Legisladores de Estados Unidos, entre ellos el senador cubanoamericano Marco Rubio, pidieron poner freno a la entrada de militantes del Partido Comunista de Cuba en una carta dirigida a la Administración Biden en la que citaron el más reciente caso del piloto Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, involucrado en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
La misiva cita la ley federal bajo la que cualquier individuo que haya estado o esté afiliado a un Partido Comunista se considera inadmisible para ingresar al país. El documento, enviado al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está firmado por Rubio y su colega Rick Scott, y los representantes cubanoamericanos Carlos Giménez y María Elvira Salazar.
"Le escribimos con profunda preocupación por la decisión de la Administración Biden-Harris de conceder parole (humanitario) al coronel de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Como ustedes seguramente saben, González-Pardo está notoriamente vinculado al incidente internacional del 24 de febrero de 1996, cuando dos aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate fueron derribados injustamente por aviones de combate cubanos MiG-29 bajo las órdenes de Raúl Castro. Este incidente resultó trágicamente en la muerte de cuatro pilotos cubanoamericanos inocentes", apuntan.
Los políticos piden una revisión de los procedimientos para tomar decisiones sobre la entrada de individuos y para expulsar rápidamente a los miembros del régimen cubano que están en Estados Unidos.
"Estados Unidos debe garantizar que los exintegrantes del régimen cubano involucrados en la opresión de ciudadanos cubanos inocentes o en la persecución transnacional de cubanoamericanos no sean bienvenidos en nuestro país", señalan.
"Instamos a la Administración a que comunique públicamente los procedimientos y estándares de investigación mediante los cuales se toman estas decisiones de migración, a fin de garantizar la máxima transparencia y rendición de cuentas", añaden los legisladores, quienes alertan de las autorizaciones para entrar a Estados Unidos a solicitantes con antecedentes problemáticos.
Este martes activistas y legisladores estatales de la Florida sostuvieron un encuentro en el Museo de la Diáspora Cubana, en la ciudad de Miami, con el fin de pedir el encausamiento de González-Pardo Rodríguez, recogió Martí Noticias.
Marcell Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, dijo que el gobierno estatal de Florida, donde reside el teniente coronel González-Pardo Rodríguez, puede presentar cargos contra el piloto y el general Raúl Castro.
Según Felipe, el Gobierno federal suele tomar estas acciones judiciales, pero el estado tiene la facultad de hacerlo. "Es una decisión política. Nosotros como votantes debemos saber eso, para saber exigirle a nuestros líderes electos que tomen esa decisión", publicó La Voz de América.
El legislador del estado de la Florida, Alex Rizo, se pronunció de forma similar y dio a conocer que ya se ha solicitado al presidente de la Cámara de Representantes de la Florida y a la fiscal general que se investigue el tema.
La semana pasada el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 consideró que el caso del piloto Luis Raúl González-Pardo Rodríguez "rebasa el tema migratorio" y no se trata de "si se deporta o no por no haber dado toda la información en su entrevista de solicitud de parole", sino de llevar a juicio el concepto de "obediencia debida".
"La comunidad internacional no reconoce la llamada 'obediencia debida' a mandos superiores como justificación para cometer asesinatos a mansalva, premeditados y con alevosía. Esos fueron los actos cometidos en 1994 contra familias cubanas desarmadas que intentaban migrar a bordo del remolcador 13 de Marzo y el ejecutado en 1996 contra civiles que volaban sobre aguas internacionales a bordo de avionetas desarmadas", manifestó.
El laboratorio de ideas considera que "la Fiscalía de la Florida —más que Inmigración— debe entonces decidir si procede o no de algún modo contra él por haber participado en el grupo de pilotos a quienes se les encomendó que realizaran el asesinato premeditado de esos ciudadanos, en violación de los códigos internacionales de la aviación civil".
"No se trata de intolerancia, venganza o rencor. Ni siquiera de 'ajustar cuentas' a ese piloto. Lo que en realidad urge llevar a juicio en este caso es el concepto mismo de 'obediencia debida' a órdenes criminales que casi sin excepción enarbolan los violadores de derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros regímenes similares. Llevar a la justicia a los perpetradores de hechos tan repugnantes como estos constituye una acción disuasiva para contribuir a que no se cometan otros. Particularmente ahora que esos regímenes amenazan con realizar nuevas acciones criminales dentro de sus países e incluso más allá de sus fronteras", declaró Cuba Siglo 21.
No va a pasar nada y ustedes lo saben.
Pero tenemos que hacer presion para que la ley los juzgue.
Es necesario que las organizaciones que se dedican al seguimiento de estos esbirros cubanos publiquen dónde podrían estar viviendo estos enemigos, para así poder ubicarlos y denunciarlos a las autoridades, en USA está permitido hacer una detención ciudadana y acusarlo de sus fechorías, incluso con una denuncia a la policía que este sujeto es un criminal de guerra o lo que proceda puede ir a parar a la cárcel, los paroles le servirán para limpiarse el trasero.
En esa lista tienen que entrar los familiares cercanos a ellos. Esos son los que le hacen las invitaciones. Ellos son los culpables de que un fulanito como ese esbirro entre aquí en los Estados Unidos. Ellos tienen conocimiento de las leyes de este país, no son tontos, pero bastante perezoso.
En la isla, el equilibrio entre remesas y subsidios está casi roto . Y China necesita una justificación grande para enviar subsidios. La junta militar en Cuba puede crear-y-caer en una crisis existencial abierta y profunda. Y entonces se pueden multiplicar el arroz por avión y los generadores de electricidad que vienen a Cuba desde China.
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Por supuesto, acabar con la entrada de comunistas, pero también investigar a los que lo permitieron. O son traidores, o son pendejos.😀
Los oficiales de inmigración tienen en sus manos las declaraciones de los entrevistados. Si mienten o no esos oficiales no lo saben. Solo cumplen la ley. Pero a partir de que esos hp enten entonces hay que desenmascararlos y sacarlos del país. Y a los que tienen sangres en sus manos enjuiciarlos y condenarlos..