Las autoridades han detectado unas 140 piscinas ilegales en la provincia de Artemisa, según informa el periódico El Artemiseño. Sus propietarios las suelen declarar como caja de agua o cisterna, por lo que deberían taparlas.
La lista de piscinas existentes en la provincia que provocan un impacto negativo en el abastecimiento de agua potable se está actualizando, según explica el director de Inspección del Consejo de Administración Provincial, Pedro Martínez.
"Tanto aquellas que se alimentan de afluentes naturales como de fuentes de abasto deben ser demolidas, pues la ley establece regresar el lugar a su estado original", sostiene el funcionario.
Las autoridades reconocen que no han logrado detener "el ritmo de construcción de estas instalaciones" y se prevé adoptar medidas para demolerlas. Los gastos irán a cargo del infractor.