Corrupción, punto y seguido en Cuba

El fenómeno de la corrupción y los flagelos derivados de ella ocupan los espacios de interés de gobiernos, instituciones mundiales y grupos de carácter cívico y político en el mundo. En opinión de muchos expertos, es la raíz de la mayor parte de los problemas institucionales y políticos de un número creciente de gobiernos y gobernantes a nivel global. Es además responsable del florecimiento de modalidades delictivas que se derivan proporcional y orgánicamente de ella. De ahí que este fenómeno resulte tan preocupante y peligroso, no solo en el rango de las fronteras nacionales, sino más allá, alcanzando incluso espacios continentales e instrumentos mundiales.

Quizás no pocos señalen a la corrupción como un problema más acuciante en los llamados países ricos, dadas las condiciones que estos presentan por la generación constante de posibilidades de un crecimiento económico sostenido. Pero, ¿es cierta esta valoración o sucederá más bien lo contrario? ¿No serán los llamados países en vías de desarrollo, en su mayoría con regímenes políticos de tradición autoritaria, los más golpeados e institucionalmente más abocados a la aparición de este dañino flagelo?

La corrupción en Cuba. ¿Mito o realidad?

"Los secretos mejor guardados son los que se encuentran a la luz pública", es una frase que forma parte del acervo cultural popular de la población cubana que describe muy bien nuestro asunto a tratar. Sobre el particular de la corrupción y su proceso de fortalecimiento dentro de Cuba se puede decir mucho, comenzando por el final, para una mejor comprensión de la evolución del fenómeno.

A continuación, el listado que ofrece la organización internacional Transparencia Internacional, donde se puede apreciar la evolución de la corrupción en Cuba en los pasados 13 años (2003-2015).

Cuba. Índice de percepción de la corrupción

Como resulta obvio, salvo el año 2003, en todos los demás años compilados Cuba se encontró entre los lugares del 56 al 69 de 182 naciones evaluadas. Para algunos quizás estas cifras o lugares no determinen que la nación caribeña esté tan dentro del vórtice del problema real y en crecimiento que la corrupción significa. Sin embargo, habría que recordar que el sistema de gobierno y conducción estatal que desde hace más de 50 años presenta Cuba, la sitúan como el único país del Hemisferio Occidental con un sistema de único partido político reconocido y ausencia total de pluralidad política y económica. La Isla posee un sistema de control centralizado que impide crear medios generadores de riqueza por ciudadano alguno. Aquellos individuos ajenos a la nomenclatura que logran acumular alguna riqueza fuera del control estatal son investigados por un aparato policíaco que expedienta todas y cada uno de sus resultados.

La propiedad sobre prácticamente todos los medios productivos y la riqueza que estos generan administrados por la nomenclatura militar hacen que esta sea una de las principales fuentes de corrupción en el país. Esto ha dado origen a no pocos escándalos y situaciones de carácter delictivo. Entre los más conocidos pudiera mencionarse el caso del armamento no declarado por el Gobierno cubano en un carguero mercante de bandera norcoreana que pretendían pasar por el Canal de Panamá violando las sanciones de la ONU sobre el régimen dinástico de Corea del Norte.

La corrupción, por lo tanto, sitúa a casi todas las entidades del aparato estatal cubano, así como a sus administradores, como los principales artífices de largos y tortuosos procesos de robo y enmascaramiento de fondos. Esto trae consigo el traslado de esos fondos a paraísos fiscales, la compra de propiedades en diferentes locaciones del mundo e incluso la creación de empresas fantasmas.

La corrupción y los corruptos, ¿dónde buscarlos?

Dadas las actuales posibilidades que se abren en el mundo de la informática y las comunicaciones, el uso de las redes sociales y el florecimiento de los medios alternativos de noticias, es posible acceder a información valiosa en cuestiones sensibles para las sociedades modernas. De esta manera se conoce de la cadena de acontecimientos generados por irregularidades de tipo financiero y fiscal. Estos han permitido a no pocos funcionarios con altas responsabilidades gubernamentales participar o dirigir complejos y amañados procesos de corrupción y tráfico de arte, así como diferentes modalidades asociadas a la prostitución, el juego ilícito y los negocios coligados con el blanqueo de fondos.

Expongo dos ejemplos concretos: el de Habaguanex S. A. y el del Banco Financiero Internacional.

Habaguanex S. A. era dirigida hace poco menos de un año y medio por Eusebio Leal, director de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Actualmente es controlada por un grupo de militares de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Este es uno de los conglomerados comerciales más eficientes y productivos de Cuba, con más de 15 establecimientos de hospedaje entre hoteles y hostales. Posee, a su vez, todos los comercios del Casco Histórico habanero y dirige dos marinas en la misma ubicación.

Habaguanex S. A.  fue sacudida hace alrededor de tres años por un escándalo de corrupción y tráfico de estupefacientes que removió su máxima dirección y sacó a la luz pública los turbios manejos que se hacían entre dirigentes de primer nivel y extranjeros residentes en el país. Todavía en la actualidad siguen apareciendo pruebas que vinculan de manera directa a fuerzas del orden público, dirigentes del Gobierno local y administrativos en procesos de corrupción asociados con el hecho.

Las pesquisas realizadas arrojaron que existían manifestaciones de prostitución, filmes pornográficos con jóvenes cubanas y actores reconocidos a nivel internacional —como el español Nacho Vidal, por ejemplo—, lavado de dinero y tráfico de drogas, entre otros delitos de menor cuantía. Además, se descubrió una red de burdeles "clandestinos" con jóvenes de ambos sexos, de entre 17 y 25 años de edad, que todavía hoy funcionan a plena luz del día.

El Banco Financiero Internacional S. A. (BFI), como instrumento financiero cubano, se ha visto expuesto a investigación por parte del grupo GAESA de las FAR. Fue acusado de fraude y evasión fiscal millonaria debido a manejos turbios con empresas implicadas en el reciente escándalo de los Papeles de Panamá.

El mencionado grupo GAESA absorbió a la institución bancaria; algo sin precedentes en la historia del Banco Central de Cuba, donde un grupo empresarial compuesto de militares adquieren el control de un instrumento financiero. Al parecer, la acción se llevó a cabo para desvincularlo de cualquier posible auditoría financiera o contable que pueda proporcionar a civiles información valiosa de cómo se manejan los negocios millonarios entre los que gobiernan Cuba y sus socios por más de 50 años.

Otra de las razones es que el Gobierno cubano evalúa la posibilidad, cada vez más cercana, de una avalancha de medianas y grandes empresas con intenciones de invertir en la Isla, y de esta manera la nomenclatura militar no queda desprotegida o vulnerable ante posibles organismos financieros que pudieran tratar de introducirse en Cuba.

Después de ejemplos como los mencionados, sin duda alguna podemos afirmar que la corrupción en Cuba está institucionalizada, dados los marcos circunstanciales en los cuales se manifiesta con mayor fuerza, involucrando incluso a personas y entidades de primer nivel gubernamental. Dos ejemplos elocuentes los podemos apreciar en Carlos Lage Dávila, exsecretario de los Consejos de Estado y de Ministros, y Felipe Pérez Roque, excanciller. Según la versión oficial, ambos participaron en actividades económicas ilícitas, procesos de enriquecimiento y encubrimiento de estos, además de practicar abuso de poder utilizando sus altos puestos.

Estos casos son significativos, pues ambos se ubicaban en sitios claves del Gobierno y, como resulta obvio, respondían de manera directa a la Presidencia de la nación; posición que les permitió —pese a ser despojados de sus altos puestos— no ser procesados por los delitos cometidos cuando a cualquier otro ciudadano cubano le habría costado largas penas de prisión.

La corrupción en los diferentes estratos poblacionales dentro de Cuba

Resulta en extremo preocupante dentro de la base social cubana actual cómo la liviandad de conciencia y de moral han dado lugar a la permisividad y al irrespeto total a la ley. Para muchas capas de la población la corrupción no se visibiliza como un problema y sí como la solución a los problemas que existen en el diario vivir.

El soborno a funcionarios públicos para que permitan actividades no autorizadas e incluso penadas por ley, los "regalos" a médicos y personal de la salud para recibir mejor atención o más personalizada, la entrega de productos y servicios a cambio de violar las leyes, son prácticas habituales y ya arraigadas dentro de Cuba. La extorsión por parte del personal policíaco a cuentapropistas, como son los taxistas (boteros), las paladares o cafeterías, y el personal que labora en los agromercados, así como los vendedores ambulantes, es de dominio público.

El auge desde hace algunos años de grupos bien organizados que controlan los bajos fondos (juego, prostitución, usura, tráfico, consumo de drogas) en un país como Cuba, con las características de control gubernamental antes señaladas, hacen pensar en un aparato especializado de lucha anticorrupción pulsando la cuerda de los límites permitidos para el ejercicio de estas actividades. De modo que puedan disminuirlas o expansionarlas según convenga.

La permanencia de un único partido y una dirección única en el Gobierno cubano por tanto tiempo, ha dado lugar a espacios de acomodamiento e impunidad para cada vez más sectores o cargos que consideran que, dadas sus responsabilidades, están por encima de las leyes. Y esto parece ser una gangrena incurable.

La petición de leyes anticorrupción, conjuntadas a herramientas de presión, como pueden ser las huelgas sociales o los reclamos grupales por sectores poblacionales, puede ser un primer paso en el rescate de los valores nacionales. Otra de las maneras de combatir las prácticas corruptas sería la petición ciudadana de rendición de cuentas por parte de todos los dirigentes del país, así como la evaluación periódica de los documentos y balances de la gestión del Gobierno. Ese sería un buen comienzo para un futuro Gobierno de transición democrática y para forjar, en definitiva, un nuevo país.