Dos años para no decir nada

La XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid necesitó dos años de preparativos, decenas de reuniones ministeriales, una compleja maquinaria diplomática y un considerable despliegue de seguridad para producir una declaración de apenas cuatro páginas. Ni siquiera todos los países pudieron respaldarla por completo. Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se desvincularon de algunos de sus puntos. Quizás sea difícil encontrar una demostración más clara de la pérdida de relevancia de estas grandes reuniones. 

La imagen de la Cumbre tampoco ayudó. De los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, solo diez estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. Faltaron, entre otros, los presidentes de Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas. El presidente argentino, Javier Milei, llegó a Madrid, pero decidió no asistir ni a la ceremonia inaugural en el Teatro Real ni a la cena ofrecida posteriormente por los reyes en el Palacio Real. Mientras comenzaba la Cumbre, el presidente argentino se reunía con el líder del partido opositor Vox, Santiago Abascal. 

Más allá de las simpatías o antipatías que pueda despertar Milei, su ausencia de los actos inaugurales transmitió un mensaje difícil de disimular: algunos mandatarios ya no consideran estas cumbres lo suficientemente importantes como para alterar su agenda política. Milei sí participó al día siguiente en la sesión plenaria, en lo que es su segundo viaje a España en menos de un mes. 

Todo esto tiene, además, un costo. No existe hasta ahora una cifra pública que permita conocer el gasto total de la organización, pero sí algunos datos que dan una idea de la maquinaria movilizada. Solamente el contrato de soporte técnico fue adjudicado por 192.000 euros. El dispositivo de seguridad reunió a 3.250 efectivos y requirió la coordinación de la Casa Real, Presidencia del Gobierno, varios ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Patrimonio Nacional, AENA, el Ayuntamiento de Madrid, los servicios de emergencia y otras instituciones. 

A eso hay que sumar traslados, vehículos, alojamiento de delegaciones, comunicaciones, ceremonias, personal diplomático y dos años de reuniones preparatorias. La Secretaría General Iberoamericana contabilizó 25 encuentros ministeriales y de altas autoridades durante ese periodo. El verdadero costo, por tanto, no se reduce a las partidas que aparecen en los contratos públicos. También incluye miles de horas de trabajo de funcionarios y diplomáticos de 22 países. 

Naturalmente, una cumbre internacional no debe evaluarse solo por su costo. Si produjera acuerdos relevantes, mecanismos eficaces de cooperación o decisiones capaces de mejorar la vida de los ciudadanos, la inversión podría justificarse. El problema aparece cuando todo ese esfuerzo termina generando, fundamentalmente, declaraciones. 

Entre los resultados más concretos figura la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, destinada a facilitar que estudiantes, profesores e investigadores puedan desplazarse dentro de la región. Pero incluso ese documento es expresamente declarativo, no requiere firma ni ratificación y no implica el reconocimiento automático de títulos. Cada país decidirá si lo aplica y a qué velocidad. 

También se acordó una red para la reducción del riesgo de desastres, probablemente el resultado más tangible del encuentro que ya cuenta con un pequeño presupuesto. Por otro lado, se anunciaron una alianza de inteligencia artificial y una carta sobre los sistemas de cuidados. Sin embargo, estas últimas son voluntarias y orientativas. No incluyen obligaciones exigibles, presupuestos comunes definidos ni calendarios vinculantes. 

La Cumbre fue mucho más precisa al enumerar aspiraciones que al establecer compromisos. Defendió la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, la cooperación, el desarrollo sostenible y el multilateralismo. Es difícil oponerse a ese catálogo bien sonante. También es difícil saber qué cambiará el lunes siguiente como consecuencia de haberlo aprobado. 

Incluso uno de los asuntos que provocó discrepancias, la igualdad de género, terminó incorporado con una fórmula condicionada a "los marcos nacionales". Argentina y Paraguay añadieron interpretaciones propias. El resultado es una declaración que permite a cada gobierno entender algo diferente. Si una Cumbre necesita tantos esfuerzos para acordar una frase que después cada país puede interpretar a su manera, cabe preguntarse si ese asunto requería realmente la intervención de los jefes de Estado y semejante esfuerzo. 

Más grave todavía es lo ocurrido con Cuba. La declaración rechaza las medidas coercitivas contrarias al Derecho Internacional que dificultan el desarrollo, una referencia que se interpretó como orientada a cuestionar el embargo estadounidense. Pero no menciona una sola vez a Cuba. Tampoco habla de sus presos políticos, de la represión, de la ausencia de elecciones libres ni de las restricciones a la libertad de expresión y asociación. 

Es legítimo cuestionar el embargo. También cabe preguntarse si era necesario volver a tratarlo en esta Cumbre apenas unos días después de que la Asamblea General de Naciones Unidas lo debatiera por trigésimo cuarta vez. Lo que resulta difícil de aceptar es que una comunidad fundada sobre el compromiso con la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales encuentre una fórmula para hablar de las medidas que afectan al Estado cubano, pero ninguna para referirse a los derechos que ese Estado niega a sus ciudadanos. 

Ese silencio resulta aún más llamativo al escuchar algunos de los discursos. Milei recordó precisamente que la Conferencia Iberoamericana nació en 1991 sobre un compromiso con la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. También afirmó que en la región existen gobiernos que invocan esos derechos mientras encarcelan a disidentes y silencian a la prensa. No mencionó a Cuba, Nicaragua o Venezuela, pero tampoco era necesario hacerlo para saber de quién hablaba. 

No todo lo que dijo Milei posee, sin embargo, el mismo carácter. Su equiparación entre socialismo y fascismo puede ser una interpretación histórica e ideológica discutible. Pero su denuncia de los regímenes que encarcelan opositores, controlan los medios y utilizan el Estado como instrumento de dominación describe realidades comprobables en varios países iberoamericanos. También fue pertinente su exigencia de que cada organismo multilateral justifique los recursos que recibe y evite la superposición de funciones. 

Quizás eso explique parte de la crispación que produjo su intervención. Milei introdujo en una reunión dominada por el lenguaje diplomático una discusión que muchos preferían evitar: para qué sirven estas instituciones y qué resultados concretos ofrecen a cambio de los recursos que consumen.  

Las cumbres internacionales no son inútiles por definición. Pueden facilitar contactos, evitar conflictos y sostener espacios de cooperación cuando las relaciones bilaterales se deterioran. Pero conservar un foro solamente porque existe desde hace 30 años no es suficiente. Tampoco lo es aprobar documentos tan flexibles que todos puedan firmarlos sin modificar ninguna de sus políticas. 

Madrid demostró que la comunidad iberoamericana todavía puede reunirse. No demostró que sepa para qué. Después de dos años de preparativos, miles de funcionarios movilizados y un costoso despliegue institucional, los gobiernos ni siquiera consiguieron respaldar íntegramente cuatro páginas de generalidades. Y cuando llegó el momento de hablar de los derechos humanos de los cubanos, el silencio volvió a ser el acuerdo más sólido de todos.