, se encuentran más cohesionadas socialmente. Los cubanos deben saber que el retorno de Cuba a la democracia y la libertad no va a suponer, en modo alguno, una disminución de los servicios sanitarios actuales.
Me atrevo a afirmar que podrá suponer un aumento, cuantitativo y cualitativo, de los mismos, y desde luego, una prestación mucho más eficiente.
Por lo pronto, la libertad de ejercicio profesional en el ámbito de la medicina permitirá a muchos profesionales establecerse por cuenta propia y ofrecer sus servicios a la población, como en cualquier otro país del mundo. Esto no significa en modo alguno, mercantilización de la sanidad, sino devolver a la iniciativa privada parte de un sector que en otros países, con éxitos destacados, también sigue el mismo modelo.
Estos profesionales podrán actuar de modo independiente o asociarse. Cuando este sea el caso, los actuales hospitales del Estado tendrán que competir en la prestación de servicios con los privados que puedan surgir en este nuevo diseño de cooperación público y privado que, insisto, también funciona en otros países del mundo y garantiza la salud en las mejores condiciones para todos. Este comportamiento mejorará la calidad asistencial con una mejor asignación de recursos.
La investigación científica en el ámbito de la medicina tendrá igualmente una participación destacada. Eso es innegable, pero el Estado dejará de ser el único que pueda desarrollar estas actividades y se permitirá la participación de empresas privadas y, desde luego, la inversión extranjera en el sector, facilitando la libre movilidad, y no obligada, de profesionales y científicos cubanos al resto del mundo.
La cooperación de Cuba en el sector farmacéutico mundial debe servir para que el país ocupe posiciones destacadas en este sector en ámbitos como la eliminación de la transmisión materno-infantil del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la sífilis, entre otros.
Y los trabajadores cubanos, que ya no se verán obligados a dedicar de forma obligatoria más del 50% de sus sueldos medios a sufragar las políticas de gasto del Estado (sanidad, pero también educación, servicios sociales, etc), podrán observar cómo, al aumentar sus ingresos, mejora su poder adquisitivo y ello les permite realizar una elección libre sin condicionamientos ideológicos.
Aquellos que deseen continuar recibiendo atención pública no experimentarán merma de los servicios, pero otros, los que así lo deseen, podrán acudir a los profesionales independientes o los hospitales privados que se vayan abriendo en el país, muchos de ellos dirigidos a prestar servicio a turistas que vendrán a Cuba para recibir tratamientos diversos, generando así un potencial sector de turismo sanitario, libre y no controlado por el Estado.
Este podría ser uno de los sectores con mayor potencial de empleo en esa Cuba futura con la que soñamos, independiente del control comunista.
Los cubanos deben saber que esa nueva nación podrá seguir siendo solidaria en situaciones de crisis y emergencias. Nada lo impedirá si los ciudadanos así lo deciden de forma democrática con el pago de sus impuestos, pero no habrá nadie que tome decisiones por ellos.
Es mucho lo que se tiene que hacer en el ámbito de la salud. No es cierto que Cuba esté a la vanguardia de nada. El actual modelo, estatal e intervencionista, está agotado y se notan las anomalías que no se pueden corregir con los instrumentos que existen. Por cierto, habrán notado que no hablo de "salud pública", sino de "salud" en general. La diferencia es muy importante, y cuando no se tiene en cuenta ocurre lo de Cuba.
Este artículo apareció originalmente en el blog Cubaeconomía. Se reproduce con autorización del autor.