Los cubanos, a por el pasaporte español

En la actualidad, mal que les pese, los isleños incluyendo una gran mayoría de los más negros o achinados entre ellos, somos descendientes de españoles. Varias son las razones que prueban la afirmación anterior. La primera es que Cuba, hasta 1899 era una provincia de España, igual que Andalucía. Aunque este vínculo haya sido borrado del imaginario colectivo tras más de 100 años de andadura independiente, cualquiera que lo desee puede comprobarlo sin mucho esfuerzo remitiéndose a la Constitución española de 1876 o mirando el techo de la Bolsa de Madrid.

La nacionalidad española se transmite por sangre. Como los judíos, los españoles nos multiplicamos por el ADN. Nuestra madre la cultura, incluyendo sus lados más nefastos (sobre todo por estos últimos), nos fabrica un denominador común que se expresa de lo lindo, frondosamente, lo mismo en Argentina que en Venezuela y hasta en la misma Península. Los vaivenes son de ida y vuelta.

Dada la premisa inicial, el Estado español puede según su conveniencia y de un plumazo, decretar quiénes son o no sus nacionales. Lo hizo en 1900, estableciendo que todos los "naturales de los territorios perdidos o cedidos por España" dejaban de ser ciudadanos españoles y que, por tanto, las pensiones debidas a los militares, viudas de los fallecidos y huérfanos, leales a la nacionalidad, al mismo tiempo que víctimas de la guerra, se quedarían engrosando el erario público.

Volvió a hacerlo en 2007, reconociendo la nacionalidad a esos mismos cubanos, descendientes de los españoles que tuvieron que emigrar por causas políticas (o económicas) durante la primera mitad del siglo XX.

La nacionalidad, un asunto geopolítico

Basta echar una ojeada a las estadísticas para comprobar que la comunidad española residente en Cuba se ha multiplicado  como consecuencia de esta ley. Sin ir más lejos, con casi 140.000 ciudadanos españoles residentes, hoy en Cuba viven más españoles que en Teruel. Pero cuando de política se trata, sobre todo si es necesario quedar bien con Dios y con el Diablo, el Estado español, amparado en el ius sanguinis (derecho de sangre), puede estipular sin que se le mueva una ceja que los descendientes de españoles de origen judío, expulsados en 1492, recuperen si lo desean (y consiguen franquear los trámites burocráticos) el preciado pasaporte intracomunitario, 528 años después de aquellos sucesos.

Por cierto, no deja de ser curioso que los judíos, también expulsados anteriormente de Inglaterra, de Alemania, de Polonia y otros países, no se hayan beneficiado hasta la fecha de leyes equivalentes en ninguna de estas democráticas naciones europeas. Queda claro que el tema de la nacionalidad española, más que legal, es un asunto geopolítico.

La verdad es que ninguna nación europea tiene entre sus manos un arma semejante. Lo que sí parece claro es que el goce de la misma parece reservado a un manejo puntual, sin conexión aparente con el curso de los acontecimientos ni con el interés general de la Hispanidad.

En cualquier caso, los que sí han visto el filón de este asunto son los cubanos descendientes de españoles. La prensa se ha hecho eco del interés que ha suscitado en la Isla el acuerdo de gobierno entre el PSOE y los neocomunistas de Unidas Podemos sobre la promulgación, durante la actual legislatura, de una nueva Proposición de Ley de Nacionalidad Para Descendientes.

En efecto, cuando se difundió la primera versión de la misma, muchos interesados con derechos (estamos hablando de descendientes directos hijos y nietos de españoles) no hicieron la gestión (aun así, se presentaron casi medio millón de solicitudes en el Consulado General de España en La Habana), porque la dictadura se los prohibió expresamente, so pena de perder sus trabajos y prebendas.

Trece años después, la situación en la Isla es radicalmente diferente. Un sésamo que abre las puertas de la libertad como lo es el pasaporte español, bien vale romper los grilletes que los atenazan todavía a una nación fallida y la gerontocracia que los explota. Si se abre esa puerta, dada la situación actual, no hay que ser un genio de la sociología para prever que la Isla se quedará vacía.

La prensa especializada en los asuntos de los españoles de Cuba se ha hecho eco de las peticiones que ha hecho la máxima instancia de la comunidad en la Isla, el Consejo de Residentes Españoles (CRE), sosteniendo la iniciativa legislativa que, si se aprueba tal y como se encuentra redactada en el acuerdo precitado, permitiría que recuperasen la nacionalidad española, no solo los casos discriminados en 2007, sino también los descendientes de aquellos peninsulares que la perdieron en 1902, por no haberse inscrito en el Registro de Españoles habilitado entre 1899 y 1900 para que se declarasen los que querían conservarla tras el traspaso de soberanía.

Otros medios de prensa avanzan cifras muy alejadas de la realidad y levantan en la opinión el espantapájaros de una regularización masiva de cubanos.

Lo que dicen los especialistas

En este sentido, la actual legislación española niega sistemáticamente las peticiones de nacionalidad emanadas en la Isla si no se presenta la inscripción en dicho registro. "La interpretación que hace el Registro Civil se ajustan al derecho vigente", es la opinión de Ariel Fraga, un abogado cubano afincado en Barcelona consultado.

Dado el interés suscitado por la futura ley, Fraga dictó una conferencia en Miami en la que aprovechó para matizar las expectativas de los futuros españoles: "Hay que ser optimistas, pero con moderación. No olvidemos que el avance de una Proposición de Ley en su recorrido parlamentario depende mucho de la voluntad política de los partidos con representación en el Parlamento".

No le falta razón, recordemos que una proposición redactada bajo los mismos supuestos en 2016 nunca fue tramitada por los mismos que la presentaron en el Congreso. Es más, hicieron todo lo posible para torpedearla varias veces, hasta que lo consiguieron.

Sin embargo, otros bufetes de abogados, como DobleR, estiman que el caso de los que no se inscribieron en el Registro de Españoles en 1899 no está tan claro como lo pretende la Dirección General del Registro Civil y del Notariado, ya que la pérdida de la nacionalidad española no es efectiva si la misma no se inscribe en los libros del Registro.

"La ley es clara al respecto", considera Pedro J. Luis, de DobleR, "al no adquirir la nacionalidad cubana y perder la española por el artículo IX del Tratado de París, que exigía la inscripción en el Registro de Españoles, pero al no asentarse al mismo tiempo la pérdida de la nacionalidad española de manera individual, tal y como lo establecía la ley de Registro Civil de 1896 (aún vigente), todas estas personas se convirtieron en apátridas".

Tampoco va errado el letrado que interpreta, no solo la  ley vigente es España, sino los propios avatares de la nacionalidad en Cuba, que exigía a los descendientes de extranjeros nacidos en su territorio que optasen por la nacionalidad cubana hasta 1940. Este trámite lo hicieron todos aquellos que quisieron hacer política, empezando por el propio Fidel Castro, que reconoció en una entrevista para la televisión española haber optado "muy sinceramente" por la nacionalidad cubana a su mayoría de edad, tal y como lo exigía la Constitución de 1901.

Es evidente que si a estos descendientes de extranjeros se les exigía la obligación de optar por la nacionalidad cubana a su mayoría de edad, no cabe ninguna duda de que cubanos, lo que se dice cubanos no eran. ¿Entonces por qué España no reconoce la nacionalidad de esos descendientes y exige la prueba de que sus ancestros se inscribieron en el Registro habilitado en 1899?

"Es una locura, pero no es la única", afirma Estela Marina, directora del Grupo ARISTEO, otro bufete de abogados radicado en Madrid. Aunque ella también se muestra prudente: "La ley actual es la que es, y por eso en ARISTEO valoramos cada caso individualmente. Algunas veces hemos tenido éxito con la Administración y otras no. Nosotros hemos pedido que se mantenga el ius sanguinis, es la única manera de reparar todas las injusticias".

Para Estela Marina es tan español el descendiente de un padre vivo que otro fallecido, ya que, dada la legislación en vigor, un hijo de español con sus progenitores vivos puede reclamar la nacionalidad, mientras que el otro ya no tiene derecho "y en estos momentos no es posible, nos parece insoportable y hemos hecho una petición en el Senado para que se incluya este supuesto".

Todos los especialistas consultados están de acuerdo en un punto: hace falta reformar la actual legislación española y este preacuerdo de gobierno entre socialistas y comunistas va por el buen camino. Aunque todos, en general, también matizan el entusiasmo de los cubanos, recordando lo tortuoso que puede llegar a ser el proceso legislativo español.

Todos a por el pasaporte comunitario

Más allá de todas estas querellas formales que parecen sacadas de una novela de Kafka, todos los cubanos, y no solo los descendientes de los nacidos en la Península, siguen siendo españoles. En primer lugar, porque la nacionalidad (y, por ende, la ciudadanía), se obtiene por Derecho Natural o Derecho de Gentes, que es anterior a todo otro sistema de Derecho Internacional.

En consecuencia, la nacionalidad española, según dicho criterio, nunca pudo haber sido arrebatada por el artículo IX del Tratado de París. La entonces reina regente podía ceder la soberanía de sus posesiones, pero no a los ciudadanos españoles que allí vivían. En segundo lugar, porque este tratado jamás fue ratificado por las Cortes del Reino de España, a pesar de la insistencia del entonces presidente de EEUU McKinley. Esto hace que, al menos este dichoso artículo, sea nulo de toda nulidad.

En definitiva, si queremos llegar más lejos con este análisis, a la luz del derecho internacional vigente todo este tratado podría ser impugnado en su totalidad, ya que fue arrancado a España bajo la amenaza de extender el conflicto hasta Canarias. Al respecto, la Convención Internacional sobre Derecho de Tratados, celebrada en 1969 en Viena y entre cuyos estados signatarios se encuentran EEUU y España, estipula en su artículo 52 como nulo todo acuerdo cuyo consentimiento se alcance con la amenaza o uso de la fuerza.

En conclusión, los naturales de las provincias autónomas de Ultramar de Cuba y Puerto Rico fueron "desnacionalizados" por los norteamericanos de su ciudadanía española sin estos haber adquirido "naturaleza en país extranjero" como causa para perderla, según establecía la Constitución Española del 1876 y la Ley de Registro Civil de la época (y aún vigente en 2020).

Naturalmente, hace falta probarlo en un tribunal internacional, o que los legisladores españoles decidan, como ya lo hicieron con los descendientes de los judíos, facilitar a los cubanos el acceso a la nacionalidad española. Sería de justicia elemental. A fin de cuentas, si se trata de reparar un error histórico, visto lo visto, todos cabemos. ¿Verdad?