La muerte de José Ricardo "Pepe" Breijo, un septuagenario de origen uruguayo nacionalizado venezolano, no es solo el cierre de un expediente judicial. Es el retrato condensado de cómo la caída de Nicolás Maduro en Venezuela no ha significado el fin de la privación arbitraria de libertad ni el pleno respeto a los derechos humanos.
A sus 71 años, Breijo falleció este 6 de agosto en un hospital de Caracas, enfermo mientras cumplía arresto domiciliario, sin haber recuperado nunca la libertad plena que la cacareada Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2026, le negó hasta el último aliento.
Para activistas de derechos humanos, su caso ilustra la crueldad residual del madurismo y, al mismo tiempo, la ausencia de justicia real en la Venezuela bajo la égida de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Breijo llegó a Venezuela en 1979, se casó con una venezolana y construyó una vida ordinaria en Caracas. A finales de 2023 fue detenido después de fotografiar una bandera con inscripciones en árabe en un local comercial de la capital, en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás. Las autoridades lo imputaron por presuntos actos de terrorismo. Organizaciones de derechos humanos y su entorno calificaron la detención de arbitraria desde el primer momento.
Este hombre tranquilo, como le describieron sus vecinos, pasó más de dos años y medio en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, catalogado como un penal de alta seguridad. Entró pesando 120 kilos y salió con 62. Sufrió, según denuncias reiteradas, tratos crueles e inhumanos que le dejaron secuelas graves: un edema pulmonar bilateral y un derrame pleural que deterioraron de forma irreversible su salud.
El 26 de mayo de 2026, en el marco de la Ley de Amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, le fue otorgada la medida de casa por cárcel. Al regresar a su apartamento en el sector de Bello Monte, en el sureste de Caracas, descubrió estupefacto que el inmueble estaba ocupado por un funcionario policial del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) que, según testimonios, había participado en su captura de 2023.
Obligado por un tribunal a no abandonar el lugar para cumplir la medida cautelar, Breijo durmió varios días sobre un colchón colocado en el pasillo del edificio. "Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Soy un anciano trabajador, no un terrorista", declaró entonces.
Tras una ola de denuncias públicas impulsadas por vecinos y por el activista y periodista Carlos Julio Rojas, el funcionario fue desalojado. El apartamento le fue devuelto, pero completamente vacío: sin muebles, sin objetos personales, sin rastro de la vida que había construido allí durante más de dos décadas. Poco después debió ser hospitalizado durante 19 días por el severo cuadro respiratorio. Recibió el alta a mediados de junio y regresó a la residencia para continuar bajo supervisión médica y judicial. Sus abogados, Eduardo Torres y Erick Camargo, solicitaron al Tribunal contra el Terrorismo la libertad plena. La petición nunca prosperó. Breijo murió sin ser completamente libre y sin haber recuperado su libertad plena.
El activista Rojas, quien lo acompañó hasta el final y lo llamó "hermano de vida", responsabilizó directamente a las autoridades: "La dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez le negó hasta su último aliento la anhelada libertad".
La reconocida ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) subrayó que Breijo murió "bajo medidas coercitivas y con secuelas de salud que reflejan el devastador costo humano de la privación de libertad y los procesos injustos".
El caso de Breijo no es aislado. Un día antes de la muerte de este ciudadano de origen uruguayo, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de Emirlendris Benítez, comerciante detenida de forma arbitraria desde 2018 —ocho años— por su presunta vinculación con un supuesto atentado con drones contra Maduro.
Amnistía Internacional ha recordado que esta mujer fue torturada en la Dirección General de ContraInteligencia Militar (DGCIM) mientras estaba embarazada, perdió el embarazo y hoy usa silla de ruedas de forma permanente por las secuelas, pese a tener apenas 45 años. La organización responsabilizó al régimen de los daños irreparables a su integridad y salud.
El drama de los presos políticos está lejos de resolverse en Venezuela, aunque el foco informativo y noticioso ha estado acaparado por los terremotos y sus secuelas. En julio pasado, Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba 565 personas privadas de libertad por razones políticas: 490 hombres y 75 mujeres. Entre ellas, 48 padecían enfermedades graves sin atención médica adecuada, 19 eran adultos mayores y 19 permanecían en situación de desaparición forzada.
La emergencia humanitaria relegó a un segundo plano lo que había sido el tema central de los primeros meses de la Venezuela post-Maduro: la liberación de los presos políticos.
Los Rodríguez iniciaron su era en el poder con la promesa de libertad que se formuló apenas días después de la caída de Maduro. El 8 de enero de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, anunció la excarcelación de "un número importante" de presos políticos como gesto de reconciliación. Hubo liberaciones parciales —Foro Penal verificó cientos a lo largo del año—, se aprobó una Ley de Amnistía y se habló de reparar errores. Sin embargo, la promesa no se cumplió cabalmente.
Familias de presos, en su mayoría mujeres —madres, hermanas, esposas—, mantienen vigilia permanente desde aquel anuncio. Ayer cumplían 208 días frente a El Rodeo I y otros centros de detención, con carpas, velas y pancartas, exigiendo libertad plena e inmediata. "Después de 200 días, las familias seguimos aquí porque cada vida importa", declararon. Ni siquiera porque un grupo de familiares pernotan en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el tema ha recuperado relevancia en la agenda venezolana.
En medio del duelo que embarga a otros ex presos políticos, activistas de derechos humanos han recalcado que el caso de Pepe Breijo resume la distancia entre el discurso de apertura política que intentan dar los Rodríguez y la realidad.
Detenido arbitrariamente por una fotografía, convertido en preso político, sometido a condiciones que destruyeron su salud, despojado de su hogar y de sus pertenencias, y finalmente muerto sin recuperar la libertad plena. Simboliza la crueldad del aparato represivo madurista y la persistente ausencia de justicia en la Venezuela gobernada por los Rodríguez.
Mientras las cifras de detenidos políticos se mantienen elevadas y las familias cumplen más de 200 días de vigilia, la muerte de este septuagenario uruguayo-venezolano recuerda que, sin verdad, reparación y libertad plena, la reconciliación anunciada tanto en Caracas como en Washington, sencillamente sigue incompleta.
