En su edición del pasado viernes 11 de marzo, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó las fichas de costo de 18 de los productos más representativos que se ofertan en los mercados agropecuarios de la isla. Esas fichas, actualizadas por el Ministerio de Agricultura, corresponden a artículos cuyos precios se rigen por la oferta y la demanda.
En todos los casos a esos costos se les agrega un margen de utilidad del 30%, establecido centralmente, y la suma de ambos elementos daría el precio al que deben de comprarse esos productos a los productores. Tomemos como ejemplo el tomate de ensalada, uno de los surtidos más peliagudos en los meses más recientes. Según la ficha de costo de tecnología de rendimiento medio, el costo por libra es de 1,36 pesos cubanos (CUP). Al añadir el 30% de utilidad, el precio de compra al productor sería de 1,76 CUP la libra. Sin embargo, cuando un consumidor acude a un agromercado se ha encontrado el tomate hasta a 15 ó 20 CUP la libra. ¡Una diferencia abismal!
El objetivo de Granma al publicar las fichas de costo es insistir en el punto de vista oficial de responsabilizar al proceso de comercialización por semejante escalada de precios, y en especial a la figura de los comercializadores privados, esos que la propaganda gubernamental califica despectivamente como "intermediarios". También habría la posibilidad de fijar los precios a los que la Empresa Estatal de Acopio les compre a los productores, y que estos no puedan reclamar una cuantía mayor para el fruto de su trabajo.
Sin embargo, cualquier observador medianamente informado en materia de costos y precios pondría en tela de juicio la eficacia de esas fichas de costo elaboradas por el Ministerio de Agricultura, al menos en la forma en que se han dado a conocer. Porque se dice que las fichas incluyen los insumos actualizados a precios vigentes, y las normas de consumo que requiere cada tecnología. Pero no se menciona el tratamiento dado al salario que se les paga a los que trabajan la tierra, uno de los elementos básicos para el cálculo del costo de producción.
Muchos campesinos privados han alertado últimamente acerca de que cada día la mano de obra que contratan les resulta más cara. Ello redunda en que a esos propietarios la producción se les puede tornar más costosa que a las cooperativas y a las empresas estatales, las que generalmente pagan salarios más bajos. En esas condiciones es irreal el intento de establecer fichas de costo estándares para productos elaborados por distintas formas de propiedad.
Por otra parte, es preciso considerar los gastos de transportación cuando van a cuenta del productor, y los impuestos que están obligados a pagar a las autoridades tributarias, así como otros insumos —tal vez no incluidos en las normas de consumo anunciadas por el Ministerio de Agricultura— que los campesinos deben adquirir en las gubernamentales Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) a precios nada complacientes.
Lo expuesto hasta aquí nos hace pensar que ni el referido precio de 1,76 CUP para la libra de tomate de ensalada, ni los costos de los restantes 17 surtidos reflejados en Granma, representan realmente los gastos en que incurren los productores de esos renglones del agro, sobre todo si se trata de campesinos privados. Obviamente, de demostrarse esta hipótesis perdería fuerza el discurso oficial que tilda a los intermediarios como los malos de la película.
Además, si se toman los importes de esas fichas de costo como patrones para fijar definitivamente los precios de compra a los productores, es muy probable que, como reza el refrán, "el remedio sea peor que la enfermedad". Podría sobrevenir una desmotivación entre los hombres que trabajan la tierra que los llevaría a resistirse a contratar sus producciones con el Estado o, en el peor de los casos, a la producción de menos viandas, frutas y vegetales para los atribulados consumidores.