Existen tres temas relevantes de controversia entre el Estado-Partido y la sociedad civil cubana que evidencian los obstáculos a su consolidación: la prohibición de la autonomía para las organizaciones civiles independientes, la prohibición de cualquier financiamiento externo, y la invisibilidad de las propuestas alternativas para el cambio económico, social, político, cívico y jurídico de la sociedad cubana.
La sociedad civil existente se enfrenta, en su organización y acciones, a todas las restricciones que desde el Estado-Partido la coacciona, la reprime y la invisibiliza. Los mecanismos de control social y la exclusión, son ejes centrales para el análisis de una sociedad totalitaria como la cubana, por el nivel de control individual y de exclusión social que sistemáticamente se aplican sobre los ciudadanos.
La prohibición de la autonomía
El primer tema de confrontación entre las organizaciones civiles independientes y el Gobierno es precisamente el no reconocimiento de la sociedad civil como un conjunto de organizaciones ciudadanas independientes del Estado.
Las organizaciones paraestatales cubanas —consideradas "la sociedad civil socialista" por el Gobierno— fueron creadas al inicio de la revolución por el Estado-Partido, y son parte en la actualidad —las más numerosas— del Consejo de Estado. Todas ellas carecen de autonomía organizativa, reglamentaria, financiera y de decisión: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que forman parte del Consejo de Estado, órgano de dirección del Estado entre una y otra sesión del parlamento, dos veces al año;la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP); la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM); la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). También pueden incluirse organizaciones profesionales como la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Todas estas organizaciones son instrumentos de control político y movilización de la ciudadanía. Las membresías son masivas y la adscripción a ellas sigue siendo "compulsiva y ritual", como apunta la investigadora Velia Cecilia Bobes. Es decir, cada sector de la población pertenece automáticamente a varias de ellas de acuerdo a su residencia, edad, género, estudios y profesión. Habría que agregar a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), y en los últimos años a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), que participa ocasionalmente en los "actos de repudio" contra los opositores, acompañados y dirigidos por sus propios maestros.
El Estado y el Partido las dirigen, sin buscar en ellas consenso político alguno. Son poleas de trasmisión verticales bajo las órdenes del Partido. Precisamente por ello, en estas organizaciones no existen demandas ciudadanas de sus afiliados de acuerdo a sus perfiles organizativos. Solo tienen cobertura en la prensa nacional cuando son convocadas por el Partido para apoyar la política exterior del Gobierno, o incluso cuando imponen una política de ajuste impopular.
Estas organizaciones no son la sociedad civil cubana porque carecen de la autonomía organizativa, financiera y decisional, eje central de la definición para todos los autores que estudian el término en las sociedades democráticas.
En Cuba, las condiciones para el desarrollo de la sociedad civil continúan siendo muy restrictivas y represivas. No existe la posibilidad de legalizarse como asociación independiente, pues el Registro de Asociaciones continúa congelado desde 1996. No existen posibilidades de acceder a la prensa nacional ni provincial, ni a la radio y televisión nacionales y locales, ni a las imprentas. El acceso a internet, en términos de información, está censurado, por lo tanto la mínima comunicación hacia la esfera pública nacional está bloqueada por el Gobierno.
El no reconocimiento de las organizaciones civiles independientes pasa además por la represión de sus miembros. Desde la intimidación por parte de la policía política hasta los arrestos puntuales, la privación de libertad durante meses o años, pero también la violencia física y moral contra los activistas. Todo el espectro de organizaciones independientes —se autodefinan como opositoras o no— ha recibido y recibe la violencia física y/o moral gubernamental para impedir su actividad.
Periodistas independientes, grupos defensores de los Derechos Humanos, programas de discusión cívica, agrupaciones políticas, grupos artísticos de hip-hop, plataformas digitales, periódicos alternativos digitales, algunos centros religiosos no católicos, son todos hostigados de diferentes modos.
Los métodos represivos de lapidación moral son dirigidos por el Estado que utiliza su monopolio informativo para producir materiales televisivos como "Razones de Cuba", en los cuales se concluye que los disidentes son todos subvencionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Este método de lapidación moral, también se lleva a cabo por blogueros oficialistas como Iroel Sánchez, M. H. Lagarde, Yohandry Fontana y Enrique Ubieta, quienes compiten entre sí por lograr la mayor difamación posible contra los disidentes bajo el mismo presupuesto gubernamental: los disidentes son "mercenarios del Imperio".
Para estos blogueros —alineados a la retórica del Gobierno— no hay que demostrar nada de sus difamaciones, el asunto es crear una supuesta "teoría de la conspiración" y luego se acompaña de los epítetos más burdos. Esta manipulación informativa tiene como único propósito dividir a la sociedad civil cubana y sembrar el terror hacia toda actividad cívica independiente.
Las represiones físicas incluyen desde vandalizar las fachadas de los domicilios de activistas, hasta irrumpir en sus casas para destruir y confiscar bienes materiales, documentos, libros, computadoras, y dispositivos de almacenamiento. Todas estas acciones suceden frente a familiares e hijos, en operativos que se ejecutan de madrugada o a plena luz del día, pero sin ninguna orden judicial que identifique tanto a ejecutores como a las causas de estos actos violentos. La represión física contra los activistas también se ejerce, con total impunidad, mediante golpizas y arrestos públicos.
Dentro de las cárceles, las autoridades penitenciarias les piden a los reclusos comunes que golpeen a los presos políticos a cambio de pequeños privilegios de estancia.
Los más violentados físicamente son aquellos activistas que desarrollan manifestaciones pacíficas en las calles: las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Antonio Rodiles —coordinador de Estado de SATS—, la activista Ailer González, periodistas independientes y otros activistas de otras fuerzas opositoras que se unen a las Damas de Blanco para apoyar sus demandas y protegerlas en lo posible.
Cada domingo estas marchas —y todas las acciones que se realizan a lo largo de la Isla— son brutalmente reprimidas por la policía política, con o sin uniforme, a lo cual se suman los "actos de repudio" de militantes del partido único, oficiales del Ministerio del Interior (MININT) vestidos de civil, y dirigentes de las organizaciones paraestatales. Las golpizas y arrestos violentos se producen al mismo tiempo que se acompaña con la lapidación moral de los activistas.
Otras formas de represión son: la pérdida del empleo estatal, la confiscación de licencias para operar en el sector privado, la fabricación de juicios por delitos comunes, la intimidación a familiares de los activistas, y la creación de represalias contra los trabajadores que tengan amigos opositores.
Así la difuminación de la represión arbitraria llega a familiares, amigos y conocidos. A los activistas se les extorsiona con cualquier tipo de empleo, pues toda aprobación —tanto para el sector estatal como para el privado— requiere el consentimiento gubernamental. La estrategia central de la represión es aislar a la población del contacto con los activistas.
La prohibición de financiamiento externo
El segundo eje de confrontación es el financiamiento de las organizaciones civiles independientes. Para el Gobierno cubano toda la financiación a sus organizaciones de control político corren a cuenta del erario público. Sin embargo, las organizaciones independientes no tienen derecho a ninguna fuente de financiación. Sea gubernamental o de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el gobierno prohíbe y demoniza la ayuda internacional a los activistas independientes.
En las condiciones de Cuba en las cuales el salario no paga el "trabajo necesario" ni se crean "trabajos decentes" según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los ciudadanos cubanos que trabajan para el sector estatal no pueden vivir de su salario. A esto se suma la dependencia hacia el Estado para obtener un puesto de trabajo o para desarrollar una actividad por cuenta propia, que es sistemáticamente negada a todos los ciudadanos que realizan activismo disidente y/o opositor.
No se trata de partidos políticos legales compitiendo en unas elecciones democráticas con "apoyos" desde el exterior, algo prohibido en muchas legislaciones de diferentes países. Se trata de ciudadanos sin recursos, que el Estado expulsa a la marginalidad sin derechos económicos ni políticos, tampoco jurídicos, porque es incapaz de lidiar con la crítica, el disenso, y la oposición.
En Cuba, la simulación política analizada por investigadores como Vincent Bloch, nos recuerda que "es menos probable que 'un buen revolucionario' sea el objeto de represión por sus actividades ilícitas. Estas actividades constituyen el cotidiano de los cubanos que viven permanentemente en la espera de un futuro que se oculta" (Citado en Marie Laure Geoffray, Contester á Cuba, Dalloz, París).
Vincent Bloch descubre un mecanismo de control social muy eficaz, que se verifica a nivel masivo en la medida en que las precarias condiciones económicas, resultado de la política económica del Gobierno, obliga a la inmensa mayoría de la población a vivir en la ilegalidad, lo cual les genera una vulnerabilidad adicional frente al poder que les incita a la simulación política y a la conformidad pública.
Invisibilización de las propuestas de la sociedad civil
El tercer eje de confrontación entre las organizaciones civiles independientes y el Gobierno cubano es que este último reitera y propagandiza —por canales oficiales y oficiosos— que estas organizaciones no tienen propuestas alternativas de orden social, instituciones ni demandas.
Por razones de espacio, no podemos detenernos en las propuestas de cada uno de los grupos, por eso daremos a continuación una visión general de las demandas y propuestas sociales que se formulan desde estas organizaciones civiles independientes.
Cuando uno estudia cada uno de estos grupos, lo primero que resalta es la necesidad de cambiar de manera radical la situación del país y de manera estructural, haciendo un diagnóstico de la sociedad cubana.
- La institucionalidad del país no funciona. Ninguna de las instituciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas sirven a los fines para los que fueron creadas. Ni la dirección nacional de Vivienda, ni los ministerios de Justicia, de Economía, de Salud Pública, de Educación, del Trabajo, ni el PCC, ni el Parlamento, etc.
- La falta de transparencia y de rendición de cuentas hace crecer la corrupción. Ninguna institución defiende al ciudadano frente a los atropellos de los organismos centrales del Estado.
- La ley no se respeta: desde la Constitución, con los pocos derechos que permite y la imposibilidad de defenderlos por ninguna vía, hasta el código penal con sus figuras propias del código penal soviético, incluso con sus limitaciones. Las autoridades políticas, económicas y judiciales se saltan la ley sin rendir cuentas a nadie.
- El código penal, el código laboral, la ley de inversiones extranjeras y la ley migratoria no responden a las necesidades de los ciudadanos. Los delitos de "propaganda enemiga", así como "peligrosidad predelictiva", más la ausencia del hábeas corpus hacen vulnerable y arbitraria la aplicación de la ley penal. El código del trabajo prohíbe la creación de sindicatos independientes a la paraestatal CTC. La ley de inversiones extranjeras excluye, de facto, a los cubanos residentes en Cuba y en el exterior, y supedita al inversor al empleo mediado por el Estado. La ley migratoria se aplica de manera discrecional bajo los títulos de "interés del Estado" y "seguridad del Estado".
- Se irrespetan los Derechos Humanos suscritos en la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1948, así como los sostenidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU, firmados por Cuba desde 2008 que incluyen los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
- El país está anclado en la pobreza que se profundiza y, ni los salarios ni el transporte público ni las viviendas, responden al nivel mínimo indispensable para tener un país funcionando. Tampoco la infraestructura del país, como calles, carreteras, puentes, comunicaciones, edificios públicos, escuelas y hospitales.
- La liberación de la mujer y la eliminación de la discriminación racial siguen siendo asignaturas pendientes. Los intereses de la comunidad LGBT son engavetados por la organización oficial del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que excluye a los disidentes y opositores.
- La ausencia de democracia asfixia la posibilidad del desarrollo del país y alimenta la corrupción en todos los niveles de la sociedad. No hay transparencia ni rendición de cuentas fiables. El monopolio de la prensa alimenta la corrupción.
- Los instrumentos represivos están siempre presentes en la vida cotidiana de la población.
- El sistema económico y político cubanos reflejados en los Lineamientos y los congresos del Partido no se conectan con la realidad del país, y acotan todos los derechos a los intereses de una cúpula partidaria-estatal-militar.
Enumero a continuación las propuestas de estos grupos, todas muy relacionadas con el punto de partida de la realidad actual del país. Ninguna se pronuncia por el futuro sino por el presente del país:
- La amnistía para todos los presos políticos y la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos firmados por el Gobierno en 2008, pero con carácter vinculante, que obligue a transformar las leyes nacionales que se contradicen con dichos pactos.
- La necesidad de pasar a un Estado de Derecho, en el cual nadie esté por encima de la ley, con un Tribunal de garantías constitucionales, con independencia de los Poderes ejecutivos, legislativo y judicial de los dictámenes de un partido único ni de ningún otro.
- La pluralidad política con partidos políticos y elecciones libres con observadores internacionales que puedan verificar de manera independiente los resultados electorales.
- La necesidad de respetar la propiedad privada en todas sus formas colectivas o individuales, pequeña, media y nacional; en primer lugar, de los cubanos dentro y fuera del país. Con una legislación que la proteja y regule los impuestos y las instancias de litigio jurídico, hoy disfuncionales. También para la inversión extranjera directa.
- La creación de una nueva Constitución, cuyo referente consensuado sea la Constitución de 1940, actualizada, pero que necesita consulta popular y diversidad de partidos. Crear el reglamento que la articule a las demás leyes para que sea realmente la Carta Magna. Hoy los numerosos decretos leyes contradicen y/o violan la Carta Magna.
- El reconocimiento de todas las organizaciones de la sociedad civil como legales y autónomas, incluyendo las organizaciones que luchan contra la discriminación racial, la ampliación de derechos y demandas de las mujeres, el movimiento LGTB, y las organizaciones ecologistas.
- Un Estado laico que respete a todas las confesiones sean católicas o no, sin privilegios ni prebendas a unas sobre otras.
- La democracia no se circunscribe al voto aunque es preciso como mecanismo de consulta nacional en condiciones de pluralidad y garantías de derechos. Por eso, también se propone la descentralización no solo económica, sino también política hacia los municipios y que la propiedad pública no pueda ser dirigida por ningún partido político ni por ninguna fuerza militar.
Se me ha hecho difícil sintetizar todas las demandas y propuestas porque los activistas cubanos las han desarrollado al detalle en cada una de sus organizaciones. Este trabajo es un resumen de un trabajo más amplio en el cual cada grupo habla de sus visiones y diagnósticos y hace propuestas alternativas casi todas muy detalladas.
Cuando el Gobierno cubano dice que no hay propuestas alternativas, invisibiliza las propuestas de la sociedad civil. Lo que falta es voluntad política para reconocer y respetar las demandas de las organizaciones civiles independientes.
Este trabajo forma parte de una investigación de tesis de doctorado concluida: Discursos de la resistencia: los proyectos políticos emergentes en Cuba (2002- 2012).