Dirigentes del exilio cubano reclamaron en un acto público este jueves a los congresistas por el Estado de Florida que defiendan a Ramón Saúl Sánchez, un activista cubano y defensor de los derechos humanos en la Isla que enfrenta la amenaza de ser deportado tras vivir 56 años en EEUU. Sánchez, nacido en Colón, Matanzas, es además dirigente de la organización del exilio cubano Movimiento Democracia y niega ser un "terrorista".
Pedro Corzo, miembro del Presidio Político Histórico Cubano, una organización que tiene sede en Miami y agrupa a antiguos presos políticos, explicó que a Sánchez lo que le espera si fuera deportado a Cuba es "un severo presidio cuando no la pena de muerte".
Corzo y Luis González Infante, presidente del Presidio, reclamaron la solidaridad de todos los cubanos de EEUU con Sánchez e instaron al senador Marco Rubio y los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez que intercedan por él para que no sea deportado.
En el simposio Sánchez detalló sobre la amenaza que enfrenta, que no es nueva para él, y opinó que de esa manera quieren "sentar un precedente" para "intimidar" a los que resisten la dictadura cubana desde Estados Unidos. En entrevista con Martí Noticias agradeció por las "lindas" expresiones de solidaridad que ha recibido y aseguró: "Si me tengo que ir de aquí me voy a ir sintiendo el amor de ustedes y agradecido de esta nación".
Habló además sobre los argumentos que esgrimen contra él, como el de "interferir en las relaciones internacionales de EEUU" y que pertenece a organizaciones terroristas, algo que negó de manera tajante.
Destacó que no entró de manera ilegal a EEUU, pues tiene estatus de refugiado. Reconoció que perteneció a Alpha 66, una organización anticastrista legal en EEUU, pero aclaró que no tuvo "nada que ver" con Omega 7, como recoge el documento que fundamenta la petición de deportación. El cubano atribuyó su situación a un deseo de la actual administración de "complacer a la tiranía cubana", lo cual consideró “inaceptable".
El dirigente del exilio apuntó que se ve "una doble moral" cuando EEUU ayuda por un lado a los que están enfrentando en Ucrania al "asesino" Vladímir Putin pero por otro amenaza a los que luchan contra una "dictadura" de 64 años que encarcela a "niños" por tan solo protestar pacíficamente en las calles.
El simposio tuvo como nombre "La deportación potencial de Ramón Saúl Sánchez" y estuvo organizado por The CubanAmerican Voice y Alianza Democrática en la Biblioteca Regional de Westchester. Entre los panelistas estuvo el politólogo Julio M. Shiling, el abogado y analista político Santiago Alpízar y el propio Ramón Saúl Sánchez.
Sánchez está citado ante un juez de migración de Miami para el próximo 27 de julio, quien tiene la potestad de decidir si lo deporta o no. Otra posibilidad que existe en el caso de Sánchez es el de enviarlo a un tercer país.
"Voy a tener la oportunidad de presentar mi defensa, porque hasta ahora yo no he podido. La única vez que estuvimos cerca de comparecer ante un juez, el Gobierno retiró los cargos", declaró Sánchez a EFE a comienzos de este mes.
Argumentará que llegó a EEUU como refugiado político en 1967 en los llamados "Vuelos de la libertad" y que si regresa a Cuba corre peligro de ser torturado. Reiteró su petición de residencia en ese país, que dos veces le ha sido denegada.
La petición en la plataforma Change creada en febrero de 2020 y titulada "Por favor ayúdenos a parar la deportación de Ramón Saúl Sánchez" tiene más de 22.500 firmas de las 25.000 que se ha propuesto reunir para enviárselas al Gobierno del presidente Joe Biden.
"Ramon Saul Sanchez es una persona muy respetada. Un orgullo de la comunidad cubana que continúa luchando por la libertad y la democracia de Cuba", asegura el texto que acompaña la petición, creada por la activista Vanessa Alonso.
En Cuba sufriría las peores torturas imaginables.
Es improbable que el gobierno de los Estados Unidos deporte a Saúl Sánchez al manicomio. Eso sería como lanzarlo a los cocodrilos de los Everglades.
En todo caso, lo deportaría a un tercer país que decida acogerlo, pero tampoco lo miro factible.
Lo más seguro es que el juez lo perdone a cambio de pagar una buena multa por vagancia habitual en situación migratoria irregular en el país y cumplir con 1500 horas de servicio comunitario.
Estoy de acuerdo. Nadie merece la pena de muerte por ser un tonto.