El acercamiento de los últimos tiempos entre el Gobierno de EEUU y la dictadura cubana no parece acercar —como esperaban muchos— el día de las compensaciones para los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba. Cada vez son más los que reclaman (suman ya 5.913, según la Comisión de Reclamaciones del Extranjero, FCSC), pero cada vez parecen ser menos los que se muestran optimistas, ni aun ante la siempre imprecisa y aun remota posibilidad de que el embargo quede eliminado por completo.
Sin embargo, no hay por qué dudar que menos tarde que nunca llegue a cuajar algún arreglo, a pesar de que ahora mismo no se vislumbra ni con telescopio. Si Estados Unidos lo consiguió en el caso de otros regímenes no menos recalcitrantes, como el de China, no se puede descartar que también lo consiga en Cuba, aunque no sea pronto. Tal vez allá por la cuarta o quinta dinastía de los Castro.
En todo caso, la lógica elemental del intercambio entre países del mundo civilizado indica que algo tendría que ocurrir al respecto. Y si demorase, es de esperar que no sea por falta de gestiones de los afectados y del Gobierno que los representa.
Menos esperanzas (ya que ni siquiera han iniciado gestiones en la mayoría de los casos) deben tener los cubanos que fueron dueños de pequeños negocios en la Isla, aquella humilde gente que se rompió el lomo trabajando durante toda la vida, sin sospechar el irrespeto y la cruel frialdad con que el Gobierno revolucionario iba a expropiarlos, obligándoles incluso a que no se llevaran de sus establecimientos más que la ropa que tenían puesta.
Con perdón de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que sufrieron usurpación (y que merecen por ello las justas compensaciones), a mí me parece mucho más escandalosa la tragedia de estos pequeños negociantes. Y considero que ahora que nuestra dictadura puja por hacerse un sitio entre la concurrencia de gobiernos "normales", debiera empezar por el intento de atenuar, ya que no puede borrar, tan bochornoso capítulo, indemnizando al menos a sus descendientes.
Por suerte, constan las estadísticas y otros datos históricos. Así que tendrían ahorrado ese trabajo. Se sabe que fueron 55.636 las pequeñas empresas, pertenecientes a una o dos personas, que Fidel Castro dispuso expropiar con la cruel pretensión de dejar a sus dueños desamparados, sin un centavo en el bolsillo ni de dónde sacarlo, para obligarles a depender enteramente del Estado.
Tal vez no se haya insistido suficientemente en la naturaleza fascista de esta medida, un desenmascaramiento en toda regla de Fidel Castrocomo el primer y más sobresaliente contrarrevolucionario de la revolución de 1959. La expropiación de la única fuente de subsistencia de pequeños comerciantes, gestores de servicios y productores del país contradijo incluso las tesis sobre la construcción del socialismo, basadas en la nacionalización de los medios fundamentales de producción.
Usurparle las tijeras a un sastre y el martillo a un carpintero, o impedirle por ley a un plomero, a un electricista, a un albañil, que ejercieran independientemente un oficio que era patrimonio cultural, además de constituir el sustento de sus familias, podría haber servido para cualquier otro propósito malsano y demencial, pero no para la construcción del socialismo en Cuba.
No obstante, el proceso ha quedado registrado en la historia con el paradójico nombre de "Ofensiva Revolucionaria", tal como lo bautizó Castro en aquel manipulador discurso del 13 de marzo de 1968, que fue cuando empezó a entrarle el agua al coco de su dictadura totalitarista. El camino le quedaba expedito al ser eliminada una de las pocas áreas de autonomía social que aún sobrevivían en el país.
Después de aquella barrabasada solo se mantuvo ajeno al mangoneo gubernamental un reducido grupo de campesinos, que poseían el 30% de la tierra, no obstante lo cual eran capaces de cubrir alrededor del 70% de la demanda de la población en materia de productos del agro. Pero a esos también terminaría pasándoles por encima el cilindro del fidelismo.
¿Podremos confiar en que algún día, sabe Dios cuándo, los hijos o nietos o bisnietos de todas esas pobres víctimas sean recompensados, cuando menos simbólicamente? ¿Sería mucho pedir que antes de que muera el último de los Castro resulte obligado por los tribunales a extenderles al menos una excusa pública? La justicia se podría encontrar quizá en otro mundo, porque en el nuestro solamente hay leyes, dijo alguien. ¿Nos ayudarán las leyes de una Cuba futura en democracia a pasarles la cuenta en justa justicia a estos rufianes?