El Gobierno no autorizará la creación de nuevas cooperativas no agropecuarias hasta tanto no erradique las "limitaciones e insuficiencias" que dice haber identificado en el desarrollo de estas. El mecanismo de trabajo no estatal se encuentra en un proceso de "perfeccionamiento" antes de "consolidarlo y generalizarlo".
Yovana Vega Mato, segunda jefa del área a cargo de la Implementación y Desarrollo, dijo al diario estatal Granma que "en su mayoría las cooperativas no agropecuarias muestran resultados positivos al reafirmarse como una fuente de empleo; así como lograr diversificación y calidad aceptable de los servicios; entre otros elementos".
Sin embargo, declaró que "se han identificado limitaciones e insuficiencias en su desarrollo como actos de indisciplinas; apropiación indebida de recursos y de ingresos; personas que fungen como socios de varias cooperativas a la vez; deficiencias en los registros contables; utilización de créditos bancarios con fines diferentes para los cuales se otorgaron; y algunos hechos de corrupción".
La funcionaria señaló como una de las principales desviaciones "comprobadas" que "algunas cooperativas actuaban como empresas privadas, donde el presidente ejercía como si fuera el dueño, con un mínimo de socios, y fundamentalmente realizaban su gestión contratando los servicios de trabajadores por cuenta propia como asalariados, para luego repartir las utilidades solo entre los socios".
Según Vega Mato, "se han puesto de manifiesto diferencias significativas e injustificadas en los ingresos que reciben los socios. Nada más alejado de lo que el cooperativismo realmente significa".
Dijo que en las actividades de la gastronomía y de la construcción se concentra "el grueso de las deficiencias".
Lamentó que en la gastronomía las entidades "no logran aún la transformación necesaria para lo cual fueron constituidas, ni en imagen, ni en calidad, ni en los precios" y condenó que estos últimos, "como tendencia, se han incrementado, impactando negativamente en la población en este sentido".
En la construcción, por otra parte, afirmó que "se ha manifestado una mayor incidencia de la contratación de fuerza de trabajo, que aunque crea valores, no recibe beneficios por la distribución de las utilidades".
Para la funcionaria, las dificultades se extienden más allá del trabajo interno de las propias cooperativas, y admitió "falta de rigor y exigencia en el seguimiento, control y fiscalización por parte de los organismos estatales involucrados".
En tal sentido, Vega Mato insistió que "en la actualidad, las prioridades están encaminadas a eliminar las deficiencias surgidas en el experimento, concentrar los esfuerzos en consolidar el desempeño de las poco más de 400 cooperativas autorizadas, así como hacer más efectivo su control y fiscalización, como premisa indispensable del ulterior desarrollo de esta forma de gestión".
En medio de este estancamiento y amparado en algunas de estas "irregularidades", el Ministerio de Finanzas y Precios corroboró el martes la extinción de Scenius, una de estas cooperativas dedicada a servicios contables y financieros autorizados por el Gobierno.
Según datos oficiales, más de 12.000 socios se integran en las cooperativas no agropecuarias. Los sectores de gastronomía, el comercio, los servicios personales y técnicos, la construcción y la industria representan el 88% del total de las constituidas.
De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, la decisión de no crear más cooperativas no agropecuarias —lo cual incluye los proyectos actualmente en trámite—, "tampoco es algo nuevo, sino que forma parte de la labor continua de evaluación que sobre este experimento se realiza desde su puesta en marcha", ya hace cuatro años.
La decisión del Gobierno, que había sido adelantada en el último Consejo de Ministros, se suma a las últimas medidas adoptadas para ejercer más control sobre el trabajo privado en la Isla.
La semana pasada fueron anunciadas nuevas regulaciones para el sector no estatal, entre ellas el fin de las autorizaciones para un grupo de actividades y restricciones para arrendadores de viviendas, vendedores ambulantes y elaboradores vendedores de alimentos en restaurantes y cafeterías (paladares), entre otros.
Los negocios del sector no estatal, al que el Gobierno llama "por cuenta propia" para evitar usar la palabra "privado", sufren restricciones que no le permiten funcionar como empresas. Las actividades económicas autorizadas están limitadas fundamentalmente a oficios que no demandan fuerza de trabajo calificada.
El martes, en una reafirmación que la prensa estatal presentó como aclaración sobre estas últimas medidas, el Gobierno sostuvo que algunas de las normativas ordenadas son "temporales" y otras solo son "de continuidad" y defendió que ninguna "constituye un retroceso".
Para economistas cubanos como Carmelo Mesa-Lago y Omar Everleny Pérez, las políticas de La Habana en este sentido, de enorme lentitud, constituyen un freno al desarrollo económico.
Para Everleny, "Cuba es el único país en el que se persigue la riqueza y no la pobreza". Considera que el Gobierno debe concentrarse en erradicar este último flagelo (...) antes de "perseguir a aquellas personas que han alcanzado un mayor bienestar".
En opinión del especialista "el ajuste se debe hacer hacia arriba, no hacia abajo", como lo han ratificado estas últimas regulaciones al sector privado.