Biden abre una oportunidad para los cubanos con peticiones de asilo desestimadas

Los emigrantes cubanos con solicitudes de asilo cerradas o denegadas bajo el Gobierno de Donald Trump porque no acudieron a las audiencias judiciales podrían tener una nueva oportunidad. La Administración de Joe Biden ampliará el procesamiento de solicitudes del programa conocido como "Quédate en México" a casos desestimados por su antecesor.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) confirmaron a The Associated Press (AP) que se abre la posibilidad de que miles de emigrantes tengan una nueva oportunidad de recibir protección humanitaria.

La nueva medida se puso en marcha el miércoles y forma parte de un "esfuerzo continuo para restaurar el procesamiento seguro, ordenado y humano" de solicitantes de asilo en la frontera con México, explicó el DHS en un breve mensaje enviado a la agencia norteamericana.

Beneficiará a personas con casos "que fueron dados por terminados o fueron desestimados in absentia", es decir, que se cerraron porque los migrantes no se presentaron a las audiencias".

De momento se desconoce el número de personas que podrán beneficiarse de esta nueva medida para esperar su proceso de asilo en territorio estadounidense pero, como mínimo, unas 10.000, estimó Michele Klein Solomon, directora regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, una de las agencias de la ONU que colabora en este proceso.

No obstante, este cálculo puede quedarse corto. Según el centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse, que tiene datos actualizados al mes de mayo, podría beneficiar a 34.528 migrantes, más de 27.800 que no se presentaron a su audiencia y más de 6.600 cuyos casos fueron rechazados.

Lo que no está claro es dónde están esas personas, pero la mayoría podría haber vuelto a sus países de origen.

Más de 70.000 migrantes —mayoritariamente centroamericanos, pero también cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades— fueron devueltos a México en 2019 para que esperaran en este país sus procesos de asilo, una política que decenas de colectivos sociales denunciaron duramente porque dejaba a los migrantes a merced de los cárteles y en condiciones de vulnerabilidad similares a las que enfrentaban en sus países de origen y que los obligaron a migrar hacia Estados Unidos en primer lugar.

El Gobierno de México trasladó a muchos de los migrantes desde la frontera norte hacia el sur del país con el argumento de sacarlos de las zonas de mayor influencia del crimen organizado, aunque, en ocasiones, fue para dejarlos sin protección en otros puntos del país y desalentar sus intentos de llegar a Estados Unidos, en parte debido a las presiones de Trump sobre el Gobierno mexicano para reforzar la contención. También invitó a miles a acogerse al retorno voluntario a sus países. Muchos lo hicieron, pero no hay cifras exactas.

Según la ONG Human Rights First, casi 3.300 migrantes varados en México desde enero debido a la política fronteriza de EEUU han sido secuestrados, violados, vendidos o agredidos, reportó Reuters.

Un informe elaborado por Human Rights First, que tiene su sede en Nueva York, documenta los casos de migrantes y solicitantes de asilo atrapados en México desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero.

El número de casos se ha disparado en las últimas semanas, pasando de unos 500 incidentes de este tipo en abril a 3.300 hasta mediados de junio.

Biden suspendió el programa "Quédate en México" el mismo día en que asumió la presidencia, el 20 de enero de 2021. Poco después dijo que unas 26.000 personas con solicitudes de asilo de ese programa podrían esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos, un proceso que puede llevar años en un sistema judicial que tiene más de 1,3 millones de casos pendientes.

Para ello se activó un proceso de registro en el que trabajó tanto ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, como la OIM, encargada de trasladar a los migrantes hasta los cruces fronterizos y administras las pruebas de COVID-19 para evitar que ingresaran en territorio estadounidense infectados. Según los datos más recientes de OIM, más de 17.000 personas se registraron y hasta el martes habían cruzado 12.364 migrantes.