En el lapso de tres semanas, Delcy Rodríguez, designada presidenta encargada de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, ha ocupado dos de los foros de mayor visibilidad del sistema de Naciones Unidas.
Para observadores, estas apariciones no son meros actos protocolares. Funcionan como mecanismos de normalización, "blanqueamiento", de un gobierno que no deriva de un mandato popular obtenido en elecciones libres y competitivas.
El 23 de septiembre Delcy Rodríguez habló ante la Asamblea General en Nueva York. Agradeció la disposición de Donald Trump al diálogo, anunció que "habrá elecciones" sin fijar fecha y describió un proceso de "transformación ordenado, institucional y verificable". El 12 de octubre, en la sede de la FAO en Roma, durante el Foro Mundial de la Alimentación, presentó el plan "Venezuela Alimenta" y prometió "hambre cero", mientras citaba reducciones en la prevalencia de subalimentación.
En los márgenes de ambos encuentros sostuvo conversaciones con el secretario general António Guterres, con el director general de la FAO Qu Dongyu y, en Nueva York, con el propio presidente Trump, así como con las cabezas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros mandatarios.
El paralelo con la Cuba de los años 60 y 70 resulta pertinente, aunque no es idéntico, obviamente. Los momentos históricos son diferentes. En septiembre de 1960 Fidel Castro pronunció en la misma Asamblea General un discurso de más de cuatro horas que se convirtió en símbolo de la confrontación bipolar. La organización, en pleno proceso de descolonización y bajo la lógica de la Guerra Fría, ofreció a un régimen revolucionario que consolidaba un sistema de partido único una tribuna desde la cual denunciar el "imperialismo" y reivindicar la soberanía.
Décadas de resoluciones sobre el embargo estadounidense y de participación en organismos especializados contribuyeron a asentar la presencia internacional del castrismo, independientemente de la ausencia de alternancia democrática. Se normalizó su presencia en los foros internacionales. La ONU fue ese espacio para la dictadura de Cuba y para otros regímenes autoritarios que aprovecharon esa ventana de oportunidad.
En el caso venezolano el mecanismo se repite, pero el impulso proviene de otra fuente. No es la bipolaridad de la Guerra Fría la que abre las puertas, sino una realineación pragmática liderada por EEUU. Washington, que capturó a Maduro y lo procesa en Nueva York, ha optado por tratar con su antigua vicepresidenta ejecutiva —cargo que ocupó desde 2018— como interlocutora para la estabilidad energética, la devolución continua de migrantes y cambios institucionales graduales.
Al recibirla y ofrecerle podio, sin condicionar su acceso a una legitimidad electoral verificada, la ONU facilita ese proceso de blanqueo para el régimen de Delcy Rodríguez.
La contradicción es interna al sistema multilateral. El mismo Consejo de Derechos Humanos de Ginebra que, en octubre de 2026, renovó hasta 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (con 25 votos a favor) documenta la persistencia del aparato represivo.
La Misión registró al menos 17 nuevas detenciones arbitrarias en los primeros ocho meses de 2026, 64 casos de tortura posteriores a la captura de Maduro, prácticas degradantes en instalaciones militares y la continuidad de colectivos armados vinculados al Estado. Entre 379 y 500 personas permanecen detenidas por motivos políticos, según organizaciones de la sociedad civil. Figuras previamente señaladas por responsabilidad en abusos siguen en cargos públicos. Mientras Ginebra documenta estos patrones, Nueva York y Roma ofrecen a Rodríguez el atril para proyectar una narrativa de "renacer".
El contraste se reproduce también en el terreno humanitario. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), agencia de la ONU, ha operado en Venezuela durante años registrando una crisis crónica. Antes de los terremotos del 24 de junio de 2026 (magnitudes 7,2 y 7,5), el Humanitarian Needs Overview estimaba más de cinco millones de personas que requerían asistencia alimentaria urgente. En 2025 el PMA asistió a unos 760.000 beneficiarios.
Tal crisis se consolidó mientras Delcy Rodríguez era un tótem del poder en Caracas, ahora en Roma ella habla al público internacional como si no tuviese responsabilidad alguna e insiste en achacar a las sanciones de EEUU (pero sin mencionar al ahora país aliado) la responsabilidad del default social venezolano.
El principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU y utilizado históricamente contra el colonialismo, adquiere aquí un nuevo sentido. En Cuba no se conocen elecciones libres y competitivas desde el triunfo revolucionario. En Venezuela, la permanencia de Rodríguez en el poder está anclada en el desconocimiento de los resultados de las elecciones de 2024, cuando Maduro no reconoció las actas que la oposición y observadores independientes señalaron como favorables a Edmundo González, mientras ella ocupaba la vicepresidencia y el aparato represivo reprimía las protestas.
La escritora y activista venezolana Naky Soto ha popularizado el término "inelecta" para describirla: no fue elegida por el voto popular y su designación no restablece la soberanía del pueblo. En sus intervenciones y en redes, Soto sostiene que el juramento de Rodríguez no marca el fin del régimen ni el inicio de una transición real, sino la continuidad del chavismo con nuevos interlocutores externos.
Por otro lado, no todos los estados aceptan el blanqueamiento. El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, ha sido explícito. En enero de 2026, tras la captura de Maduro, declaró que su país no reconocía a Rodríguez "como tampoco lo hacía con Nicolás Maduro", porque "son parte de la misma realidad" y "no fue elegido democráticamente".
Este lunes 12 de octubre, en entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, ratificó que Uruguay no reanudará relaciones plenas mientras ella gobierne: "Nada ha cambiado. Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente… y de ese presidente surge otra tan ilegítima como él". Solo reconocerá al ganador de unos comicios verificados por un tribunal independiente.
La historia de Cuba muestra que la presencia reiterada en la ONU puede consolidar a largo plazo la percepción de normalidad de regímenes no democráticos, incluso cuando sus mecanismos internos niegan la autodeterminación efectiva. La contradicción persiste: la misma organización que documenta torturas, detenciones arbitrarias y crisis alimentaria otorga la tribuna a quien encabeza la continuidad del sistema de gobierno que los generó.
