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El Salvador

Bukele formaliza su apuesta por un tercer mandato mientras proyecta su poder militar en Haití

La ofensiva frontal contra las pandillas sigue siendo el motor casi exclusivo de su legitimidad popular.

Brasilia
Nayib Bukele.
Nayib Bukele. AP

Al caer la noche de este jueves, al filo del cierre del plazo legal estipulado en el calendario electoral, Nayib Bukele cruzó las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Salvador para estampar su firma en una candidatura que, hasta hace apenas un lustro, habría resultado jurídicamente impensable en El Salvador.

Acompañado por su vicepresidente, Félix Ulloa, y rodeado de centenares de simpatizantes vestidos con los colores del partido oficialista Nuevas Ideas, el gobernante de 45 años oficializó su aspiración a un tercer mandato consecutivo para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

"Haremos historia, otra vez", proclamó  ante una multitud que coreaba a favor de su permanencia en el poder. Esta escena simboliza la mutación política más profunda experimentada por la nación centroamericana desde los Acuerdos de Paz de 1992: la consolidación de un proyecto personalista que ha logrado desarticular a los partidos tradicionales, reescribir las reglas del juego democrático y, en este momento, convertir su estrategia interna de seguridad en una operación militar de proyección internacional en el Caribe, al enviar tropas salvadoreñas a Haití.

Bukele asumió por primera vez la presidencia en 2019, tras romper tres décadas de bipartidismo entre el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y los exguerrilleros izquierdistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En aquel momento, la Constitución salvadoreña de 1983 prohibía de forma taxativa e inequívoca la reelección presidencial inmediata.

El diseño constitucional salvadoreño había nacido precisamente como un dique contra el continuismo autoritario, marcado por la memoria de las dictaduras militares del siglo XX. Tanto el propio Nayib Bukele en 2013 como Félix Ulloa en 2015 habían reconocido públicamente que la Carta Magna impedía que una misma persona ejerciera la Presidencia dos periodos seguidos.

Sin embargo, una vez instalado en Casa Presidencial y tras conquistar una abrumadora mayoría parlamentaria en 2021, el oficialismo emprendió un desmontaje gradual de esos candados institucionales. El primer paso ocurrió el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas destituyó de manera sumaria a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, sustituyéndolos por funcionarios afines al Ejecutivo.

Cuatro meses después, en septiembre de 2021, esa nueva Sala de lo Constitucional emitió una controvertida resolución que abrió la puerta a la primera reelección al hacer una reinterpretación del Artículo 152, lo cual fue condenado por anticonstitucional por organismos nacionales e internacionales.

Así, Bukele compitió en febrero de 2024 y obtuvo un segundo mandato (2024–2029) con más del 84% de los votos.

Pero el segundo periodo resultó apenas una estación intermedia. El 31 de julio de 2025, sin estudio previo en comisiones ni debate público, la bancada oficialista aprobó y ratificó en una sola jornada legislativa una reforma exprés a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. La enmienda suprimió cualquier límite a la reelección presidencial, amplió la duración del mandato de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó los comicios presidenciales de 2029 a febrero de 2027 para unificarlos con las elecciones legislativas y municipales.

De imponerse en las urnas en 2027, Nayib Bukele gobernará hasta 2033, acumulando 14 años ininterrumpidos en el poder, superando a cualquier presidente salvadoreño.

La facilidad con la que el oficialismo ha rediseñado la arquitectura institucional responde, en gran medida, a un capital político sin parangón en América Latina. La ofensiva frontal contra las pandillas sigue siendo el motor casi exclusivo de su legitimidad popular. Esta estrategia ha estado amparada en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que redujo drásticamente los homicidios en el que fuera uno de los países más violentos del mundo.

De tal forma que los sondeos preelectorales difundidos en la antesala de su inscripción sitúan la aceptación y ventaja electoral del mandatario en torno al 80%, dejando en posiciones marginales de un solo dígito a sus contendientes opositores, encabezados por la exdiputada conservadora Mayteé Iraheta, por ARENA, y el médico izquierdista Rafael Aguirre, por el FMLN.

No obstante, detrás de esas cifras abrumadoras emergen dos fisuras estructurales que el oficialismo busca contener. En el plano de los derechos humanos, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que el régimen de excepción acumula más de 93.000 detenciones sin garantías de debido proceso, supera las 500 muertes bajo custodia estatal y mantiene cerca de 90 presos políticos, entre ellos la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.

En el terreno económico, la economía doméstica sigue siendo el flanco más vulnerable del Gobierno: en una economía dolarizada, el alto costo de la vida provoca que la canasta básica absorba cerca del 66% del salario mínimo fijado en 408 dólares mensuales, relegando las calificaciones económicas muy por detrás de los indicadores de seguridad.

Un inesperado giro geopolítico

Para observadores, la campaña hacia el tercer mandato, esta vez de seis años, ha adquirido un inesperado giro geopolítico, tras el envío masivo de militares a Haití. Si la reforma constitucional allanó el camino jurídico y las encuestas pavimentaron el terreno doméstico, esta campaña electoral tendrá un telón de fondo novedoso, pero al mismo tiempo impredecible.

Lo que comenzó como una participación en misiones internacionales de asistencia dio un giro drástico tras la emboscada del 18 de octubre de 2026 en la comuna de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde cuatro aerotécnicos militares salvadoreños fueron secuestrados por grupos armados.

En respuesta, Bukele ordenó el despliegue de un contingente superior a los 2.000 efectivos de la Fuerza Armada salvadoreña —equivalente a cerca del 10% de todo el pie de fuerza militar del país y financiado en un 90% con recursos propios de San Salvador—, equipado con helicópteros artillados, vehículos blindados y perros robots.

En coordinación con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y la Policía haitiana, las tropas salvadoreñas ejecutaron bombardeos aéreos e incursiones terrestres contra bastiones de la coalición criminal Viv Ansanm y de la banda 400 Mawozo, destruyendo inmuebles vinculados a cabecillas como Jeff Gwo Lwa y Wilson Joseph y retomando el control de puntos neurálgicos como el estadio nacional Sylvio Cator y centrales eléctricas en Puerto Príncipe.

Aunque el paradero de los cuatro aerotécnicos secuestrados continúa siendo incierto y tanto Naciones Unidas como Washington han pedido mayor coordinación y garantías para la población civil ante reportes de bajas y represalias de las pandillas, la operación ha funcionado como una potente vitrina política para Bukele.

Analistas regionales, como Diego Da Rin del International Crisis Group, advierten que el despliegue ha proyectado la narrativa de un liderazgo capaz de exportar su modelo de "mano dura" más allá de sus fronteras, reforzando ante el electorado salvadoreño la imagen de un líder indispensable en tiempos de crisis.

Para observadores, El Salvador se encamina así hacia una elección que operará menos como una contienda competitiva entre alternativas de poder y más como un plebiscito sobre la continuidad indefinida de un modelo sin contrapesos.

Con una oposición fragmentada, una Constitución reformada a la medida del Ejecutivo y tropas salvadoreñas patrullando las calles de Puerto Príncipe, Bukele apuesta a que el dividendo de la seguridad (ahora como modelo de exportación) siga teniendo un peso central en las decisiones del electorado.

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