Hace una década se desató una gran ola represiva que abarcó todo el país. Esta maniobra punitiva fue bautizada por las autoridades gubernamentales con el nombre de "Operación Coraza Popular". El objetivo manifiesto era acabar, o reducir al mínimo, el mercado interno de producción, venta y consumo de drogas ilegales.
Dos años antes, aproximadamente en marzo de 2000, tuvo lugar el cierre masivo de clubes nocturnos y discotecas, el mayor que se recuerde desde la tristemente célebre "Ofensiva General Revolucionaria" de marzo de 1968. Probablemente el cierre fuera considerado luego como una medida prematura, porque la reapertura de los establecimientos se produjo de manera rápida y casi simultánea en todo el país.
En el año 2002, la situación del tráfico y consumo de drogas en la Isla prácticamente se les iba de las manos a las autoridades. No se explica de otra manera una reacción oficial tan virulenta y fuera de todo límite. En nombre de la lucha contra ese flagelo, se violentaron todo tipo de normas jurídicas.
El Gobierno no solo se jugó las cartas en contra del tráfico de estupefacientes: vale recordar que en esos momentos circulaba entre la población el denominado "Proyecto Varela", cuya fuerza y poder de convocatoria desbordó todo pronóstico.
Es muy llamativa la coincidencia temporal de dos hechos que marcaron la vida y el destino de muchas personas en la Isla. Uno de ellos, la detención y encarcelamiento de más de setenta opositores políticos en marzo del año 2003, la tristemente célebre "Primavera Negra". El otro hecho, el endurecimiento de las condenas por causas relacionadas con la droga.
Muchos no verán la relación entre uno y otro asunto, pero lo cierto es que buena parte de los encarcelados políticos fueron destinados como reclusos a las unidades de mayor severidad. Y allí coincidieron con los presos que cumplían condenas por droga.
Durante la "Operación Coraza", los mandos provinciales del Ministerio del Interior, especialmente la División Técnica de Investigaciones (DTI), conocida en aquel momento como departamento, tuvieron las manos totalmente libres para actuar. Esta desbordada impunidad es casi equiparable con la que disfrutaron durante ese período los Órganos de la Seguridad del Estado en su proceder contra la disidencia interna.
Es conocido lo ocurrido en la provincia de Pinar del Río: allí se produjeron arrestos arbitrarios, varios oficiales se confabularon para fabricar procesos acusatorios por tráfico de drogas contra ciudadanos con el objetivo de decomisarles y apropiarse de sus propiedades, dinero y joyas. Estas maniobras incluyeron la supuesta detección y decomiso de evidencias del delito en las casas o las fincas en propiedad de esas personas.
Los procesos judiciales en fiscalía y los juicios adolecieron de toda clase de violaciones e irregularidades: declaraciones bajo coacción de los supuestos involucrados y los testigos, incoherencias de toda índole, extorsión, expedientes investigativos adulterados, y abogados de la defensa atados de pies y manos.
Pese a ello, los familiares de varios encartados comenzaron un largo, difícil y tortuoso proceso de reclamaciones. Al parecer, como consecuencia de la condena internacional a Cuba por los hechos de marzo del 2003, las máximas autoridades del MININT temieron otro posible escándalo… y de corrupción en las filas de su oficialidad.
El saldo final de todo el proceso se resumió en la detención y encarcelamiento de los oficiales conjurados y una lacónica disculpa a familiares y encartados, algunos de los cuales estuvieron en prisión, sin poder probar su inocencia, durante meses o casi dos años.
Los inocentes fueron liberados, pero entonces comenzó para varios de ellos otra lucha, la de recuperar sus propiedades incautadas. Una odisea burocrática por la cual difícilmente hayan podido recuperarse o recuperar todo lo que les robaron.
Tal vez algún día se sepa a cuántos les tocó la amarga experiencia de cumplir años en prisión bajo falsa acusación o presunción de culpabilidad.
Mientras tanto, todavía resuenan los ecos de toda una maquinaria mediática oficial que fabricó "chivos expiatorios" a la medida de los miedos y los prejuicios de una sociedad desinformada y mentalmente subdesarrollada.
Ahí están, para la historia de la infamia, los spots televisivos constantemente aderezados con el sonido del rock, y visualmente manipulados para ofrecer la imagen de ese género musical como el leitmotiv de la narcodependencia.
Todavía repercute el golpe bajo que significó el cierre del polémico, pero antológico "Patio de María", lugar reconocido como sede de un meritorio proyecto sociocultural, tanto dentro como fuera del país.
Queda entonces seguir batallando para que la verdadera noción de un Estado de Derecho logre instalarse entre nosotros los cubanos, y que este sufrido país cambie en pos de un sistema legal fundamentado en el respeto a los derechos humanos.