Lo primero que hizo la Revolución cubana fue restablecer la pena de muerte. Y la aplicaron de inmediato masivamente, tras juicios sumarísimos o incluso sin ningún juicio para quien era acusado sin remedio a morir. De hecho, el Ejército Rebelde de Fidel Castro, así como el movimiento terrorista urbano de la clandestinidad, comenzaron a "ajusticiar" a cubanos varios años antes del 1 de enero de 1959. Esa es la tradición del castrismo y ese será su legado: tiratiros a traición.
Durante el período republicano (1902-1958) de nuestra historia nacional, la pena de muerte casi fue abolida desde el inicio mismo por la Asamblea Constituyente de 1901. Pero la votación se perdió por un solo voto en contra, especificando que nunca se aplicase "la pena de muerte por delitos de carácter político" (Artículo 14).
La Constitución de 1940, de carácter casi socialista gracias al pacto entre el nacionalista Fulgencio Batista y la elite intelectual de izquierda, por fin pudo abolir el asesinato legal por parte del Estado: "No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera" (Artículo 25).
Pero a la vuelta de una década llegó el comandante y mandó a matar.
La fiesta de los fusilamientos comenzó apenas se supo de la fuga de Fulgencio Batista. El 7 de febrero de 1959 se impuso al país una Ley Fundamental que derogaba sin ninguna fundamentación legal a la Constitución de 1940. De manera que la pena de muerte ya podía aplicarse en paz en "los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos represivos de la tiranía, de los grupos auxiliares organizados por ésta, de los grupos armados privadamente organizados para defenderla y de los confidentes, por delitos cometidos en pro de la instauración o defensa de la tiranía derrocada el 31 de diciembre de 1958", así como a "las personas culpables de traición o subversión del orden institucional o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera" (Artículo 25).
Lo cierto es que ya desde el Reglamento 1 del Ejército Rebelde se aplicaba a diestra y siniestra la pena de muerte en los territorios "liberados" por la guerrilla castrista, sin necesidad de demasiadas pruebas más allá de la convicción de los caudillos de verde oliva, sobre todo en los supuestos casos de asesinato, traición, sedición, fuga, desobediencia, espionaje, malversación, violación o rapto, homicidio, asalto a mano armada, robo, saqueo, bandolerismo, deserción y otros relacionados con la disciplina militar. Y, por supuesto, en dependencia de la sed de sangre del caudillo como castigo ejemplar.
Ernesto "Che" Guevara en persona relata en sus diarios y cartas cómo tuvo que matar a sangre fría a varios de los condenados. Y también es conocido que en la Sierra Maestra se empleaba la falsa ejecución como mecanismo de tortura de los prisioneros, además de para aterrorizar lo mismo al ejército enemigo que a la población.
Unos pocos años atrás, el general Raúl Castro todavía justificaba la plena vigencia de la pena de muerte en Cuba durante una visita a Chile para la Cumbre de la CELAC 2013: "Nuestras leyes permiten la pena de muerte. Está suspendida, pero ahí está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes". De reserva quiere decir: Cuba tiene que saber que no nos iremos del poder sin antes masacrar cubanos.
Cada cubano y cubana es de máximo interés biopolítico para el Estado totalitario cubano. El castrismo no puede permitirse otro tipo de poder que el poder de Dios: arrebatarnos la vida, sea de manera legal o, de ser conveniente, disfrazada como accidente o enfermedad.
Un ciudadano libre y moderno ha de estar siempre en contra del asesinato de Estado, sin excepción. Por eso los cubanos deberíamos de estar participando de un debate nacional para su absoluta abolición. Ni a las mujeres (a las que por paternalismo no se les aplica la pena máxima), ni a los hombres (que han caído por miles ante los pelotones y el paredón).
Matar por ley, nunca más. Matar por ley, basta ya.
Ningún Estado posee derecho sobre la vida de un ser humano. Ningún Estado es fuente de vida ni ha de ser causa de su exterminación a la fuerza. Los países más desarrollados del mundo han abolido la muerte como castigo desde hace bastante: Canadá (1998), Bélgica (1996), Suiza (1992), Alemania (1987), Australia (1985), Noruega (1979), Dinamarca (1978), Finlandia (1972), Suecia (1972), Austria (1968), Islandia (1928), etc. Y también la mayoría de los países latinoamericanos ya han decidido abolirla, como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y hasta la dictatorial Venezuela.
Pero la Cuba de Castro, igualita a los gobiernos más retrógrados (incluidos varios dentro de EEUU), temen perder ese poder necropatriótico a perpetuidad: el poder de matar a sus subordinados a mansalva, a la vez que perdonan perversamente a sus hembras, para que así engendren más hombres a eliminar cuando convenga, y también más hembras para reproducir el ciclo castrista de nuestra muerte estatal.