Un mes después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, el panorama que emerge es el de una catástrofe cuyas heridas humanas y materiales continúan abiertas, mientras el Gobierno que dirige Delcy Rodríguez prioriza el control político y la lealtad militar por encima de una respuesta transparente y eficaz.
Las cifras oficiales hablan de más de 5.000 muertos y cerca de 17.000 heridos, pero las autoridades se resisten a reconocer la magnitud real de los desaparecidos, estimados por una plataforma ciudadana en cerca de 29.500 personas. Mientras tanto, miles de supervivientes que lo perdieron todo viven en la incertidumbre, entre carpas improvisadas y promesas verbales de reconstrucción que carecen de planes técnicos y presupuestarios concretos.
El Banco Mundial cuantificó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los sismos. El 47% de esa cifra —unos 9.300 millones— corresponde a viviendas destruidas o gravemente afectadas; el 27% —5.200 millones— a infraestructura pública; y el 26% restante —cerca de 5.000 millones— a edificios no residenciales.
Según el organismo (al cual Venezuela regresó tras la caída de Nicolás Maduro en enero pasado), si la reconstrucción depende únicamente de la reasignación de recursos existentes, sin un aumento significativo de la inversión pública y privada, las obras podrían quedar incompletas durante una década, con efectos negativos sobre el Producto Interno Bruto y el consumo hasta 2036.
A estas proyecciones se suma una realidad dura para muchos venezolanos. La ONG Médicos Sin Fronteras documentó que unas 6.000 personas continúan acampadas en la calle en La Guaira y Caracas, sin refugio adecuado ni acceso a servicios básicos.
Aunque las autoridades del Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez reportan algo más de 23.000 personas alojadas en 107 campamentos transitorios, la organización califica la situación de "crisis compleja y prolongada". Las necesidades urgentes incluyen agua potable, refugio digno, atención en salud mental y protección.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja coincidió en que "este desastre está lejos de haber terminado". La directora regional para América, Loyce Pace, subrayó la necesidad de seguir distribuyendo artículos esenciales, proteger la salud pública y recuperar los medios de vida a mediano plazo en Venezuela.
A un mes de los dos sismos prosiguen las labores de búsqueda entre los escombros, y continúan a menudo con métodos rudimentarios, el tratamiento de los restos humanos revela deficiencias graves. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), una de las ONG emblemáticas del país, exigió el cumplimiento de protocolos internacionales para la identificación de las víctimas.
La organización, con experiencia en exhumaciones masivas desde el Caracazo de 1989 y el deslave de Vargas de 1999, advirtió sobre prácticas incompatibles con los estándares de derechos humanos: uso de maquinaria pesada sin supervisión arqueológica, mezcla de restos, omisión de registros fotográficos y topográficos, entierros colectivos sin identificación y exclusión de los familiares.
Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC, enfatizó que "la identificación no es solo un proceso administrativo o forense, sino un proceso de derechos humanos. La dignidad, la verdad y la justicia deben ser transversales". Venezuela ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso de fosas comunes e inhumaciones sin identificación. Las autoridades han convocado a pruebas de ADN voluntarias en morgues temporales, pero la lentitud y la falta de información oficial generan desconfianza.
El Gobierno de Delcy Rodríguez evita sistemáticamente hablar de los desaparecidos. Mientras el balance oficial se limita a los muertos certificados, la iniciativa ciudadana "Desaparecidos del Terremoto de Venezuela" mantiene un registro de 29.483 personas sin localizar.
La opacidad oficial en este punto es coherente con casi tres décadas de deterioro institucional. Tampoco hay transparencia en la recepción de donaciones extranjeras y su destino. Durante un mes ha habido información casi a diario sobre donaciones de diverso tipo de múltiples países y organizaciones que se destinan a atender la emergencia en Venezuela. Sin embargo, no existe un banco de data público sobre lo recibido y a cuáles entidades o lugares fue destinado. Ha sido un mes de opacidad en Venezuela, bajo el pretexto de la emergencia.
En el ámbito de la reconstrucción, las autoridades han anunciado verbalmente la construcción de miles de viviendas —algunas versiones hablan de 25.000 en el corto y mediano plazo—, pero no han presentado planes concretos con detalles técnicos, estudios de suelos, densidades poblacionales, tipologías constructivas ni presupuestos desglosados.
Arquitectos y urbanistas advierten que la prisa puede aumentar la vulnerabilidad. José Humberto Gómez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Andrés Bello, insistió en la necesidad de estudios rigurosos de suelos, revisión de normas sísmicas y un enfoque multidisciplinario que reserve las zonas de alto riesgo para espacios públicos.
Gómez recordó que el sismo de junio combinó suelos aluviales incompetentes con torres de gran altura, generando una "tormenta perfecta". La reconstrucción apresurada, sin aprendizaje de los errores —algunas edificaciones bien construidas colapsaron mientras otras resistieron—, podría reproducir las mismas fallas, advierten este y otros expertos desde la academia.
A un mes de los dos terremotos tampoco se han abierto investigaciones serias sobre denuncias de robo de ayuda humanitaria o de pertenencias de las víctimas. La solidaridad ciudadana —vecinos, iglesias, organizaciones civiles, periodistas y voluntarios— ha cubierto en gran medida el vacío dejado por el Estado, enviando alimentos, medicinas, agua y equipos de rescate. Edmundo González, líder opositor exiliado, lo resumió con claridad: "La solidaridad de los venezolanos no puede encubrir la orfandad institucional".
En este contexto de crisis humanitaria, Delcy Rodríguez ha optado por reforzar una estrategia de cuadro cerrado con las Fuerzas Armadas. Este 24 de julio, exactamente un mes después de los sismos, el Gobierno anunció un nuevo aumento del generalato, ya excesivo desde los tiempos de Nicolás Maduro. Venezuela mantiene una de las ratios más altas de oficiales de alto rango por tropa en la región, con numerosos generales sin unidades asignadas.
Esta decisión, en plena emergencia, ilustra las prioridades del poder: consolidar lealtades militares antes que destinar recursos y atención a la identificación de desaparecidos, la investigación de irregularidades en la ayuda o la elaboración de un plan de reconstrucción creíble.
La respuesta oficial se ha caracterizado por anuncios grandilocuentes y una gestión opaca. Mientras organizaciones internacionales advierten que el desastre está lejos de concluir y que la recuperación de los medios de vida tomará años, el chavismo en el poder parece más ocupado en preservar el control político que en ofrecer certezas a las familias que aún buscan a sus seres queridos entre los escombros o viven a la intemperie.
